La mañana de este viernes 6 de noviembre, el presidente dimitente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó formalmente una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa ante el juicio político en su contra, derivado de sus vinculaciones con la intervenida entidad Ueno Bank. 

La institución financiera recibió durante su Administración millonarios recursos de organismos del Estado que posteriormente fueron desviados hacia empresas vinculadas a sus propietarios, resultando en un desfalco bancario que mantiene bloqueados los fondos de miles de ahorristas.  

​Mediante una nota remitida al presidente del Congreso, Basilio “Bachi”” Núñez, Peña justificó su petición alegando que cuenta con un plazo insuficiente para articular adecuadamente sus alegatos, tras haber sido notificado formalmente a las 22:15 hora local del jueves con un libelo acusatorio acompañado de unas 300 fojas de anexos: “Pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso”, cuestionó.

“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, afirmó el mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X.

​Reclamo de garantías del debido proceso y debate parlamentario

​El gobernante insistió en que, al tratarse de un procedimiento constitucional del cual puede derivar una sanción de destitución e inhabilitación política, deben garantizarse las condiciones esenciales para el ejercicio pleno del derecho a la defensa.  

“Claramente, al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellas contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla con los estándares de un Estado de Derecho”, argumentó en el documento.

​La solicitud de aplazamiento se presentó luego de que la Cámara de Senadores convocara al mandatario a comparecer este viernes a las 10:00 de la mañana hora local en sesión extraordinaria. 

Ante el pedido de prórroga, el titular del Legislativo, Basilio Núñez, manifestó que lo “más sano es tratar y liquidar su renuncia”.  

“Se puede tratar su renuncia, pero debe haber un acuerdo de ambas cámaras, de los líderes y vicelíderes. Si él se libra del juicio político, puede retirar su renuncia”, agregó Núñez respecto a las alternativas institucionales.

​Los cargos acusatorios por conflicto de intereses y omisión regulatoria

​El libelo elaborado por la Cámara de Diputados imputa a Santiago Peña responsabilidades vinculadas a conflictos de intereses, el debilitamiento en la protección de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), la tolerancia regulatoria, la omisión de medidas eficaces de fiscalización y el aprovechamiento patrimonial derivado del relacionamiento entre el poder público e intereses privados.  

​Entre las principales acusaciones destaca que Peña mantuvo acciones en el grupo propietario de Ueno hasta el año 2025, dos años después de haber asumido la Jefatura de Estado en 2023. 

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Para los legisladores acusadores, dicha participación generó un conflicto de intereses directo, en el que el mandatario debía velar por el interés público mientras ejecutaba decisiones Administrativas que beneficiaban a sus negocios privados.  

​Asimismo, los acusadores atribuyen la concentración de depósitos y recursos del sector público en la entidad bancaria a la intervención directa de la Presidencia para favorecer el posicionamiento de Ueno Bank en el mercado financiero nacional.

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