El Senado de Argentina aprobó este viernes la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Pese a críticas de organismos de derechos humanos, la Cámara Alta le dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, aprobándose por 44 votos positivos contra 27 negativos.

Tras la aprobación en Diputados, la iniciativa que establece una escala de castigos —sanciones socioeducativas para delitos menores hasta penas de 15 años de prisión para delitos graves— consiguió su aprobación definitiva y ahora podrá ser promulgada por el Ejecutivo Nacional. Durante la jornada, manifestantes que protestaban contra esta iniciativa y en rechazo a la reforma laboral, fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

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La senadora Alicia Kirchner, cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno ultraderechista y remarcó que “la iniciativa carece de presupuesto suficiente, ignora la salud mental y las adicciones, y desvía la atención del verdadero problema: la pobreza y la ausencia de un Estado presente”.

“Nosotros somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y que hagan una sociedad mejor. Tenemos que actuar con racionalidad y con humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, subrayó la senadora peronista Lucía Corpacci respecto del nuevo régimen penal juvenil.

Especialistas que se oponen a la baja de edad de imputabilidad afirman que se trata de una iniciativa que responde al «punitivismo marketinero», vinculándolo directamente con la última dictadura cívico-militar argentina. “Se vuelve a fijar la edad en 14 años, como en la dictadura”, argumentó Claudia Cesaroni, abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC).

“Se trata de un rejunte del proyecto original del gobierno con las modificaciones que propusieron las fuerzas de la oposición, de manera complaciente o cómplice”, añadió la experta.

Por su parte, la ex Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham refirió que “lo que falta no es castigo, es Estado, estamos discutiendo bajar la edad penal cuando más del 99 por ciento de los chicos no tiene ningún conflicto con la ley”.

Al subrayar que a aquellos que queden detenidos, «se los expone a volver a delinquir», la experta indicó que «bajar la edad de imputabilidad no da más seguridad, es un placebo que engaña a la sociedad”. Añadió que «el riesgo es que los chicos salgan peor de lo que entraron. Si no hay operadores capacitados, equipos técnicos ni dispositivos adecuados, lo único que se logra es mayor reincidencia».

Por su parte, el Centro de Estuidios Legales y Sociales (CELS) refirió que «bajar la edad de punibilidad y agravarles el encierro no resuelven la violencia ni el delito».

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