Las delegaciones del Líbano e Israel, reunidas en la capital estadounidense durante los días 2 y 3 de junio, acordaron la implementación de un alto el fuego condicionado y que no cuestiona a la ocupación israelí como agresora de la tierra libanesa, según reveló una declaración conjunta emitida por el Departamento de Estado de los EE.UU.

El documento final de la cuarta reunión trilateral estipula de forma directa que el cese de las hostilidades depende del fin total de las operaciones del movimiento de resistencia libanés Hezbolá y de la evacuación de todos sus combatientes del sector sur del río Litani. La milicia es la única oposición real a la actual invasión israelí, a los bombardeos iniciados desde el 2 de marzo pasado —con saldo de 3.516 libaneses asesinados y 10.674 heridos— y a los planes de expansión del sionismo contra la nación de los cedros.

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Bajo la conducción política de la Administración estadounidense, ambas representaciones gubernamentales aceptaron avanzar de forma acelerada en la creación de las denominadas zonas piloto.

En estos espacios geográficos, las Fuerzas Armadas Libanesas asumirán el control exclusivo del territorio con la exclusión total de todos los actores no estatales, una medida diseñada desde Washington para forzar el desmantelamiento de Hezbolá y evitar su reaparición en el área fronteriza.

La Casa Blanca reafirmó que cualquier convenio para que la milicia chií deponga las armas debe alcanzarse directamente entre ambos Gobiernos bajo su mediación exclusiva y no por ninguna vía separada.

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Las dos partes acordaron volver a convocar las mesas políticas y de seguridad durante la semana del 22 de junio con miras a alcanzar un acuerdo integral; sin embargo, el vicepresidente del Consejo Político de Hezbolá, Mahmoud Qomati, aseguró que todos los esfuerzos de Estados Unidos e Israel fracasarán y que la resistencia contra la agresión se mantiene firme.

En paralelo, los bombardeos ejecutados por las fuerzas de ocupación de Israel contra el sur de Líbano provocaron la muerte de decenas de civiles en las últimas 48 horas y causaron heridas a decenas de personas, destruyendo además infraestructura médica estratégica en la región.

La agresión militar desatada por las fuerzas aéreas y las unidades de drones del régimen israelí contra zonas residenciales y centros de salud elevó el número total de decesos por la ofensiva a más de 3.500 víctimas desde principios de marzo, consolidando una abierta transgresión a las normas del Derecho Internacional Humanitario.

En el distrito de Bint Jbeil, un ciudadano perdió la vida tras el impacto de un proyectil lanzado por un dron israelí contra un vehículo en la localidad de Tibnin, mientras que aviones de combate realizaron incursiones en Nabatieh.

La infraestructura médica y los equipos de emergencia volvieron a constituir objetivos directos de la artillería y la aviación de Tel Aviv, registrándose daños severos en la planta física del Hospital Gubernamental de Tibnin, donde resultaron heridos un médico y cinco trabajadores de la salud.

Toda esta agresión activa contra la población civil continuó pese a que el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que Hezbolá e Israel frenarían sus ofensivas en el marco de las conversaciones iniciadas en Washington.

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