Las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre definirán el control del Congreso, pondrán a prueba la capacidad de Donald Trump para condicionar la institucionalidad electoral y habilitarán el relanzamiento de las investigaciones, en la Cámara de Representantes, relativas a los Archivos Epstein. El impacto de la elección de medio término será relevante, sobre todo, para América latina y el Caribe (ALyC), que vienen sufriendo la ofensiva de la Doctrina Donroe impulsada mediante bombardeos en aguas internacionales, secuestros, financiamientos políticos ilegales y mecanismos de guerra híbrida. Uno de los mandatarios de la región, Javier Milei, será uno de los más atentos, dada la frustración vivida una semana atrás, en la segunda vuelta electoral en Brasil, y su posterior complicidad en la fuga de Favio Bolsonario. El futuro político y judicial del presidente argentino depende cada vez más del magnate neoyorquino y de la capacidad de este último para sostenerlo en términos financieros y garantizarle un refugio seguro para 2027, para el caso de que abandone sus ansias de reelección o que sea derrotado.

Los antecedentes de la campaña electoral estadounidense incluyen maniobras de extorsión, amenazas a los colegios electorales, propagación de noticias falsas, generación de pánico contra inmigrantes y contra los ciudadanos que no portan una imagen compatible con el fenotipo de los WASP (blancos anglosajones y protestantes). Este entramado persecutorio se combina con (a) un malestar económico subyacente, motivado por una inflación sostenida, que repercute en lo que se conoce como la “asequibilidad”, término con el que se designa el aumento del costo de vida. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que en septiembre el índice de precios al consumidor aumentó un 3,7 por ciento interanual y un 0,6 mensual. En doce meses, la energía subió 20 puntos porcentuales y los hidrocarburos, un 35 por ciento. A este malestar se suman (b) la incapacidad militar de derrotar a la República Islámica de Irán, que impulsó el incremento de la energía, y (c) las promesas incumplidas de la nueva panacea económica imperial, la Inteligencia Artificial (IA), que concentra una gran parte de las inversiones, pero que todavía no brinda los beneficios esperados. El último viernes, las acciones de Intel —uno de los animadores centrales de la IA— se desplomaron un 25 por ciento después de que el fabricante de chips informara resultados insuficientes.

Durante el último año, el inquilino de la Casa Blanca ordenó al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que atemorizara a los sectores racializados y a los más vulnerables, para impedir que voten. Además, se dispone a llevar a cabo apelaciones en todos los Estados donde sean derrotados sus candidatos. En Alaska, el DOJ advirtió que un triunfo de la senadora demócrata Mary Peltola sería considerado como fraudulento porque la justicia electoral de ese Estado aceptó a un candidato independiente que es un homónimo del postulante MAGA, Sullivan. En California, los agentes federales denunciaron que existen 20 mil votantes registrados cuya ciudadanía debe ser cuestionada. El objetivo de los republicanos es impedir que los ciudadanos legalmente nacionalizados concurran a las urnas ante el potencial peligro de ser detenidos por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), por “portación de rostro”.

El martes 3 se empezará a completar el escrutinio de un largo proceso que se inició meses atrás con la emisión de los sufragios por correo. Ese mecanismo, disponible en casi la mitad de los Estados, fue cuestionado por Trump, pero el último 11 de agosto, un tribunal federal bloqueó cautelarmente la orden trumpista de 2026 que limitaba el reparto de papeletas por el Servicio Postal a listas de electores habilitados. Posteriormente, la Corte Suprema habilitó esa histórica forma de sufragio, situación que se constituyó en uno de los grandes reveses judiciales del republicano. Los votos que se empezarán a contabilizar el martes a la noche serán la base para la elección de las 435 bancas de la Cámara de Representantes. Serán el insumo, también, para la designación de las 35 bancas del Senado, aproximadamente un tercio de los 100 escaños efectivos.

En 36 Estados también se elegirán gobernadores y magistrados de Cortes Supremas de 24 Estados. Además, en más de dos docenas de los Estados se llevarán a cabo “elecciones de retención” en las que la ciudadanía decidirá si los jueces en funciones tienen que ser revocados o pueden continuar en funciones. Las elecciones de integrantes del poder judicial son abiertamente invisibilizadas por los medios de ALyC para impedir que dichos procedimientos puedan ser imitados a nivel regional.

El otro componente de la elección se relaciona con el desbalance de los recursos de campaña. Elon Musk destinó 366 millones de dólares a grupos y campañas republicanas en el último año. El monto refiere a la propaganda, la publicidad, la organización territorial y, sobre todo, a la visibilidad diferencial que tienen los candidatos. La supuesta equidad del voto convive con una escandalosa disparidad para imponer imágenes, destrozar a rivales y manipular consciencias. Además de los aportes de los tecnooligarcas, conviven —para esta campaña— flujos de dinero opaco que suman un total de mil millones de dólares, dos tercios de los cuales han sido “invertidos” en los candidatos republicanos.

Donald Trump ha articulado una serie de amenazas y acciones concretas que, en conjunto, buscan sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso y preparar el terreno para no reconocer una eventual derrota republicana. En una medida inédita, Trump anunció en su red Truth Social una recompensa de un millón de dólares para cualquier persona que denuncie un caso de fraude electoral (en comicios pasados o en los próximos) que derive en una detención y condena. Esta oferta busca incentivar la creación de un relato de fraude generalizado que justifique una impugnación posterior. Existe un temor real a que Trump utilice la fuerza del Estado para intimidar a votantes o interrumpir el recuento.

Se ha especulado con la posibilidad de que invoque la Ley de Insurrección para desplegar la Guardia Nacional o de que agentes federales lleven a cabo redadas migratorias cerca de los colegios electorales, para intimidar a las minorías. El propio Trump ha expresado su arrepentimiento por no haber confiscado las máquinas de votación en 2020.

El martes 27, antes de partir hacia dos actos de campaña en Texas, un periodista le preguntó a Trump si respetaría el resultado, fuera cual fuese. Respondió que sí, «si son elecciones honestas». La fórmula es conocida: en 2016 prometió aceptar el resultado «si gano»; en 2020 se negó a comprometerse; después perdió más de sesenta demandas contra el escrutinio y jamás reconoció su derrota. Siete de cada diez estadounidenses, según una encuesta difundida en octubre, no creen que acepte el resultado de este martes. Dicen que Milei vuelve a sentir el mismo escozor de samba que lo atravesó el último domingo.

EN ESTA NOTA:

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