El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa para justificar el cierre previo, alegando una supuesta «falta grave a la seguridad nacional» a causa de la difusión de un informe televisivo que mostraba pasillos de la sede gubernamental. 

Adorni vinculó este hecho con una presunta investigación judicial sobre servicios de espionaje extranjeros, asegurando que las nuevas reglas no interfieren con la libertad de expresión y que su flexibilidad dependerá de la Casa Militar. 

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Sin embargo, medios nacionales señalaron que una medida de esta magnitud no se tomó ni siquiera durante la dictadura, y las imágenes cuestionadas son similares a las disponibles en visitas guiadas o recorridos virtuales.

La reapertura de la sala de prensa ocurre en un contexto de sostenidos ataques del presidente Javier Milei contra la prensa y un escándalo de corrupción que salpica a Manuel Adorni. 

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El jefe de Gabinete enfrenta cuestionamientos por enriquecimiento ilícito y el presunto uso indebido de custodia oficial para traslados personales de su esposa. Adorni sostuvo su inocencia al ser consultado sobre su patrimonio y viajes, afirmando que sus gastos fueron financiados por él mismo.

El cierre de la sala de prensa ya había generado duras críticas de asociaciones de periodistas, políticos y la Conferencia Episcopal Argentina. Además, diversos medios de comunicación presentaron denuncias penales ante los tribunales, destacando la preocupación generalizada por las limitaciones impuestas a la libertad de prensa en el país suramericano.

​Hostilidad oficial y libertad de expresión

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La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente de Argentina, Javier Milei, tras la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la sede de Gobierno. La legisladora argumentó que la Casa Rosada «no es propiedad privada» y calificó la medida como un «daño irreversible» al sistema republicano y al ejercicio profesional del periodismo.

Analistas políticos vinculan este cierre de la sala de prensa con un contexto de creciente hostilidad hacia los comunicadores que cuestionan el rumbo económico del país. La medida ha generado una ola de críticas internacionales, especialmente porque ocurre semanas después de que se impidiera el ingreso a medios de comunicación críticos a la gestión de La Libertad Avanza.

El recurso interpuesto busca el restablecimiento inmediato del flujo informativo para garantizar la transparencia de los actos estatales. Para los gremios y sectores políticos denunciantes, el cierre simboliza una postergación informativa impropia de un sistema democrático, mientras los periodistas aguardan una resolución judicial que les devuelva sus facultades laborales en la sede gubernamental.

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