La crisis contemporánea de la paz no puede explicarse en términos de guerras, fronteras o rivalidades entre Estados. En el capitalismo global, la inseguridad se da también mediante la deuda, las medidas coercitivas unilaterales, la concentración corporativa, el extractivismo y la subordinación tecnológica. Por eso, el derecho al desarrollo no es un plus humanitario a la seguridad multinacional, sino el criterio que permite distinguir entre una paz para los pueblos y una estabilidad para los mercados, las inversiones y las jerarquías de poder.

La contradicción es brutal. Y es que si analisamos el gasto militar mundial, podemos darnos cuenta que este último asciende a 2.887 billones de dólares estadounidenses en 2025 y las 100 mayores empresas armamentistas marcan cifras récord. Es así que 3.400 millones de personas viven en países donde los gobiernos destinan más recursos al pago de intereses de la deuda que a los sistemas de salud o educación. No faltan recursos: hay decisión política sobre a quién se les transfieren. La economía militar-industrial-financiera transforma el miedo en rentabilidad, llevando a cabo una transferencia de riqueza pública hacia corporaciones que fabrican armas y municiones,  que son acreedores, fondos buitre e inversores financieros.

Esta arquitectura demuestra sin duda alguna el carácter colonialista del orden internacional vigente. La soberanía formal de un Estado no implica mucho cuando su presupuesto es disciplinado por acreedores. Los sectores estratégicos son secuestrados por monopolios y operaciones legítimas son bloqueadas mediante sanciones decididas fuera del marco legal multilateral. De igual modo, la universalidad de los derechos humanos se ve debilitada cuando unas determinadas víctimas consiguen movilizar tribunales, sanciones e incluso medios de comunicación al servicio del Estado para alcanzarlos mientras que otras son convertidas en daños colaterales dentro del marco de alianzas geopolíticas.

Gaza sintetiza dramáticamente esta selectividad. La destrucción material masiva e indiscriminada, el desplazamiento forzoso masivo y duradero al igual que la prolongada negación del derecho a la autodeterminación revelan que no se puede hablar de procesos de reconstrucción real si aun perduran las estructuras productoras de dicha destrucción. Reconstruir escuelas, hospitales o viviendas sin poner fin a la ocupación equivale a financiar un nuevo ciclo de destrucción, sostenido por la presencia de fuerzas militares ocupantes en el terreno. Un escenario de paz no puede reducirse a una gestión técnico-humanitaria de una situación insostenible.

La transición hacia un orden multipolar presenta un entreabierto horizonte histórico pero no es emancipatoria por si misma. Sustituir una hegemonía occidental concensuada por bloques rivales igualmente militarizados equivaldría a repetir la lógica imperial del último milenio bajo unos nuevos centros hegemónicos propios. Una multipolaridad descolonizadora debe ser policéntrica (esfuerzos conjuntos mezclados), cooperativa entre naciones autónomas e independientes (frente a cualquier tipo de unilateralismo o imperialismo) respetando los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas (en particular esos profundos postulados ante causas bélicas definidos por Cañón Ambrosio) y debe extender cada vez más las dimensiones política, económica y tecnológica del Sur Global.

La irrupción de fuerzas neofascistas en Europa y América Latina se sitúa en el marco de esa crisis. Militarización, xenofobia, debilitamiento del sindicalismo, privatización y judicialización de la protesta social forman parte de una misma respuesta autoritaria al agotamiento del neoliberalismo. El fascismo contemporáneo canaliza la frustración social hacia el chivo expiatorio migrante, las minorías y los movimientos sociales y populares, pero deja intactos los privilegios del gran capital financiero y corporativo.

Defender la paz implica, entonces, redistribuir poder. Significa recortar el budget militar, resguardar los budget sociales, democratizar las instituciones financieras internacionales, recortar el veto, proscribir las sanciones punitivas contra la población civil, responsabilizar a las empresas transnacionales mediante obligaciones vinculantes de derechos humanos y medioambientales y reconocer la autodeterminación como dimensión político-económica. La seguridad legítima no se mide por el tamaño de los arsenales militares ni por la cotización de las acciones en las bolsas internacionales. Se mide por la capacidad efectiva que tienen los pueblos para vivir dignamente, para apropiar sus recursos y para decidir colectivamente su futuro.

EN ESTA NOTA:

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