La Ley Lafkenche (Ley N° 20.249) promulgada en el año 2008, nació como un mecanismo de justicia y reparación histórica para las comunidades indígenas de Chile frente a la invisibilidad jurídica y la discriminación estructural en las políticas del borde costero chileno.

Esta normativa creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) con el fin de salvaguardar los usos tradicionales, culturales y de subsistencia de estas poblaciones.

????Gobierno de José Antonio Kast en Chile elimina unidad clave para regularización de tierras indígenas. Lideresas mapuche denuncian un "retroceso estructural" y "desmantelamiento de derechos". #Chile #PueblosIndígenas #DerechosHumanos #teleSUR pic.twitter.com/FCEybYMh5i

— teleSUR TV (@teleSURtv) June 1, 2026

Antes de su aprobación, la entrada en vigencia de la Ley General de Pesca y Acuicultura de 1994, bajo un modelo neoliberal, excluyó a los pueblos originarios de sus accesos ancestrales a las costas, prohibiendo actividades tan cotidianas y vitales como el marisqueo para el consumo diario.

En ese sentido las comunidades denunciaron que estas políticas del Estado terminaron por subyugar sus derechos en beneficio de intereses económicos privados.

Ofensiva de la industria salmonera y reformas en el Congreso

En la actualidad, la normativa se encuentra bajo una fuerte ofensiva política y comunicacional impulsada por gremios empresariales como la industria salmonera, que busca apropiarse definitivamente del litoral chileno.

Sectores económicos y parlamentarios afines intentan modificar o derogar la regulación argumentando que las solicitudes de las comunidades paralizan las actividades económicas y que los trámites de concesión son excesivamente largos.

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En el Senado avanza una moción parlamentaria promovida originalmente por el senador Fidel Espinoza del Partido Socialista de Chile (PS) y respaldada por partidos como la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).

Aunque los promotores sostienen que el proyecto busca «perfeccionar la implementación» de la ley, las comunidades y diversos expertos advierten que las modificaciones quitan todo el espíritu a la norma, limitan su aplicabilidad y la convierten en letra muerta para beneficiar de forma directa a las industrias pesqueras y del salmón.

A este escenario legislativo se suman los anuncios del presidente Kast, quien prometió cambios radicales a la ley en el foro anual de la Industria Salmonera bajo la consigna de «acelerar la inversión».

Denuncias de discriminación racial y desdén institucional

Diversos analistas y defensores de los derechos humanos denuncian que la tramitación de estas reformas en el Congreso se desarrolla en un contexto de racismo estructural y discriminación racial hacia los pueblos originarios.

El debate parlamentario se ha caracterizado por la ausencia de una consulta indígena, vulnerando de forma directa el Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales suscritos por Chile desde 1971.

Asimismo, se señala que los discursos de los congresistas se basan en afirmaciones generalizadoras y estigmatizadoras sin evidencia empírica, acusando falsamente a las comunidades de cobrar «peajes» o de «paralizar la zona».

La propia ley establece que los ECMPO no pueden sobreponerse a derechos previamente otorgados como las cerca de 1.400 concesiones salmoneras existentes y prohíbe explícitamente impedir la libre navegación, no registrándose denuncias formales ante Sernapesca por estos motivos.

El racismo institucional también se manifestó mediante actos de intimidación y hostigamiento territorial contra las dirigencias indígenas.

Movilización Mapuche en defensa de la soberanía territorial

Ante el peligro que corre la legislación, delegaciones de comunidades mapuche que habitan en zonas lacustres y en los bordes costeros más australes realizaron extensos viajes desde sus territorios hasta Santiago para hacer escuchar su voz en el Palacio de La Moneda.

Los dirigentes entregaron una carta formal al Ejecutivo para frenar el despojo territorial y defender una herramienta que consideran esencial para la soberanía de los pueblos y la conservación ambiental.

Los representantes indígenas recordaron que la Ley Lafkenche es destacada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un ejemplo global de gobernanza oceánica inclusiva y protección cultural.

En ése sentido, las comunidades ratificaron su determinación de continuar las movilizaciones y acudir a instancias tanto nacionales como internacionales para evitar que el Estado chileno debilite su organización y entregue el patrimonio costero a los grandes capitales financieros.

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