A un año de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, lideresa mapuche y defensora ambiental de la comunidad de Putreguel, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos en Chile exigieron la remoción inmediata del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a quien acusan de encubrir un caso marcado por el racismo institucional, la criminalización y la impunidad.

En un comunicado firmado por el Centro Ecocéanos y diversas organizaciones territoriales, se denunció que el caso de Chuñil “no es un hecho aislado, sino otro capítulo en la historia de persecución contra las defensoras y defensores de la tierra en Chile”, recordando que “ninguno de esos crímenes ha tenido justicia”.

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Julia Chuñil desapareció en noviembre de 2024 en la región de Los Ríos, en un contexto de fuerte presencia policial y militar en territorios mapuche. Desde entonces, su familia ha denunciado hostigamientos, allanamientos arbitrarios e intentos de criminalización por parte del Ministerio Público.

Según el pronunciamiento, la investigación ha estado marcada por una “narrativa racista y clasista” promovida por la fiscal regional Tatiana Esquivel López, quien “ha intentado borrar la condición de activista ambiental y lideresa mapuche de Julia, reduciendo su caso a un hecho común”.

Las organizaciones acusan al Fiscal Nacional Ángel Valencia de proteger a la fiscal Esquivel y mantener paralizado el proceso, mientras el principal sospechoso, el empresario agroforestal Juan Carlos Mordstardt Adwanter, continúa en libertad.

“El caso de Julia expone un sistema judicial que no defiende a las víctimas, sino a los victimarios; que no busca la verdad, sino la impunidad”, señala el texto.

Los denunciantes sostienen que la Fiscalía Nacional “protege al poder económico”, en especial a sectores vinculados a la industria forestal que operan en territorios mapuche bajo la lógica del saqueo ambiental y la ocupación territorial.

En palabras del documento, lo que hoy ocurre “es la consolidación de una nueva fase del Estado chileno, en alianza con poderes empresariales, policiales y mediáticos, que criminaliza y elimina a quienes defienden la naturaleza y los derechos humanos”.

Los firmantes describen la desaparición de Chuñil como parte de una “estrategia Gaza” aplicada en los territorios del sur: una combinación de ocupación militar, persecución judicial y despojo ambiental, en nombre del progreso y la seguridad.

“El Estado chileno, con toda su tecnología y recursos, dice no saber qué ocurrió con Julia Chuñil. Esa negación no es ignorancia, es encubrimiento”, enfatiza el comunicado.

Las organizaciones que acompañan a la familia de Chuñil demandan la remoción inmediata del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, como condición indispensable para avanzar en verdad y justicia; el cambio de la fiscal regional Tatiana Esquivel López, responsable de prácticas de hostigamiento y apremios ilegítimos; al igual que la creación de una comisión parlamentaria investigadora sobre el rol de la Fiscalía Nacional en casos de desapariciones y persecución a defensores ambientales.

Asimismo, exigieron al Gobierno chileno cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección de defensores ambientales, como lo establece el Acuerdo de Escazú, firmado pero aún sin plena aplicación.

El documento destaca que, el pasado 30 de enero, la hija de Julia fue víctima de apremios ilegítimos por parte de un funcionario del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), José Arriagada, en presencia directa de la propia fiscal Esquivel. Estos hechos motivaron una querella por torturas presentada en septiembre ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos, la cual fue declarada admisible, revelando la gravedad de las prácticas abusivas durante la investigación.

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