Las fuertes movilizaciones que hoy sacuden Bolivia no son un simple descontento, ni una conspiración antidemocrática de ningún ex líder político. Son la reacción legítima cada vez más organizada ante la acumulación de errores de gestión, pérdida de soberanía frente a actores externos, vulneración a los Derechos de los Pueblos Indígenas y sus territorios y entreguismos sobre los recursos naturales, que el actual gobierno, a la cabeza de Rodrigo Paz, ha intentado imponer desde que fue posesionado. Además de los errores de administración como la compra de gasolina “basura”, detrás de las marchas y los bloqueos yace una disputa profunda sobre el destino del Estado Plurinacional, por la propiedad colectiva de la tierra, el control de los recursos naturales, y en esencia por la soberanía en un contexto geopolítico en que Estados Unidos busca recomponer y reafirmar su hegemonía en América Latina.

1. El desencadenante silencioso: Ley 1720 y la mercantilización de la pequeña propiedad

El malestar de la población fue aculándose gradualmente desde el principio. Sin embargo, el conflicto reciente tuvo un claro y fuerte desencadenante: la promulgación de la Ley 1720 promulgada el 10 de abril de 2026. Aunque fue presentada como una actualización normativa, esta ley pretendía reestructurar la propiedad de la tierra en Bolivia levantando los límites y garantías que protegen a la pequeña propiedad rural. En esencia esta ley, abría la puerta a que los grandes terratenientes, en general vinculados al agronegocio transnacional, pudieran comprar las parcelas de familias campesinas e indígenas definidas por la Constitución Política del Estado como propiedad inembargable, indivisible, inalienable e imprescriptible.

Esta ley implicaba por un lado ampliar la concentración mayor de la tierra, también posiblemente incrementar la deforestación que en Bolivia está vinculada a los cultivos de soya y a la ganadería, y además a la propiedad privada.  Por otro lado, era el permiso para un despojo masivo de familias indígenas y campesinas de su territorio y modo de vida.

A pesar del calculado discurso, afirmando que la ley beneficiaba a los mismos pequeños propietarios, quien la propuso e impulso fue Branko Marinkovic, un terrateniente que obtuvo sus tierras en la década de los 90’ en base a expulsiones de comunidades indígenas del pueblo Guarayo, y a quien el gobierno de facto de Jeanine Añez, en 2020, le concedió 33 000 ha, que luego fueron revertidas. Fueron también los agroindustriales que salieron en bloque a defenderla cuando estaba a punto de caer.

Este ataque a la función social y ecológica de la propiedad no se trata de un detalle técnico. En Bolivia, la tierra es territorio, memoria y soberanía alimentaria. Permitir su libre venta a latifundistas significaba despojar comunidades enteras y su modo de vida. La Ley 1720 fue el anuncio: el modelo neoliberal volvía a la base, la propiedad de la tierra y a concentrar desigualdades a partir del territorio y los recursos.

2. El Decreto Supremo 5503: el núcleo de la agenda neoliberal e imperialista

Sin embargo, esta chispa decisiva no habría prendido sin un combustible generado por un proceso anterior y más profundo: el Decreto Supremo 5503 promulgado por Paz a un mes de asumir el poder, el 17 de diciembre de 2025. Este decreto, que por su naturaleza fue impuesto sin debate, encarnaba el núcleo de una extensa lista de reformas neoliberales que pretendían ceder soberanía boliviana a capitales intereses extranjeros, violando normas ambientales y derechos humanos en varias dimensiones.

Por ejemplo, aseguraba que las inversiones se regirían por «estándares internacionales». Además, anulaba las funciones Constitucionales de la Asamblea al asegurar que los contratos de inversión nacional y extranjera en sectores estratégicos se aprobarían por decreto.

Asimismo, vulneraba el régimen ambiental, al aprobar un trámite exprés para eximir a proyectos de evaluaciones de impacto ambiental y de la consulta previa a pueblos indígenas reconocida en el Convenio 169 de la OIT y en la propia Constitución y normativa boliviana. Además de todo ello establecía un servilismo del Estado con los grandes empresarios al liberar exportaciones y ordenar a ministerios usar plataforma y dinero del Estado para promover exportaciones de grandes empresarios.

En la práctica, este decreto concentraba el núcleo de las reformas neoliberales y los intereses de Washington sobre Bolivia, impuestos contra la voluntad popular y contra la soberanía nacional y el texto de la constitución y varias leyes.

3. Marcha indígena e históricas movilizaciones populares

Ante este temprano intento de imponer los ajustes neoliberales con el DS 5503 Rodrigo Paz se topó con la firme y clara oposición del pueblo boliviano a la cabeza de las organizaciones sociales, Indígenas, campesinas y obreras. Tras poco más de tres semanas de movilizaciones y subsecuentes represiones policiales el gobierno tuvo que ceder y abrogar el decreto el 11 de enero de 2026. Este representó el primer triunfo del bloque popular contra el gobierno de Rodrigo Paz.

Meses después de este importante precedente, se promulga la ley 1720, que marca el inicio de las movilizaciones históricas que todavía presenciamos en el país. Este nuevo proceso de reacción popular empezó con la Marcha compuesta por comunidades indígenas de la Amazonia que llegaron a La Paz desde Pando y Beni tras 27 días de caminata. 27 arduos días de caminata, que con cada gota de sudor, esfuerzo y dolor evidencian la centralidad del territorio para los Pueblos Indígenas. Caminaron 27 días en lo que para ellos representaba una pacífica, pero firme manifestación de resistencia por sus territorios, por sus modos de vida y en última instancia por su existencia misma.

Ante la falta de respuestas equitativas contra la crisis económica, la improvisación de la gestión gubernamental, el aumento del desempleo, la peligrosa amenaza de privatización de empresas estatales y, más aún, la clara exclusión de los sectores populares del Estado, más actores se plegaron a las protestas: la Central Obrera Boliviana, el Magisterio, 39 centrales agrarias, confederaciones de campesinos (CSUTCB), entre otros. Es decir, sectores obreros, campesinos e Indígenas tras no ser escuchados, ni convocados a un dialogo honesto empezaron a demandar la renuncia definitiva del actual presidente Rodrigo Paz. Consecuentemente, esta demanda y protesta se mantiene hoy, incluso después de la abrogación de la ley 1720 el 13 de mayo de 2026.

4. La receta neoliberal: Represión y violencia

La respuesta del gobierno fue y sigue siendo la receta aplicada en el pasado neoliberal de Bolivia: represión y violencia. Paz ha desplegado varios operativos represivos combinados entre policía, militares e incluso el ultimo ocurrido ayer incluyo grupos paramilitares que dejaron decenas de heridos y una centena de detenidos. Como reabriendo la herida aun viva de las masacres de Senkata y Sacaba que ocurrieron tras el golpe de Estado del año 2019, el actual gobierno vuelve a reactivar a los grupos paramilitares y profundamente racistas que fueron identificados y condenados por el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  A seis años del golpe de Estado 2019 y de la posterior recuperación de la democracia, regresan los mecanismos de represión y violencia, estatales y paraestatales, contra el pueblo otra vez movilizado, quienes todavía tienen la claridad política de quien lleva siglos resistiendo y construyendo soberanía.

Otro punto profundamente alarmante fue la estigmatización estatal a las movilizaciones. Desde el discurso oficial del presidente, los manifestantes fueron estigmatizados como “vándalos”, “delincuentes” y “narcotraficantes”, y consecuentemente se les negó el dialogo. Este discurso oficial no hace más que amplificar los discursos racistas cada vez más violentos, que siguen brotando con la furia de quienes aún se niegan a sí mismos en este país tan marcadamente indígena. Estos discursos cargados de odio y rechazo reproducen los peores fantasmas de la colonialidad, dividiendo al país tan fácilmente entre “patriotas” y “terroristas”, entre “civilizados” y “salvajes” y entre “pensantes” e “ignorantes», estigmatizando una vez más a los sectores a los que les debemos las grandes transformaciones positivas de las últimas décadas y la soberanía ganada a sangre y muerte.

5. El fantasma del estado de excepción y las leyes de la impunidad

A pesar de la abrogación de la ley 1720 y avivado por la estigmatización racial y el rechazo al dialogo, las movilizaciones y bloqueos han continuado cobrando fuerza y exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz tras 36 días. Sin embargo, justo ahora nos encontramos ante un inminente riesgo que podría terminar en masacres. Uno de los mayores peligros que se ciernen sobre Bolivia en este momento es la declaración de un estado de excepción.

El gobierno de Paz abrogó la Ley 1341 que regulaba rigurosamente esta figura asegurando responsabilidades y derechos (27 de mayo de 2026). En su lugar promovió una nueva norma mucho más laxa que fue aprobada ayer (6 de junio). Esta nueva ley permite declarar estados de sitio con menos control parlamentario efectivo, suspender ciertas garantías constitucionales y militarizar por decreto por más tiempo (hasta 90 días).

Esta estrategia de flexibilizar las regulaciones y preparar el camino para un Estado de Excepción puede compararse a la estrategia que uso Jeanine Añez durante el golpe de 2019 al eximir de responsabilidades penales a las fuerzas armadas con el D. S. 4078. Pero la memoria aún viva duele: el golpe y la represión de 2019-2020, las masacres de Senkata y Sacaba dejaron más de treinta muertos y cientos de heridos. Y lamentablemente el gobierno de Rodrigo Paz parece querer repetir otro episodio sangriento, que, de consumarse, lo condenaría en el juicio de la historia.

6. Conflictos socio-ecológicos y soberanía

Para entender lo que pasa hoy en Bolivia en el contexto histórico es importante agregar una perspectiva generalmente poco abordada. Muchos de los conflictos más determinantes de la historia boliviana reciente y probablemente de América Latina han implicado luchas por el control popular y soberanía sobre la tierra y los recursos naturales frente a injerencia e intereses extranjeros. Es decir, en parte lo que podríamos definir como conflictos socio-ecológicos vinculados a la soberanía. Claros ejemplos de ello son la Guerra del Agua (2000), provocada por un decreto que privatizó y cedió el derecho absoluto del agua del departamento de Cochabamba a una empresa internacional, o la Guerra del Gas (2003) en el que otro decreto aseguraba la exportación gas a precios ínfimos a trasnacionales, el golpe de Estado de 2019 que pretendía entregar el litio del que Bolivia es el mayor reservorio a EEUU, y los conflictos actuales que comenzaron con el intento del despojo de la tierra y otros recursos naturales estratégicos.

Cada uno de estos momentos de la historia, se desencadenó por intentos de privatización o entrega de recursos naturales a intereses extranjeros, y en cada uno de ellos se derramo sangre para imponer las medidas neoliberales de la agenda imperialista de EEUU. En todos esos episodios, el patrón se repite: un gobierno de turno intenta imponer la agenda de intereses extranjeros, ante la reacción popular criminaliza la protesta, manda al ejército a las calles, y ocasiona muertes, principalmente en los sectores populares. La nueva ley sobre losEstados de Excepción al igual que aquellos decretos del pasado, representan un eslabón más de esa cadena de violencia e impunidad imperialista contra las sociedades y contra los ecosistemas que es tan importante de ser resistida.

7. Bolivia, un pequeño bastión frente a la hegemonía de EEUU

Las protestas en Bolivia en su contexto representan la resistencia viva y clara contra los ajustes neoliberales de este siglo en el continente. El imperialismo estadounidense no solo quiere el litio, la tierra y control de recursos. En este momento histórico quiere afianzar su hegemonía política sobre el continente americano, en un mundo que se le escapa en un mundo cada vez más multipolar.

El golpe de Estado de 2019, que desató la represión y masacres, representa el más claro ensayo en el pasado reciente de Bolivia para abrir las puertas a las multinacionales y a los intereses externos a costa de la economía y de la vida de las y los bolivianos. Ahora, ante el debilitamiento de los gobiernos progresistas, con presidentes como Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, Kast en Chile, Paz en Bolivia y las elecciones en Colombia y Perú, desde Washington se ve una nueva oportunidad de apropiarse de la región. Por lo tanto, resulta fundamental recordar que la violencia es el método por excelencia para imponer los intereses EEUU sobre la voluntad de los pueblos latinoamericanos, y que su respuesta debe nutrirse de la memoria histórica y la dignidad regional. En este contexto las movilizaciones actuales en Bolivia no son un conflicto más. Son el grito de un pueblo que conoce su historia y se aferra a la dignidad y territorio reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009. De un pueblo que recuerda muy bien la sangre de las masacres recientes. De un pueblo que resiste frente a la nueva asestada de un imperio en declive. Ahora, ante las puertas de otro posible evento sangriento, debemos evitar que la historia se repita. Porque como la concepción Aymara sabiamente lo entiende debemos caminar mirando hacia atrás, hacia el pasado, para aprender de él y no repetirlo.

(Artículo exclusivo para la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad de Rafaela M. Molina-Vargas / Bióloga e investigadora boliviana)

EN ESTA NOTA:

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