Activistas proinmigrantes e inmigrantes afectados denunciaron este miércoles en una audiencia judicial en Nueva York las condiciones “inhumanas” existentes en las salas de detención temporal del polémico edificio gubernamental 26 Federal Plaza, en el marco de un juicio civil que busca establecer medidas permanentes contra prácticas consideradas “insalubres” por las organizaciones demandantes.

La audiencia forma parte de una demanda colectiva interpuesta en agosto de 2025 por las ONG Make The Road, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el bufete Wang Hecker, en representación de personas detenidas en dichas instalaciones. El objetivo central del proceso es que el juez federal Lewis Kaplan convierta en permanente una orden temporal que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantener a los detenidos en condiciones inadecuadas.

Además de acoger a varias agencias gubernamentales, el edificio gubernamental 26 Federal Plaza también es usado como prisión temporal del ICE, adonde también llevaron migrantes que fueron detenidos cuando acudían a audiencias judiciales sobre su futuro estatus.

Durante la sesión, el juez evaluó testimonios escritos de ocho detenidos, así como declaraciones de funcionarios del ICE y documentos internos que, según las organizaciones, corroboran las denuncias. Las pruebas presentadas apuntan a hacinamiento, falta de higiene y acceso limitado a servicios básicos y atención médica.

Entre los testimonios destaca el de Carlos, un joven inmigrante que relató su experiencia tras ser detenido en el 26 Federal Plaza y posteriormente trasladado a Texas. Según su declaración, agentes del ICE lo presionaron para firmar una autodeportación y le proporcionaron información engañosa sobre su situación legal. “Un agente me dijo que como mi nueva audiencia no era hasta 2029, tendría que esperar esos años encerrado. Me sentí profundamente deprimido”, afirmó.

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El joven también describió condiciones de detención precarias, incluyendo el hecho de haber dormido en el suelo junto a decenas de personas, utilizar sanitarios sin privacidad y recibir alimentos que calificó como “no aptos para consumo humano”. Estos testimonios refuerzan las acusaciones de trato degradante dentro de instalaciones diseñadas para estancias cortas.

La abogada Carmen González, de la ACLU, señaló que los espacios utilizados, ubicados en el décimo piso del edificio, consisten en “cuatro cuartos fríos” de cemento concebidos para detenciones breves. Sin embargo, indicó que en el verano de 2025 las autoridades prolongaron las detenciones durante semanas, en un contexto en el que ICE intensificó sus operativos.

Por su parte, la abogada Heather Gregorio, del bufete Wang Hecker, afirmó que la evidencia demuestra de manera “abrumadora” que las personas fueron retenidas en condiciones “terroríficas e inhumanas”, sin acceso adecuado a atención médica, incluyendo casos de detenidos con enfermedades como diabetes o tuberculosis.

De acuerdo con información difundida durante la audiencia, correos electrónicos internos del ICE, atribuidos a la funcionaria Nancy Zanello, advertían sobre múltiples problemas de salud dentro del centro, incluyendo “contagios”, episodios de paros cardíacos y convulsiones, así como la presencia de un caso de viruela símica.

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Harold Solís, representante de Make The Road, subrayó que el caso trasciende situaciones individuales. “No trata sobre una persona particular”, afirmó, sino sobre el principio de que todas las personas “merecemos el debido proceso y dignidad”. Las organizaciones buscan establecer estándares mínimos de trato en centros de detención migratoria.

El caso también pone el foco en las prácticas de detención en el 26 Federal Plaza, donde numerosos inmigrantes fueron arrestados tras acudir a citas judiciales o trámites relacionados con su estatus legal. Posteriormente, eran retenidos en instalaciones del ICE dentro del mismo edificio.

En 2025, el juez Kaplan emitió una orden temporal que prohibía condiciones insalubres y obligaba al ICE a implementar medidas específicas, como evitar el hacinamiento, proporcionar colchones y productos de higiene, garantizar la limpieza de las instalaciones y permitir el acceso a asistencia legal en un plazo máximo de 24 horas. La decisión pendiente determinará si estas medidas se consolidan de forma permanente.

El edificio ha sido escenario de protestas por parte de funcionarios electos y organizaciones civiles. En septiembre de 2025, varios representantes públicos fueron detenidos durante manifestaciones en el lugar. Asimismo, el escrutinio público aumentó tras la difusión de un video en julio del mismo año que mostraba a personas hacinadas, durmiendo en el suelo y compartiendo sanitarios sin privacidad.

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