Ecuador registra 4.154 homicidios intencionales entre enero y junio de 2026, lo que confirma que la violencia armada sigue marcando la agenda de seguridad en el país. Aunque la cifra supone una reducción de 10,8 por ciento frente al mismo período de 2025, el promedio de 23 muertes violentas por día mantiene al país sudamericano en niveles críticos.

La evidencia oficial y los testimonios coinciden en que el tráfico de armas dejó de ser un factor accesorio para convertirse en un eje de la violencia letal. Christian Gallo, coordinador nacional del proyecto Fortaleciendo Capacidades del sistema de justicia del Ecuador para el Departamento de Seguridad Pública de la OEA, sostuvo que la relación entre armas y homicidios es directa.

“Si nosotros decimos que la cifra está entre el 80 y el 90% de los homicidios que han sido cometidos por arma de fuego, nos revela que el delito de tráfico de armas no es una cuestión ni una causa periférica, sino al contrario, se trata de un factor estructural dentro del ámbito de violencia letal”, expresó Gallo.

Por su parte, la doctora Carla Álvarez, experta en seguridad, complementó ese diagnóstico al situar a Ecuador dentro de una tendencia regional de violencia con armas de fuego. Según su lectura, en América Latina entre el 67% y el 75% de las muertes ocurren por arma de fuego, mientras que en Ecuador esa proporción bordea el 90%.

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“En el mundo, el 45% aproximadamente de los muertos perdieron la vida con un arma de fuego. En América Latina, el porcentaje varía entre el 67% y el 75%. En Ecuador esa violencia es aún mayor y bordea casi el 90% de las muertes violentas. Eso quiere decir que nueve de cada 10 personas fallecen por un disparo”, detalla Álvarez.

Crisis de seguridad

La crisis de seguridad ecuatoriana se produce por varios factores estructurales como pobreza, menor asignación de políticas públicas para equidad y oportunidades, avance del crimen transnacional y circulación de armamento ilegal. En ese marco, las armas de fuego amplifican la capacidad de las bandas para disputar territorio, imponer control y desafiar al Estado.

Gallo explicó que el aumento del poder de fuego cambió la naturaleza del conflicto criminal en la última década. “Las armas de fuego multiplican la capacidad letal de la disputa que vivimos aproximadamente desde el año 2020, luego de la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue líder de la banda criminal Los Choneros. Fue asesinado a tiros dentro de un centro comercial el 28 de diciembre de 2020”, precisó.

Entretanto, la Policía Nacional atribuye la escalada a la disputa territorial entre Los Lobos, Los Choneros y la facción disidente Saobox, que buscan controlar rutas estratégicas para el tráfico de cocaína, armas y explosivos a través de Puerto Bolívar y de la frontera con Perú. El patrón incluye homicidios múltiples, ataques con explosivos y cuerpos desmembrados.

Lectura regional

La experta Carla Álvarez introduce el contexto geopolítico de la crisis al afirmar que el abastecimiento de armas combina fronteras vulnerables con armamento industrial e internacional. “Cuando se han hecho los rastreos del origen de las armas, los estudios muestran que 90% de las armas de fuego son originarias Estados Unidos”, revela la docente investigadora.

Álvarez llamó a ese flujo masivo de armas hacia América Latina un “río de acero” debido a que de esa manera se fortalece a las bandas, eleva su poder de fuego y facilita la expansión de otros negocios violentos. En paralelo, la persistencia del tráfico de armas refuerza la lectura de que la violencia en Ecuador es parte de un problema regional.

Entretanto, en una entrevista el expresidente ecuatoriano Rafael Correa vinculó la inseguridad con factores internacionales y con la expansión de carteles mexicanos hacia el sur. Además, atribuyó parte del deterioro institucional al desmantelamiento de organismos de seguridad y justicia en administraciones posteriores.

“ … el expresidente Lenin Moreno comenzó a destruir todo lo que hizo Revolución Ciudadana. Entre otras cosas, destruyó el Ministerio que coordinaba la seguridad y coordinaba con Colombia, de donde viene la droga”… “También el de Justicia, que controlaba las cárceles y las dejó en manos de los delincuentes, y el del Interior, que controlaba la Policía y seguridad ciudadana. Hoy la Policía volvió a ser mendiga e infiltrada”, aseveró Correa.

Estado de excepción

En este escenario el gobierno de Daniel Noboa, que en enero de 2024 decretó por primera vez la existencia de un conflicto armado interno tras la toma armada del canal TC Televisión, ahora en el mes de junio de 2026 volvió a declarar un nuevo conflicto armado interno, con medidas que autorizan la intervención directa de fuerzas armadas extranjeras.

Según el texto, el Decreto Ejecutivo No. 424 habilita esa figura de “intervención por invitación” y otorga inmunidad a militares, policías y civiles que participen en operaciones contra el crimen organizado. La fuente plantea que la violencia también funciona como telón de fondo para justificar decisiones excepcionales y mantener abierto el debate sobre seguridad.

Gallo advirtió que el fenómeno no puede explicarse solo por la presencia de armas, sino por la mutación de las bandas hacia formas de gobernanza informal. “Esta mutación se traduce en la imposición de dinámicas de gobernanza informal que desafían la soberanía del Estado, ya que sin armas las bandas pueden disputar mercados, pero con armas en realidad lo que imponen es control territorial, asesinatos selectivos y desafiar al Estado”, afirmó.

Desplazamiento interno

En paralelo, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) incluyó a Ecuador por primera vez en su informe anual sobre las diez crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo. La organización advirtió que la violencia del crimen organizado ha generado una emergencia silenciosa que obliga a miles de personas a salir de sus barrios.

De acuerdo con el informe citado, en 2025 más de 100.000 personas abandonaron sus hogares en Ecuador por amenazas, extorsiones y presiones de grupos criminales. El texto señala que el desplazamiento interno no responde únicamente a enfrentamientos armados, sino también a violencia urbana que destruye comunidades enteras.

El NRC indica además que los grupos delictivos usan referencias cotidianas, como canchas, viviendas y negocios, para delimitar territorios, mientras que WhatsApp se convierte en un canal de amenazas y exigencias económicas. También alerta sobre el reclutamiento de menores en espacios educativos y sobre el subregistro, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza institucional.

Contexto político

Correa señaló que desde 2017 los grupos delictivos han crecido e infiltrado instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio de Justicia, el sistema carcelario y el Gobierno de Guillermo Lasso. También afirmó que en 2009 Ecuador llevó adelante un proceso de pacificación de pandillas urbanas, aunque eso no implicó negociar con el crimen organizado.

La combinación de homicidios, tráfico de armas, crimen organizado y desplazamiento interno confirma que Ecuador enfrenta una crisis de seguridad multidimensional. En tanto, el dato más alarmante no es solo el volumen de asesinatos, sino la persistencia de estructuras criminales que disputan territorio, control social e influencia estatal.

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