El Salvador: Movir pide a la Corte Suprema declarar inconstitucional el régimen de excepción
El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) cumple tres años y solicitó a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declarar inconstitucional el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, por considerarlo ilegal y violatorio de derechos humanos.
Miembros de Movir presentan solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional el régimen de excepción en El Salvador. Foto: @prensagrafica
15 de agosto de 2025 Hora: 17:50
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El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) presentó este viernes una solicitud formal ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador para declarar inconstitucional el régimen de excepción.
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La petición se realizó en el marco del tercer aniversario de la fundación de Movir. La organización agrupa a familiares de personas detenidas de forma arbitraria. Movir, creado en agosto de 2022, defiende los derechos humanos y apoya a familiares de detenidos bajo el régimen de excepción.
La solicitud fue entregada por miembros del movimiento, quienes denuncian detenciones sin debido proceso. Samuel Ramírez, fundador y coordinador de Movir, calificó el régimen como “ilegal e inconstitucional”. La organización exige el fin inmediato de esta medida extraordinaria.
Ramírez, líder de Movir, señaló que el régimen de excepción limita garantías constitucionales. “¿Por qué tener un régimen de excepción? Solo los peores dictadores, tienen a la gente sometida con un régimen que limita garantías”, afirmó.
Según el activista, la medida permite capturas sin investigación previa ni pruebas de delitos. Además, denunció que el régimen oculta la verdad sobre los detenidos y las muertes en cárceles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el jueves su preocupación por la prolongación indefinida del régimen de excepción. En un comunicado, instó al Estado salvadoreño a adoptar medidas para su terminación.
La CIDH criticó la aplicación indebida de la medida en casos no relacionados con el crimen organizado. Esta postura refuerza las demandas de Movir y otras organizaciones humanitarias.
El régimen de excepción, prorrogado 41 veces por la Asamblea Legislativa, suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de la correspondencia. También amplía la detención administrativa hasta 15 días.
Aprobado tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana de marzo de 2022, ha resultado en más de 88.750 capturas. Investigaciones de El Faro sugieren que la violencia desencadenante se originó por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y pandillas.
La medida se convirtió en la principal estrategia del Gobierno de Bukele contra las pandillas. Este enfoque contribuyó a la reelección del presidente para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.
Además, reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas con signos de violencia. Movir y otras entidades insisten en la necesidad de transparencia sobre las condiciones de los capturados.
Autor: teleSUR odr
Fuente: agencia
