El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) confirmó que «el número de menores asesinados en la Franja de Gaza, a manos de las fuerzas de ocupación israelí ascendió a 351 niños, niñas y adolescentes desde la proclamación del alto el fuego el 11 de octubre de 2025».  

La información fue dada a conocer este jueves 21 de octubre por el director regional del organismo para Oriente Medio y el Norte de África, Edouard Beigbeder, donde ratifica la cifra tras certificar que «en los últimos 6 días se registraron 8 muertes adicionales y 20 menores heridos» por la persistencia de las acciones militares en el territorio. 

“Gaza’s children are trying to recover their childhoods, to find some routine and stability in their young lives, which for too many have again been cut short. A ceasefire that does not protect children has failed them.” – @UNICEFmena’s Edouard Beigbeder Full statement: https://t.co/n3DUgLzqps

— UNICEF (@UNICEF) October 22, 2026

La UNICEF exigió con firmeza a las autoridades israelíes garantizar «una rendición de cuentas transparente y rigurosa sobre cada deceso o lesión que cause discapacidades permanentes» a la población infantil y adolescente del enclave costero palestino.

El organismo instó a «la adopción inmediata de medidas eficaces para evitar la violencia y aplicar de forma estricta el principio de distinción» otorgado por el derecho internacional humanitario. El organismo advirtió que «la recuperación física y psicológica de los sobrevivientes enfrenta trabas insuperables debido al colapso sistemático de la infraestructura sanitaria». 

Las evaluaciones técnicas de la agencia señalan que «aproximadamente 800.000 menores permanecen en situación de desplazamiento forzado», mientras estima que «otros 60.000 han perdido a uno o a ambos progenitores» durante la guerra o tras la declaración de la tregua. La crisis humanitaria se agrava por «la desnutrición aguda, los brotes epidémicos, la falta de agua potable y el deterioro de los sistemas de saneamiento» en los campamentos de refugiados. 

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En este contexto, una comisión de investigación de las Naciones Unidas acusó a las fuerzas de seguridad de la ocupación de «tomar como objetivo deliberado a la infancia palestina», tipificando esta conducta como «un factor central en la comisión de delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra» en la Franja de Gaza. 

Beigbeder declaró enfáticamente: «Un alto el fuego que deja un promedio de un niño muerto cada día está fallando a la infancia». El portavoz añadió que «este nivel de violencia contra los niños es inaceptable», advirtiendo que «la población infantil habita en un tercio del territorio gazatí entre ruinas, escombros y acumulación de desperdicios sin acceso a servicios básicos». 

El organismo remarcó «la urgencia de traducir los acuerdos diplomáticos en acciones concretas sobre el terreno». Frente a este escenario, la organización exige garantizar «el ingreso masivo de convoyes con ayuda humanitaria, insumos médicos y equipos de rescate» destinados a aliviar el sufrimiento de las familias atrapadas en los distritos devastados por los bombardeos continuos. 

La escalada del conflicto en la Franja de Gaza ha provocado una devastación estructural sin precedentes que afecta principalmente a la población civil y a los sectores más vulnerables de la sociedad palestina desde el inicio de las operaciones bélicas el 7 de octubre de 2023.  

Pese a los anuncios de tregua y las gestiones diplomáticas internacionales para establecer corredores humanitarios, la intensidad de los ataques «ha impedido la estabilización de los servicios esenciales de salud, agua y saneamiento básico». 

La destrucción de hospitales, escuelas e infraestructura urbana ha dejado a miles de familias en un estado de desamparo prolongado, obligando a «desplazamientos masivos internos hacia zonas que carecen de las condiciones mínimas para la supervivencia».  

En este entorno de hostilidad permanente, los organismos internacionales han denunciado reiteradamente «las dificultades extremas para distribuir alimentos e insumos médicos», lo que acelera el deterioro nutricional infantil y multiplica el riesgo de epidemias masivas. La falta de garantías de seguridad para el personal de rescate «frena cualquier proceso de rendición de cuentas institucional». 

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