La Central Obrera Boliviana (COB) denunció «el secuestro, atentado a la vida y aprehensión ilegal» de cinco dirigentes nacionales, ocurrido durante la tarde del domingo en la ciudad de El Alto. La organización de trabajadores informó a la opinión pública que sus delegados sindicales fueron interceptados por «por sujetos encapuchados, vestidos de civil y con armas« en la vía pública, mientras se trasladaban en un vehículo particular.

Los representantes sindicales afectados por el operativo de detención fueron identificados oficialmente como Limber Onofre, Patricia Sánchez, Hever Brabo, Sergio Onofre y Eleiterio Mamani. El comité ejecutivo de la organización laboral confirmó que los cinco representantes sectoriales pertenecen a los gremios de la construcción, magisterio, fabril, universitario y minero.

Las aprehensiones ilegales se dieron en la víspera de la promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz de la Ley 1740 de regulación de estados de excepción, que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía a realizar operaciones conjuntas. Mediante esta medida el Ejecutivo busca intervenir en los más de 90 bloqueos de carretas y protestas sociales que exigen la renuncia del mandatario desde el 1 de mayo.

“Actualmente, nuestros dirigentes se encuentran retenidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) sin un informe policial de acción directa que justifique esta detención, lo que confirma el carácter arbitrario de este operativo”, informó la COB mediante un comunicado emitido este lunes.

Ante la falta de reportes iniciales justificativos por parte de las autoridades, el ente de los trabajadores catalogó las aprehensiones como una vulneración a las garantías constitucionales. La representación laboral formalizó solicitudes de intervención de urgencia dirigidas a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

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Asimismo, la dirección de la organización remitió las denuncias sobre el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La institución de los trabajadores se declaró en estado de emergencia nacional y anunció acciones legales frente a lo que consideran una criminalización sindical.

Por otro lado, a través de redes sociales denunciaron golpizas y torturas a dirigentes detenidos en operativos ilegales de la policía. Según usuarios de X, más de 10 agentes uniformados propinaron golpes a los sindicalistas que se encontraban sometidos en el piso.

Las movilizaciones comunitarias y los comités sindicales mantienen sus pliegos de reclamos enfocados en la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz y el rechazo al plan de ajuste y privatizaciones que impulsa el Ejecutivo.

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