La organización del convoy humanitario Global Sumud Maghreb denunció este domingo la retención de varios integrantes de la delegación internacional tras cruzar el puesto de control militar 5+5, en el este de Libia, mientras avanzaban en la misión para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

La organización informó que han sido retenidos los argentinos Lucas Ezequiel Aguilera y María Paula Giménez; el uruguayo Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay); la española Alicia Armesto Núñez; los italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia; la portuguesa Ana Margarida França Santana Baptista; el polaco Lauro Kwoczala; Ashraf Khoja, de Túnez, y Jenelle Jones, de Estados Unidos.

En un comunicado difundido en redes sociales, Global Sumud Maghreb exigió «información inmediata sobre su paradero y situación, garantías para su integridad física y la libre circulación del convoy humanitario que se dirige hacia Gaza».

El convoy internacional humanitario había reanudado este domingo su avance en Libia con destino a Sirte. La misión civil, integrada por cientos de participantes de unas 25 naciones, afronta bloqueos internos y la negativa oficial libia para avanzar en su objetivo pacífico, que es entregar asistencia humanitaria de emergencia a la Franja de Gaza.

La caravana está conformada por ambulancias, buses, vehículos de logística y asistencia especializada de carácter neutral.

La directora de Investigación del portal informativo NODAL, María Paula Giménez, que está entre los caravanistas detenidos en Libia, había informado que el convoy cumplía en esta jornada 16 días de travesía en una situación que consideró sumamente crítica.

En Sirte, las autoridades locales negaron la circulación al convoy, exigiendo su retorno tras dos procesos de mediación fallidos a través de la Media Luna Roja Libia. Ante el cierre absoluto de los canales diplomáticos, la organización civil decidió continuar pacíficamente su marcha.

Es una decisión amparada en el derecho internacional humanitario, las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y las Convenciones de Ginebra, instrumentos jurídicos que prohíben obstaculizar misiones civiles de auxilio destinadas a poblaciones asediadas por fuerzas militares extranjeras, como ha sido el caso de Gaza en los últimos años.

Esta semana, parlamentarios, intelectuales y organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, campesinas y de derechos humanos del mundo firmaron una declaración en la que exigen la libre circulación de la Flotilla Global Sumud y del Convoy terrestre Maghreb Global Sumud, así como la seguridad de todas y todos los voluntarios de las misiones, para garantizar que lleguen a Gaza la ayuda humanitaria y el equipo de asistencia profesional necesarios.

El Movimiento Global hacia Gaza, centrado en la situación de la Franja, donde 2.3 millones de personas siguen afrontando a diario genocidio, ataques, bloqueo, hambruna y enfermedad en precarias condiciones humanitarias bajo la ocupación sionista, incluye a unos 10.000 activistas de más de 80 países comprometidos a denunciar, exponer y romper el bloqueo israelí al enclave palestino.

Parte de una articulación internacional, la Global Sumud Flotilla intentó llegar por vía marítima y en dos ocasiones fue violentamente interceptada en aguas internacionales por fuerzas israelíes, que no solo violaron el derecho internacional, sino los derechos humanos de los activistas, quienes han denunciado golpizas, lesiones y fracturas e incluso violencia sexual.

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Paralelamente, el convoy terrestre Maghreb Global Sumud inició su recorrido en Túnez, buscando atravesar Libia y Egipto con el objetivo de llegar al paso de Ráfah e ingresar a territorio palestino.

El Gobierno de Libia del Este está bloqueando la libre circulación del convoy terrestre, con más de 500 voluntarios, entre ellos médicos, profesores, ingenieros, psicólogos y otros especialistas de una treintena de países, incluidos Argentina, China, Indonesia, Pakistán, Italia, España, Portugal, Túnez, Estados Unidos, Polonia, Chile y Uruguay.

En la declaración emitida esta semana, firmada por personalidades de todo el mundo, se recuerda que «impedir el ingreso de alimentos, insumos médicos y equipos de asistencia es una violación flagrante del derecho internacional humanitario, frente a un genocidio en curso, el asedio sostenido y la destrucción de las condiciones materiales de vida de todo un pueblo».

Agrega que «la protección de la población civil no puede quedar subordinada a intereses geopolíticos ni a estrategias de guerra que profundizan el sufrimiento de millones. Su libre tránsito debe ser garantizado sin hostigamientos, amenazas ni ataques de ningún tipo».

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