Venezuela encara dos frentes de batalla

Luego de la reciente victoria electoral de la oposición venezolana el pasado 6 de diciembre, el grupo opositor luce más convencido que nunca de avanzar hacia una confrontación total con el presidente Maduro. El objetivo es desestabilizar el gobierno al máximo con el fin de lograr su salida antes de que finalice el 2016.

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha dicho que el plan es lograr que el presidente Maduro deje el poder en el primer semestre del año en curso. El 6 de enero, Ramos Allup, dio un paso al frente en esta batalla cuando juramentó a tres miembros de la oposición como diputados, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia había dictaminado que dichos ciudadanos no podían ser proclamados debido a algunas irregularidades electorales. El 11 de enero, el Tribunal Supremo declaró al presidente de la Asamblea en desacato y desde ese momento cualquier decisión que proviniera de la Asamblea se consideraría un acto nulo, hasta que se desincorporaran los tres miembros opositores del cuerpo legislativo.

Eso dio inició a la confrontación política entre el poder ejecutivo y el legislativo, en la que el próximo asalto parece ser la ley de amnistía, instrumento que la oposición pretende utilizar para liberar a los presos políticos opositores que participaron en protestas violentas, algunos de los cuales son considerados responsables por la muerte de inocentes. Ramos Allup ya advirtió a Maduro que si el Tribunal Supremo no implementaba la ley de amnistía, él comenzaría a destituir a ministros de su gabinete: “Que él acepte o no acepte viene a ser lo mismo a que nosotros dijéramos: ‘No aceptamos que él nombre ministros’”.

Las opciones de la nueva Asamblea Nacional, dominada por la oposición, para deshacerse de Maduro son muy variadas. Como se mencionó, no solo puede destituir a los ministros (y también al vicepresidente, aunque si éste es destituido tres veces consecutivas, tendrían que celebrarse unas nuevas elecciones de la Asamblea Nacional), sino también puede destituir a los jefes de otros poderes del gobierno, por ejemplo del Tribunal Supremo, el fiscal general, o los rectores del Consejo Nacional Electoral (con la previa aprobación del Tribunal Supremo o el fiscal general); enmendar o reformar la constitución (debe someterse a referéndum) o llamar a una Asamblea Constituyente (seguida por un referéndum).

Asimismo, se especula que la oposición podría tratar de activar un referéndum revocatorio contra Maduro. Para eso necesitaría recolectar las firmas de 20 por ciento del padrón electoral, unas 3.8 millones de firmas. Esto último es una tarea difícil si la comparamos al referéndum revocatorio que la oposición convocó contra el expresidente Chávez en 2004; allí solo tuvieron que recolectarse 2.5 millones de firmas debido a que el padrón electoral era más pequeño.

Además del proyecto para remover a Maduro y conceder amnistía a los miembros de la oposición que violaron la ley, la Asamblea Nacional también planea introducir varías leyes que socavarían la presidencia del presidente Maduro. Una de esas medidas, populista por demás, y que la oposición ha tenido en mente por algún tiempo, es darles títulos de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda. En los últimos cinco años, el gobierno venezolano ha construido un millón de viviendas que, esencialmente, han sido adjudicadas a las familias en arrendamiento indefinido, pero sin darles un título de propiedad para que puedan hacer operaciones de compra y venta. Los argumentos de esta decisión es evitar el desarrollo de un mercado especulativo de viviendas que se construyeron con fondos públicos. La oposición apuesta a que la mayoría de los beneficiarios de estas viviendas preferirían un título de propiedad que les permita vender la vivienda y lucrarse de esta transacción.

Otra de las leyes que pondrá a pensar al ejecutivo venezolano es el rumor que existe sobre un proyecto para dolarizar a la economía. Es obvio para todos en Venezuela que la actual situación económica no es sostenible: alta inflación, escasez de productos, colas en los supermercados y un enorme mercado negro de productos regulados. Una “solución” a estos problemas, que algunos líderes de oposición favorecen, es eliminar la moneda nacional, el bolívar, y basar toda la economía en el dólar, tal como lo hizo Ecuador en 2001. Esta medida, además de socavar la soberanía nacional, significaría una enorme pérdida económica que llevaría al incremento del desempleo y la desigualdad en el país. Sin duda, la oposición culparía al presidente Maduro por esta situación, pero asimismo, ellos también compartirían la responsabilidad y es por ello que la oposición transita este camino de manera ambigua y con sus filas divididas en torno a esa acción.

Otra de las apuestas del grupo opositor incluye la revocación de una amplia gama de leyes progresistas que fueron aprobadas durante los gobiernos de Chávez y Maduro. Por ejemplo, la reforma de tierras, la reprivatización de industrias básicas y el desmantelamiento del control de precios, entre otras.

Finalmente, la oposición ha anunciado que convocará unas comisiones especiales para investigar los actos de corrupción dentro del ejecutivo nacional y, también, las credenciales de los jueces del Tribunal Supremo que recientemente fueron nombrados. La investigación a los jueces podría causar la remoción de muchos de ellos debido a que las leyes del Tribunal Supremo permiten que se destituyan a aquellos jueces que no cumplan con los rigurosos requerimientos para su designación.

En el lado chavista de la contienda, las opciones para maniobrar son aún más duras. Aquí el asunto más urgente para el gobierno es como manejar la actual crisis económica que parece que empeorará debido, especialmente, a la baja en los precios del petróleo. El precio del barril de crudo venezolano se cotizó, en su precio más alto, en 55 dólares por barril a comienzos de 2015 y las cifras más recientes proyectan un barril a 27 dólares. A menos que estos precios se recuperen, el efecto podría ser devastador para Venezuela, particularmente por el hecho que 95 % de las ganancias por exportaciones del país y 50 por ciento del presupuesto fiscal provienen de la renta petrolera.

La caída del 50 % en el precio del petróleo durante los últimos ocho meses, sin embargo, significa un colapso mayor en las ganancias venezolanas porque una gran proporción del petróleo del país es crudo extrapesado, el cual es difícil de extraer, y que se cotiza alrededor de 20 o 25 dólares por barril; eso significa que el margen de ganancia es bastante poco. En otras palabras, la caída en los precios del petróleo representa más del 50 % de pérdida en los ingresos del Estado.

Recientemente, Maduro nombró un nuevo gabinete y reorganizó algunas carteras. En el estratégico cargo de la vicepresidencia para el Área Económica, Maduro designó a Luis Salas, un hombre considerado defensor de las mismas políticas que se han venido ejecutando. Salas expresa que deben mantenerse los controles de precio y de divisas, asimismo afirma que la principal debilidad del gobierno ha sido la ejecución de las políticas actuales. De otro modo, aunque el país espera que se anuncie un “plan de emergencia económica”, hay dudas que tal plan signifique un cambio a las medidas que se han venido aplicando hasta ahora.

La caída del ingreso, aunado a una espiral inflacionaria que la guerra económica de contrabando, acaparamiento, especulación y el mercado negro de dólares ha infringido al país es una señal de que se aproxima un periodo muy difícil para el país y la economía venezolana a corto plazo. Algunos economistas advierten de una posible hiperinflación y la imposibilidad de honrar los compromisos internacionales (crisis de balance de pagos).

En conclusión, Venezuela se enfrenta a dos frentes de manera simultánea, en los que cada uno amenaza con exacerbar al otro: uno es económico y el otro político. Es imposible predecir las posibilidades para vencer en ambas confrontaciones. Dentro de los movimientos sociales chavistas y el partido de gobierno, PSUV, cada vez más voces se elevan para que el gobierno organice una consulta general con los movimientos de base, idea que Maduro apoya, pero que aún se ignora si sucederá y, si ocurre, ¿Será capaz de ofrecer las soluciones que permitan que la Revolución Bolivariana continúe adelante, a pesar de la revitalizada oposición en el parlamento?