Retornos forzados, decretos que pagan tropas antes que agua y una frontera que se negocia entre Rabat, Argel y Washington: quién cobra y quién paga la cuenta.

Han pasado dos meses desde que el gobierno español diera por prácticamente controlada la crisis de finales de julio. Sin embargo, lo que se vendió como el final de una emergencia se ha transformado en un desastre a cámara lenta: un castigo que se extiende de la valla a la espera forzada, la precariedad estructurada y un entramado de intereses que explica por qué la respuesta siempre suma represión y nunca derechos.

La normalidad del abandono

Según el propio Gobierno, más de 11.000 migrantes han retornado a Marruecos desde agosto. De esa cifra, solo 513 corresponden a expulsiones formales; el resto figura bajo el eufemismo administrativo de “retornos voluntarios”. Llamar voluntario a ese regreso exige olvidar que la alternativa era malvivir a la intemperie en asentamientos precarios. Esa cifra mide la externalización del abandono, aunque el Gobierno la exhiba como éxito de gestión.

Mientras tanto, en el terreno, la realidad desmiente el relato oficial de la “normalidad”. Miles de personas, incluidos menores no acompañados, siguieron durante semanas en campamentos improvisados en las playas y zonas portuarias de Ceuta. Con la llegada del otoño, las lluvias y los desalojos parciales agravaron una situación en la que el acceso a agua potable, saneamiento y atención médica sigue siendo una lotería.

En los nueve días previos a la visita de los reyes a Ceuta, 2.783 personas regresaron a Marruecos y la playa del Trampolín quedó despejada, como se ordena una casa antes de recibir visitas; el Gobierno asegura que una cosa nada tiene que ver con la otra, y la Corona encontrará la arena limpia sin conocer a quienes durmieron en ella.

La respuesta del Estado ha seguido la misma lógica de la primera parte: infraestructura del rechazo antes que de la acogida. El decreto de urgencia de septiembre moviliza 309 millones para Ceuta, pero no contempla corredores humanitarios ni ampliación del asilo. La distribución de los fondos revela qué entiende el Estado por urgente: en Ceuta, 74 de los 90 millones de seguridad pagan el ir y venir de las Fuerzas Armadas, mientras el agua, la sanidad y la justicia de toda la ciudad se reparten 21.

Ni siquiera existe una cuenta pública de cuántas personas siguen atrapadas en la ciudad: el Estado administra la emergencia sin decir a cuántos administra.
El teatro político completa la escena. Mientras los tribunales buscan culpables en la Moncloa, la ultraderecha europea hace de Ceuta su escenario: Vox celebra allí la “Fiesta Nacional” junto a sus aliados franceses, con un discurso que ya habla de “cazar” inmigrantes. La crisis humanitaria se vuelve capital electoral, y la frontera, el lugar donde se ensaya la Europa que esa derecha promete.

Quién gana con la frontera

Detrás de las boyas y las vallas hay un entramado de intereses económicos y geopolíticos que explica por qué la “crisis” termina en más muros. La migración, además de un drama humanitario, es un negocio de miles de millones de euros y un instrumento de presión política que las élites dominan con precisión quirúrgica.

Frontex funciona como cliente de la industria de la seguridad fronteriza: su presupuesto superó los mil millones de euros en 2025, y desde 2020 contrata a Airbus, asociada a Israel Aerospace Industries, y a Elbit Systems para vuelos de drones de vigilancia sobre el Mediterráneo.  Cada nueva “crisis” justifica más presupuesto y más tecnología de control: la amenaza se construye, se amplifica y se monetiza.

En España, esa misma lógica se reproduce en las vallas de Ceuta y Melilla, construidas y mantenidas mediante sucesivas licitaciones públicas. Los contratos se renuevan cada pocos años para incorporar “mejoras tecnológicas”: sensores térmicos, cámaras de reconocimiento facial y otros dispositivos de vigilancia. La frontera se convierte así en un mercado que requiere inversiones constantes. Cada vez que alguien cruza, se justifica una nueva licitación.

Marruecos cobra su cooperación

La monarquía alauita de Mohamed VI y el Majzén, el aparato de poder que la rodea, tienen intereses concretos en la instrumentalización de la migración. Marruecos actúa en esta crisis como un socio estratégico que cobra caro su cooperación.

Los intereses económicos españoles en Marruecos son enormes: los caladeros de pesca del Atlántico y el Mediterráneo, los fosfatos del Sáhara Occidental ocupado y las inversiones de empresas españolas como Acciona en infraestructuras marroquíes. Cuando Rabat abre la frontera —como en 2021, y como sugiere la secuencia de 2026—, la usa como carta de presión: concesiones sobre el Sáhara, reconocimiento de su soberanía sobre el territorio ocupado, más fondos europeos de “cooperación”.

Las élites marroquíes saben que los jóvenes que cruzan hacia Ceuta, en su mayoría sus propios compatriotas, funcionan como moneda de cambio. Y las élites europeas lo saben también. Por eso la respuesta descarta romper relaciones con Marruecos o sancionar a la monarquía por usar personas como instrumentos de presión, y elige más vallas, más boyas, más externalización. Porque el negocio sigue siendo más importante que los derechos.

Rabat tampoco juega solo. En diciembre de 2020, Washington reconoció su soberanía sobre el Sáhara Occidental en el mismo acuerdo con el que Marruecos normalizó sus relaciones con Israel, y en 2022 Madrid se plegó a esa línea. La frontera sur de Europa se vigila con drones de fabricación israelí y se negocia sobre un mapa trazado en Washington: en Ceuta, España dispone de menos cartas que la monarquía a la que le encarga contener a quienes llegan.

La geopolítica del gas

Argelia, aliada del pueblo saharaui y principal proveedora de gas de España, cerró en 2021 el gasoducto que atravesaba Marruecos. Desde entonces, el gas argelino llega a España por un tubo submarino directo. Marruecos perdió esa carta de presión y recurrió a otras.

En 2022, el alineamiento de España con Rabat sobre el Sáhara Occidental abrió una crisis con Argel. En julio de 2026, Sánchez viajó a Argel para sellar la reconciliación. Diez días después, la frontera de Ceuta se abrió; en octubre, la cumbre con Argelia seguía sin fecha.

La secuencia admite una lectura: Marruecos conserva capacidad de presión sobre los acercamientos españoles a Argelia. En ese tablero, los migrantes son peones sacrificables.

El control social interno

Hay un nivel aún más profundo: la migración irregular, además de negocio para la industria de la seguridad e instrumento de presión geopolítica, opera como mecanismo de control social interno en las sociedades europeas.

Cuando las clases trabajadoras europeas enfrentan salarios estancados, precariedad laboral, crisis de vivienda y recortes en servicios públicos, la narrativa del “inmigrante que viene a quitarnos el trabajo” o del “inmigrante que viene a abusar de nuestro estado de bienestar” funciona como una válvula de escape. La extrema derecha (Vox en España, Lega en Italia, RN en Francia) capitaliza ese malestar y lo redirige contra el chivo expiatorio, desviando la atención de las verdaderas responsabilidades: las élites económicas que han desmantelado el estado de bienestar, las políticas de austeridad, la financiarización de la economía.

En Madrid, PP y Vox llevaron la crisis a la calle con un manifiesto que pedía militarizar Ceuta para expulsar a los “invasores”: una frontera africana convertida en programa electoral peninsular.

Las clases dominantes europeas conocen ese mecanismo. Por eso, aunque condenan a la extrema derecha en el discurso, en la práctica comparten su marco: cuando un gobierno que se dice progresista describe la llegada de personas migrantes como una “violación de la integridad territorial”, habla el mismo idioma de seguridad nacional con el que la ultraderecha exige expulsarlos “con los medios que sea”. La diferencia se mide en grados, y el fondo lo comparten: la frontera debe cerrarse, los migrantes deben contenerse y las causas estructurales de la migración deben quedar intactas.

Porque tocar esas causas significaría cuestionar el orden económico internacional que produce la migración: los tratados de libre comercio que arruinan las economías del Sur, la deuda externa que hipoteca el desarrollo, la extracción de recursos naturales que destruye ecosistemas enteros, las guerras por recursos que expulsan a millones de personas. Y esas son precisamente las políticas que benefician a las mismas élites que hoy levantan boyas en el Estrecho.

La Europa que administra el castigo

Mientras Europa debate técnicamente sobre “triajes” y mecanismos de crisis, la llamada “crisis” de Ceuta aparece como lo que es: lejos del accidente y de la invasión que agita la ultraderecha, el resultado predecible de un orden global que empuja a millones fuera de sus tierras.

Dos meses después, la frontera de Ceuta enseña lo que Europa prefiere no decir de sí misma: que su prosperidad necesita un Sur que expulse, una monarquía que contenga y un discurso, progresista o ultraderechista según la temporada, que convierta a los expulsados en amenaza. La “Europa fortaleza”, además de contener personas, administra el castigo. Y en Ceuta, como en cualquier otro punto del mapa global, lo hace con la misma lógica con la que desregula la extracción de recursos: indiferente a las consecuencias humanas.

EN ESTA NOTA:

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