La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves por unanimidad iniciar un juicio político al presidente Santiago Peña, en el cargo desde agosto de 2023, por el escándalo de corrupción y la crisis institucional que generó el hundimiento del Ueno Bank. La totalidad de los diputados presentes (78) estuvo a favor del trámite, que correspondería al Senado. Luego de que los legisladores emitieron su voto y se dio a conocer el resultado del sufragio por la mesa directiva, el plenario propuso a los diputados que serán nombrados fiscales acusadores.

El ministro del Interior, Enrique Riera, presentó al plenario la renuncia de Peña. Los diputados igualmente resolvieron avanzar con el juicio político. En el texto acusatorio también se exigía la destitución del vicepresidente Pedro Alliana. Sin embargo, legisladores del Partido Colorado oficialistas y disidentes anunciarón que respaldan el juicio político contra Peña, pero no contra Alliana.

Durante la sesión, se dio a conocer que el presidente del Senado, Basilio Núñez, convocó para una sesión de urgencia de la Cámara Alta. Se prevé que inicie a las 17H00. El ascenso de Alliana obligará a seleccionar en otra sección al futuro vicepresidente.

Más temprano, Peña presentó su renuncia. Desde las bancadas de la oposición u otras que son críticas a su gestión, advirtieron que aceptar la salida de Peña bajo esta modalidad le otorgaría de forma automática los fueros correspondientes a la figura de senador vitalicio. Argumentaron que esto lo blindaría judicialmente y obstaculizaría cualquier investigación sobre su responsabilidad en la defraudación que afecta a la ciudadanía. 

La Constitución paraguaya establece que es necesaria la aprobación de dos tercios de los votos de los miembros presentes para consumar la destitución del jefe de Estado y activar los mecanismos constitucionales de sucesión.

El procedimiento jurídico se rigió por el artículo 225 de la Constitución. La Cámara de Diputados requiere de mayoría calificada para aprobar el libelo acusatorio y remitir las actuaciones a la Cámara de Senadores.

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El Ueno Bank, con el que Peña tenía vínculos a través de negocios, fue intervenido el martes 3 de noviembre por el Banco Central de Paraguay. En un comunicado, la institución bancaria confirmó su cierre tras comprobarse que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido. El Banco Central atribuyó la caída a «ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización».

Esa mañana, alrededor de 3 millones de paraguayos que tenían allí sus cuentas, amanecieron con ellas congeladas y vieron evaporarse sus ahorros o sus jubilaciones. Ello generó fuertes protestas de la ciudadanía, que salió a la calles para repudiar la estafa y la corrupción del Gobierno.

La intervención del Banco Central derivó en numerosas detenciones. Las operaciones bancarias continúan detenidas y se identifican maneras de restituir a la gente sus ingresos.

Alliana, de 52 años, nació en el departamento de Ñeembucú (sur) y es parte del Partido Colorado desde hace más de dos décadas. Tiene una licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián. Antes fue comerciante en su cuidad natal, donde fue candidato a intendente. Posteriormente, se presentó y ganó las elecciones a gobernador de Ñeembucú. Con posterioridad fue diputado de este departamento y avanzó dentro de la estructura la estructura del Partido Colorado.

Debate de juicio político

Más temprano, la Cámara de Diputados abrió el examen de una acusación formal para iniciar un proceso de destitución contra Santiago Peña y Pedro Alliana. El texto acusatorio detallaba «cinco capítulos de presunta responsabilidad política y administrativa por el manejo de los fondos previsionales».

Entre otras agravantes, se menciona un conflicto de intereses originado por la vinculación accionaria de Peña con Ueno Holding. Además, cuestiona la designación de Carlos Carvallo —quien ocupó la presidencia de Financiera Ueno— al frente del Banco Central del Paraguay, un nombramiento que los firmantes tachan de incompatible con la salvaguarda del interés público.

Por otra parte, acusa a Peña de haber promovido cambios en la legislación sobre conflictos de intereses y haber tolerado que el Instituto de Previsión Social (IPS) acumulara enormes sumas de dinero en Ueno Bank por encima de los topes permitidos.

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En la previa de la sesión legislativa, el Partido Colorado, la formación política de Peña y Alliana, retiró su apoyo al presidente. El partido fundamentó que no está «del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados». Añadió que «la bandera colorada representa una historia de servicio al país y honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige».

La decisión del Senado es considerada clave, pues incidirá en la situación política y judicial de Peña. Si avanza el juicio político y es destituido, no accederá a la condición de senador vitalicio y no contará con los fueros correspondientes a esa figura, por lo cual podría quedar expuesto a un procesamiento penal.

Si la Cámara Alta acepta su renuncia y no su enjuiciamiento, pasaría a ocupar una banca como senador y ello lo blindaría. En ese caso, si se presenta alguna querella judicial en su contra, sería necesario retirarle el fuero por el Congreso para que responda ante la ley.

De los 45 escaños con que cuenta el Senado, un total de 27 están en manos del Partido Colorado.

Desde la llegada de Peña al poder en 2023, los depósitos del Estado en Ueno Bank crecieron hasta sumar unos 869 millones de dólares a fines de junio, el 29% de todo lo captado por el banco. Una parte de ese dinero pertenece al Instituto de Previsión Social, que colocó en la entidad unos 345 millones de dólares ligados a las jubilaciones de miles de trabajadores.

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