El panorama laboral en Panamá enfrenta su momento más crítico en décadas, convirtiéndose en el principal reto de la Administración del presidente José Raúl Mulino. 

La tasa de desempleo ha escalado a dos dígitos hasta alcanzar un 10,4 por ciento, lo que se traduce en más de 250.000 personas sin trabajo; un nivel que el país no registraba desde la crisis económica de los años 80 provocada por las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Manuel Antonio Noriega, únicamente superado por el pico de la pandemia.

Ante esta cifra, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, sostuvo que la recuperación en el sector continúa avanzando. 

“Solamente en el primer semestre de este año se han aumentado las contrataciones en un 22 por ciento. El año pasado generamos 63.000 nuevos empleos, así que la cifra de 80.000 nuevos empleos es perfectamente válida», afirmó la funcionaria, al destacar la cifra de 174.000 contratos reportados por su despacho.

Pese a este volumen de contratación, los económistas señalan que no son suficiente para frenar el desempleo, ya que la ocupación y la desocupación pueden crecer de forma simultánea debido a la dinámica poblacional que ingresa al mercado de trabajo.

«No es una relación de que si hay más empleo, entonces hay menos desempleo (…) porque entra gente al mercado laboral y otros salen. Creció la ocupación y también creció el empleo, pero el desempleo creció mucho más», explicó el economista e investigador Antonio Méndez.

Salarios insuficientes y pérdida del poder adquisitivo

Los programas estatales orientados a la juventud apenas han logrado ubicar a 1.572 jóvenes, con remuneraciones que oscilan entre los 300 y 400 dólares, sin acceso a la seguridad social y con ingresos notoriamente inferiores al costo de la canasta básica familiar.

​Méndez alertó que existe una brecha de al menos 450 dólares entre el salario formal promedio y el costo real de vida, un desajuste que paraliza el consumo interno.

Al respecto, el director de Bayano Digital, David Carrasco, describió el drama social que enfrentan las familias desplazadas del sector formal. 

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​»Muchas familias se ven obligadas a buscar el sustento en actividades de subsistencia, pero ante el incremento del costo de la vida se hace cada vez más difícil para un hogar numeroso poder sostener con equidad a todos sus miembros», indicó Carrasco.

​Falta de políticas estructurales en el sector privado

​Especialistas cuestionan además la efectividad del modelo económico impulsado por el Ejecutivo, enfocado principalmente en incentivar al sector empresarial para la creación de puestos de trabajo.

​»El Gobierno no tiene políticas laborales; tiene políticas económicas definidas por el propio presidente para estimular a la empresa privada», apuntó Méndez, recordando que el sector privado solo genera el 40 por ciento de las plazas laborales en Panamá, mientras que el 60 por ciento restante corresponde al sector público, al sistema cooperativo o al trabajo por cuenta propia.

​El investigador advirtió que los empleos generados por la empresa privada se caracterizan por bajos niveles salariales. 

Aunque la mediana salarial nacional se ubica en 755 dólares gracias a las remuneraciones del sector público (médicos, educadores, entre otros), si se analiza únicamente la empresa privada, la mediana no alcanza los 700 dólares, registrando además una tasa de informalidad interna superior al 20 por ciento.

​Por último, aunque el proyecto de presupuesto para 2027 supera los 37.000 millones de dólares, el más alto en la historia del país, y es presentado por el oficialismo como el motor para la reactivación del empleo, analistas concluyen que el gasto público no logrará crear puestos de trabajo en cantidad y calidad suficientes si no es acompañado por reformas estructurales de fondo.

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