El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes la eliminación de los límites a las emisiones de efecto invernadero en las centrales generadoras de electricidad que queman carbón o gas, exponiendo a la población a graves riesgos sanitarios, disparando enfermedades respiratorias, acelerando el calentamiento global y desprotegiendo a los sectores más vulnerables.

El anuncio fue realizado por el director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, durante la reunión de responsables de Energía del G20 en Houston (Texas), bajo la justificación de generar ahorros para los hogares.

Esta decisión gubernamental se alinea con una serie de políticas que reflejan el abierto negacionismo climático de la actual Administración y de sus colaboradores más cercanos.

Lejos de ser un simple ajuste administrativo, el Ejecutivo estadounidense también presentó una propuesta para revocar por completo la capacidad de la EPA de regular las emisiones de las plantas eléctricas bajo la Ley del Aire Limpio de 1970, un movimiento con el que busca respaldar la revitalización de la minería del carbón, cuya producción prevé multiplicar por más de diez.

El mayor peligro de esta medida anunciada desde Washington recae de forma directa sobre la salud pública. Al despojar a la EPA de sus facultades de control, el Gobierno exime de responsabilidades a los mayores contaminadores industriales del país, pasando por alto que las centrales eléctricas constituyen la segunda mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, solo por detrás del sector del transporte.

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Especialistas y exfuncionarios federales han advertido que dar luz verde a una mayor contaminación provocará un repunte inevitable en enfermedades respiratorias severas y patologías cardiovasculares.

Las consecuencias de este retroceso regulatorio golpearán con mayor dureza a los sectores más vulnerables de la población, hipotecando la calidad del aire y el bienestar de las futuras generaciones.

En el plano ambiental, la política impulsada por la Casa Blanca amenaza con acelerar el calentamiento global y profundizar la degradación de los ecosistemas locales mediante la reactivación masiva del sector carbonífero.

Al rechazar el consenso científico sobre el cambio climático, calificado por el propio mandatario como una «estafa verde», el Ejecutivo estadounidense opta por ignorar los compromisos climáticos internacionales y la urgencia de transicionar hacia energías limpias.

Para defender la medida, el Gobierno de Trump ha argumentado que estas acciones permitirán aliviar el bolsillo de los consumidores frente a la subida de los costos de los combustibles derivada de la guerra de Irán.

No obstante, diversas voces críticas señalan que este supuesto alivio financiero es una ilusión a corto plazo, ya que los costos reales terminarán pagándose a través de un incremento exponencial en gastos médicos, hospitalizaciones y daños ecológicos irreversibles.

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