Vecinos y agricultores del municipio de Palca, cercano a La Paz, marchan en protesta contra el Gobierno boliviano, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz por la mala calidad del combustible y la falta de compensación por los daños causados a vehículos.

Adicionalmente, los manifestantes rechazan propuestas legislativas que, según denuncian, buscarían la privatización de empresas estratégicas del país. Se estima que la marcha se encuentra aproximadamente a seis cuadras del centro de La Paz y, tras recorrerlo, tiene previsto retirarse.

Esta marcha constituye la principal acción confirmada tras las masivas protestas del pasado lunes 18 de mayo, las cuales derivaron en una fuerte intervención de la policía mediante el uso de gases lacrimógenos, registrándose inicialmente 145 personas detenidas, de las cuales 28 permanecen bajo custodia bajo acusaciones de destrozos a bienes públicos.

Paralelamente, la ciudad de El Alto continúa afectada por los bloqueos y el paro del transporte urbano iniciado el martes 19 de mayo, donde los conductores exigen al Gobierno el cumplimiento de convenios refrendados por el presidente respecto a la calidad de la gasolina y la devolución de fondos por daños mecánicos.

Pese a la persistencia de las medidas de fuerza, hasta el momento no se han reportado incidentes de violencia ni en La Paz ni en El Alto en esta jornada.

Las fuerzas policiales mantienen un control exhaustivo en toda la ciudad de La Paz, particularmente en los accesos a la Plaza Murillo, donde se ubican las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

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Las bases movilizadas de la Central Obrera Boliviana exigen la renuncia de Rodrigo Paz

En el ámbito diplomático, el Gobierno boliviano anunció este miércoles por la mañana de la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García, otorgándole los plazos diplomáticos correspondientes para abandonar el territorio nacional. Esta decisión se fundamenta en la consideración de que el presidente Petro ha incurrido en injerencia en los asuntos internos del país al referirse en los últimos días a los conflictos sociales que atraviesa la nación andina.

Sin embargo, las autoridades aclararon de manera explícita que la medida no representa una ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambas naciones de la región.

Mientras el Gobierno administra esta crisis en el plano internacional, la conflictividad interna continúa en ascenso luego de que el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Claudio Choque, asegurara que las bases movilizadas rebasaron a sus dirigentes en la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, lo que amenaza con agravar el conflicto social en el país.

???? Gobierno de Rodrigo Paz reprime huelga general indefinida en Bolivia. Movimientos sociales y obreros, liderados por la COB y organizaciones campesinas, profundizan protestas. pic.twitter.com/nq9iZd495q

— teleSUR TV (@teleSURtv) May 18, 2026

El dirigente sindical atribuyó esta escalada al creciente malestar popular por la crisis económica, el desabastecimiento de combustible y el alza de precios de la canasta básica, factores agudizados por la respuesta represiva del Gobierno frente a las protestas y bloqueos de carreteras.

Choque afirmó que las órdenes de aprehensión emitidas contra líderes sociales, incluido el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, constituyen una decisión política que no detendrá las movilizaciones y por el contrario, propiciará una mayor radicalización de las medidas de presión.

El vocero gremial acusó al Ejecutivo de ignorar las demandas durante semanas y condicionó un eventual diálogo en un lugar neutral a que se dejen sin efecto las capturas judiciales y se libere a las decenas de detenidos, al tiempo que denunció agresiones de grupos afines al oficialismo contra los manifestantes.

En paralelo, en el plano geopolítico, la Administración de Estados Unidos catalogó las protestas como un golpe de Estado en marcha y criticó la postura de neutralidad de Brasil y Colombia.

En contraste, el expresidente boliviano Evo Morales calificó las movilizaciones como una sublevación legítima del pueblo contra las reformas gubernamentales y la aplicación del modelo neoliberal.

Mientras tanto, sectores opuestos a los bloqueos también se movilizaron en las calles bajo la consigna de defender la democracia, configurando un escenario de confrontación interna donde exigen que cualquier demanda de destitución presidencial se canalice por vías legales sin afectar el suministro de insumos básicos.

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