Un tribunal en La Paz otorgó este lunes la detención domiciliaria al excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, principal acusado por el alzamiento armado del 26 de junio de 2024 en contra del Gobierno de Luis Arce, en la misma jornada en que comenzó el juicio oral en su contra tras permanecer dos años en prisión preventiva.

«Se ha determinado otorgar la libertad al señor Juan José Zúñiga, mediante la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva», indicó el abogado defensor del exjefe militar, Eduardo León.

El jurista explicó que la disposición debe cumplirse en las próximas 72 horas y que, mientras se completan los trámites, Zúñiga será trasladado al penal de San Pedro en La Paz.

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El exgeneral permanecía detenido en el penal de El Abra, en Cochabamba, desde su captura en 2024.

León precisó que su defendido «va a estar en La Paz» y «va a trasladar a su familia» a esa ciudad para «estar en todas las incidencias del juicio oral» que se instaló en la sede del Gobierno y el Legislativo y que continuará el martes, «Ahora podrá tener libertad», afirmó el jurista.

La defensa deberá cumplir requisitos que incluyen la detención domiciliaria, el registro ante el Ministerio Público y el pago de una fianza.

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Zúñiga fue trasladado esta madrugada en avión desde Cochabamba hasta La Paz para el inicio del proceso, que entró en receso tras recibir una de las 21 declaraciones previstas en esta etapa.

Zúñiga nació en la región de Potosí y se graduó como oficial del Ejército en 1990, ocupando el puesto 48 entre 65 cadetes.

Fue ascendido por el entonces presidente Luis Arce como comandante general del Ejército en 2022 y ratificado en enero de 2024. También se desempeñó como jefe del Estado Mayor y cumplió funciones en labores de inteligencia militar.

Sin embargo, su carrera albergó antecedentes judiciales.

En 2013, Zúñiga fue acusado por desviar fondos públicos cuando estaba al mando de un regimiento de infantería. Un suboficial denunció el desvío de 2,7 millones de bolivianos (unos 400.000 dólares), dinero destinado a financiar pensiones y bonos para soldados y escolares. Por este hecho, recibió en un juicio militar un castigo de siete días de arresto.

Tensión con Evo Morales

El expresidente Evo Morales ya había señalado a Zúñiga en 2022 de «perseguirlo» y de ser parte de un grupo del Ejército que mantenía una «persecución permanente» en su contra. En aquel momento, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) afirmó que Zúñiga era capaz de «montar pruebas» en su contra.

La confrontación escaló en junio de 2024, cuando Zúñiga amenazó al expresidente en declaraciones a un medio boliviano, «Legalmente Evo Morales está inhabilitado», declaró, y añadió, «El Ejército y las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar y cumplir la Constitución, ese señor (Morales) no puede volver a ser presidente del país», expresó.

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Morales respondió con una publicación en redes sociales en la que señaló que «ese tipo de amenazas hechas por el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, nunca se dieron en democracia (…) se comprobará que lo que en verdad están organizando es un autogolpe».

El vínculo con Arce y la sombra del autogolpe

En las horas previas a la asonada militar, circularon fotografías de Zúñiga jugando baloncesto junto al presidente Luis Arce. Tras su captura, el exmilitar acusó a Arce de haber planeado la acción militar para «levantar su popularidad» y afirmó que recibió la orden de sacar «los blindados». La supuesta conversación se habría producido después de un partido de baloncesto el domingo previo a los hechos.

Durante la operación del 26 de junio de 2024, cuando los militares bajo su mando derribaron con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno en La Paz y tomaron la plaza Murillo por unas horas,

Zúñiga declaró que su intención era «cambiar el gabinete de Gobierno» y «restablecer la democracia» en Bolivia.

Las últimas palabras que le dirigió a Arce durante el breve enfrentamiento en la sede de Gobierno fueron, «No puede ser el desprecio».

Arce destituyó a Zúñiga ese mismo día y, pocas horas después, el exjefe militar fue detenido y encarcelado. La Fiscalía le imputó los delitos de «terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes».

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