Este miércoles 13 de mayo, autoridades del municipio de Quito y representantes del transporte inician mesas de diálogo para abordar el alza del diésel, que supera los 3 dólares por galón, en un contexto agravado por la eliminación por el mandatario Daniel Noboa de los subsidios a los combustibles, el decrecimiento en la producción y refinación de crudo nacional, el incremento de importaciones en medio del déficit y encarecimiento de hidrocarburos a nivel global, y la alineación a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Durante la jornada se prevé la instalación de mesas técnicas y jurídicas para escuchar las inquietudes y propuestas del sector.

La discusión remite a la eliminación de las compensaciones estatales a los combustibles en septiembre de 2025, medida tomada por Noboa pese al amplio rechazo social, que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio de transportación en la capital ecuatoriana y la tarifa actual de 0,35 dólares.

El mecanismo de apoyo a los transportistas ideado por el Gobierno, implementado en septiembre de 2025 para mitigar la derogación del subsidio al combustible, concluyó en abril pasado, a pesar de una extensión excepcional de 30 días. 

La situación ahora se vuelve crítica luego de que el precio del diésel superó por primera vez la barrera de los tres dólares por galón, lo que los transportistas consideran financieramente insostenible para operar. A partir de esta situación propusieron elevar las tarifas en Quito.

Frente a estas demandas, el alcalde Pabel Muñoz descartó elevar la tarifa a montos de 0,65 o 0,70 dólares, señalando el impacto negativo que tales incrementos representarían para la economía de las familias de menos recursos.

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Los transportistas argumentan que, sin el respaldo estatal que se concibió tras la eliminación de los subsidios, la operatividad del servicio público es inviable. La tarifa del pasaje en Quito se mantiene congelada en 0,35 dólares. 

La tensa situación que atraviesa el sector ya provocó medidas de presión el pasado 5 de mayo, con una reducción de frecuencias que afectó la movilidad de miles de usuarios en la capital ecuatoriana.

El concejal Diego Garrido enfatizó que cualquier ajuste debe estar condicionado a una mejora real en la calidad del servicio. Paralelamente, el Gobierno nacional ha iniciado conversaciones con el sector del transporte pesado para analizar el impacto del encarecimiento de los combustibles. 

El escenario actual de diálogo evoca las tensiones vividas en 2025, año en que el movimiento indígena protagonizó un paro de un mes contra el incremento del diésel. En aquella ocasión, los transportistas decidieron no sumarse a las protestas tras aceptar el auxilio económico del Ejecutivo, que ahora finalizó.

Organizaciones sociales y usuarios permanecen atentos al desarrollo de estas mesas de diálogo, ante el temor de que el ajuste del modelo neoliberal sobre los combustibles recaiga nuevamente sobre el pueblo ecuatoriano.

Esta perspectiva resalta la preocupación por cómo las políticas económicas afectan directamente la vida cotidiana de las mayorías, un eje central para comprender las dinámicas regionales y la resistencia popular en América Latina.

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