La presidenta de México, Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 14 de octubre, un decreto mediante el cual se obliga a las plataformas digitales a retirar todos aquellos contenidos que promuevan la violencia contra niños y adolescentes,

La resolución impone a las plataformas digitales que operan en México la obligación de retirar de manera inmediata toda cuenta o publicación que promueva violencia, abuso, acoso sexual, suicidio o lesiones autoinfligidas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

La disposición, de carácter obligatorio para todas las redes sociales y empresas tecnológicas del país, busca garantizar entornos virtuales seguros para esa población. El Gobierno la presentó como una respuesta a los riesgos que enfrenta la población infantil y juvenil en los entornos digitales, donde la exposición a materiales dañinos crece de manera sostenida.

La medida fue anunciada durante la conferencia matutina de la mandataria y entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de ese momento, las empresas tecnológicas dispondrán de un máximo de 30 días naturales para ajustar sus protocolos, publicar las restricciones de acceso y definir los mecanismos técnicos con los que depurarán los contenidos.

En esta fase inicial no se prevén sanciones directas por incumplimiento. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones vigilará el acatamiento de la disposición.

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El Ejecutivo advirtió que, si las empresas no cumplen, analizará convertir las restricciones en ley e incorporar esquemas punitivos. El decreto apunta de manera específica al material que incita a la violencia, además del acoso, el abuso sexual, la promoción del suicidio y las autolesiones.

Las compañías deberán suprimir tanto las publicaciones como las cuentas que difundan esos contenidos, entre las obligaciones técnicas que las plataformas digitales deberán cumplir figuran los filtros que ordenan el acceso según la edad, los mecanismos para comprobar la identidad de los usuarios y los ajustes de privacidad activados por defecto con el mayor nivel de resguardo para menores.

Las compañías tendrán que notificar formalmente a las instancias de seguridad cuando identifiquen y retiren materiales que representen riesgos graves para la integridad de los menores. Esa coordinación articulará el trabajo con los gabinetes de seguridad y de salud pública para dar seguimiento a cada caso.

Representantes de corporaciones tecnológicas globales participaron en mesas de diálogo con el Ejecutivo federal antes de la firma. En esos encuentros conocieron los alcances de la medida y las exigencias concretas que enfrentarán una vez que la norma cobre vigencia.

El Estado fija las reglas y vigila su aplicación, las plataformas digitales asumen la parte técnica de la implementación y las familias reciben acompañamiento para guiar a los menores en el entorno digital.

En paralelo, el Gobierno pondrá en marcha campañas informativas a través de las secretarías de Educación Pública y de Salud, con mensajes orientados a madres, padres y docentes sobre el consumo consciente de redes sociales y el bienestar emocional, y con el respaldo de recursos como la Línea de la Vida.

Con la publicación pendiente, el plazo de 30 días marcará la prueba inicial de cumplimiento. Las autoridades decidirán, con base en los resultados, si la regulación avanza hacia una ley con sanciones, mientras que la supervisión sobre el acatamiento será permanente.

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