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Una política buena en defensa de la dominicanidad

| Foto: Acento

Publicado 10 julio 2015
La defensa de la patria dominicana es siempre un deber, pero su sustancia consiste en la defensa de la dignidad de las personas, y en ello radica también su legitimidad. Los desnacionalizados dominicanos son parte inequívoca del Pueblo mayoritario al que estudia Pedro Mir, así como lo son sus ascendientes inmigrantes llegados y establecidos en República Dominicana.

Nota 1. Nación y Patria

En su célebre obra “La noción de periodo en la Historia Dominicana”, el poeta nacional Pedro Mir refuta conceptos tales “nacionalismo” o “sentimiento de nacionalidad”, usados por los historiadores dominicanos clásicos como “motores” de la Historia nacional. La “nación” es un concepto pasivo que no explica la sociedad real, idealizada basándose meramente en una “raíz común”, donde las luchas independentistas se ven como mero afán por defender la “esencia” nacional frente a otras raíces y esenciales distintas, o por la aspiración a perfeccionar una supuesta “naturaleza propia”.

En Mir, la “nación” no vive por sí misma, es una colectividad estancada, inmóvil, nada fluye en ella, apenas existe por respiración artificial. Nunca se hace represente. Por lo mismo, es una idea de la sociedad esencialmente subalterna a un poder, necesita de un guía y una élite que la represente. La “autodeterminación” o la “soberanía” dichos en función de la “nación” son puras idealizaciones, pues ahí sólo hay pasado o genética común; no existe proyecto, construcción ni transformación para lo cual se requiera poder y capacidad de decidir.

Para Pedro Mir, es el Pueblo (trabajador y explotado) como mayoría que toma conciencia y quien ha movido la Historia Dominicana en sus principales acontecimientos, como en abril de 1965. Foto: AGN

A la “nación”, Pedro Mir contrapone el “Pueblo”, aquella mayoría (cambiante también), trabajadora y explotada, sistemáticamente abusada, despojada, que eventualmente toma consciencia de sí misma, de su condición histórica y decide dejar de ser dominada y gobernada por élites (externas como internas) para liberarse y, así, liberar de las injusticias a la Patria y los seres humanos que la constituyen. Pueblo y clase están estrechamente relacionados. De la pasividad de la “nación”, el Pueblo es actividad esencialmente democratizadora, transformadora, modificando las relaciones de poder en la sociedad.

Por su lado, al hablar del patriotismo y las grandes luchas patrióticas dominicanas y latinoamericanas, Juan Bosch condensa la misma idea de Pedro Mir: “El patriotismo es un instinto pero su ejercicio sólo se justifica si actúa a favor del bienestar de las mayorías”. La Patria son los seres humanos, no una entelequia ni una abstracción despojada de sentido real y necesidad social. El patriotismo es popular, es Pueblo en acción, diferente a la “nación” y al “nacionalismo” como conceptos políticos e históricos.

En efecto, estudiando la Historia se puede ver que los momentos más notables de la Patria no son aquellos en que ha actuado la “nación” y la dirección de élites y “jefes”, sino que el Pueblo se ha hecho protagonista histórico. Es el caso de la lucha por la Independencia contra el régimen abusivo de Boyer, la Restauración contra la anexión al reinado de España y la insurrección de Abril por la constitucionalidad y contra la agresión golpista e imperialista.

En todas ellas el Pueblo actuó, combatió y enfrentó a enemigos, pero a diferencia del nacionalismo santanista, trujillista y balaguerista, el patriotismo popular de aquellas epopeyas nunca disputaba la lucha para solventar la autoridad de alguien o la supremacía de un grupo, ni para arrebatar nada a nadie en virtud de la defensa nacional, sino todo lo contrario: restaurar la libertad y la soberanía para hacer de todos lo que debía ser de todos, recuperar lo que a todos debía pertenecer, liberarse, liberar, democratizar, popularizar. Por esto no debe extrañar que en aquellas gestas, en todas, se contara con combatientes y apoyos provenientes de otros países, incluyendo desde Haití en la mismísima gesta trinitaria: la lucha liberadora y democratizadora convoca voluntades y solidaridades; la lucha que privatiza, excluye, arrebata y exalta la opresión, aunque sea en nombre de la “defensa nacional”, termina desatando rechazo y repudio.

Nota 2. Los problemas de desnacionalización de dominicanos, la regularización migratoria al día de hoy, y las críticas recibidas.

En este momento, vuelve a ser necesaria la defensa de la dominicanidad con un sentido patriótico y popular, en vez de meramente “nacionalista”. Es decir, ejercer ese instinto patriótico teniendo presente que su sentido, en última instancia, es el rescate y el culto a plena dignidad humana; que todos los seres humanos que habitan la tierra dominicana gocen plenamente de los derechos que les asisten y los constituyen verdaderamente en humanos.

En su artículo de este siete de julio, el historiador y economista Bernardo Vega apuntaba algo que cualquiera que vaya a las fuentes primarias, videos, audios y documentos puede encontrar: las críticas más importantes a la situación migratoria y de nacionalidad en la República Dominicana no se refieren al justo y legítimo ejercicio de soberanía del Estado dominicano para organizar los flujos de inmigrantes… y añadimos: la mayoría de las voces críticas han exaltado –con razón- la virtud de la ley 169-14, el Plan de Regularización y la actitud del Presidente Danilo Medina.

Las críticas más bien se dirigen al tipo de ejercicio de la soberanía y sus resultados en términos de Derechos Fundamentales. Existe el lamentable historial de que la soberanía del Estado durante alrededor de ochenta años (1937-2013) se ha utilizado para terminar, en la práctica, estableciendo condiciones de indignidad y desigualdad inaceptables entre seres humanos, muchas veces a partir de su origen nacional o étnico, así como obligando al trabajo forzado, a la sobreexplotación y al desconocimiento de derechos legal y constitucionalmente establecidos, incluyendo la nacionalidad de descendientes de inmigrantes.

La lucha de muchos dominicanos y dominicanas por su dignidad y derecho a la Nacionalidad arrebata o no reconocida es lo que ha permitido menos abusos de los que ya hay, y merece atención y respeto. Debe ser el centro de la discusión, junto a lo que pase con los inmigrantes, seres humanos también, dignos de respeto y protección, sin que ello menoscabe la soberanía ni el rol del Estado, todo lo contrario. Foto: Listin Diario
 

Los últimos actos del uso injusto, abusivo y destructivo de la soberanía a favor de una supuesta defensa de la “nación” han sido la sentencia de 2005 de la Suprema Corte de Justicia, la resolución de 2007 de la Junta Central Electoral y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, todas ellas notoriamente transgresoras de principios jurídicos universales, violatorias de la Constitución dominicana (la anterior y la actual) y los pactos internacionales de Derechos Humanos que el Estado dominicano, en representación del Pueblo, ha suscrito. Para poner la tapa al pomo, una sentencia posterior, la 0256-14 del mismo Tribunal Constitucional, le quitó competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el Estado dominicano, violando nueva vez el principio de no retroactividad de las leyes y quitando a los ciudadanos la única protección supranacional contra abusos en la materia. 

Por eso dice Bernardo Vega que la “defensa del país”, esto es de las políticas oficiales en tema de nacionalidad e inmigración debe ser reenfocada y agregaríamos, humanizada, sustentada en la búsqueda de una solución digna y justa para los seres humanos de carne y hueso.

Además de esto, habría que decir y reconocer: todas las críticas que se hagan en el exterior, tienen como antecesoras las críticas y las luchas tesoneras de muchos dominicanos y dominicanas, que desde hace décadas y en especial en los últimos diez años han asumido la defensa de las víctimas de la desnacionalización en masa y de los derechos de los inmigrantes. Sin esa lucha no existiría siquiera debate ni la ley 169-14 impulsada por el poder ejecutivo para, en parte, restituir derechos ilegal e infamemente conculcados. Son estos dominicanos y dominicanas quienes tienen primero la palabra y merecen tanto respeto como respuestas satisfactorias.

Para ello, entre las cosas que deben hacerse es dar respuestas claras, consistentes y tranquilizadoras a dos problemas distintos y a la vez fundamentales, que son resaltados por Bernardo Vega:

¿Qué va a suceder con las personas víctimas reales o potenciales de la desnacionalización? y ¿qué va a pasar con todos aquellos que no pudieron acogerse al Plan de Regularización?

La Junta Central Electoral ha reconocido implícitamente -para cumplir con la ley 169-14- que se aplicó una injustificada y abusiva desnacionalización a través de sucesivas resoluciones, sentencias y prácticas de hecho en contra de personas nacidas antes del 18 de abril de 2007, y que afectó durante al menos ocho años la vida de 55 mil dominicanos y dominicanas (el famoso “grupo A”) a los cuales se les privó de sus documentos y sus derechos de estudiar, trabajar y vivir en igualdad de condiciones. A muchos de ellos todavía les sigue ocurriendo y todavía no encuentran solución.

Pero el problema va más allá. Por un lado hay 8775 dominicanos (el famoso “grupo B”) que, como muchos compatriotas, sufrieron durante décadas el problema del sub-registro de nacimientos y no tenían papeles, y a los cuales se les ha exigido postular a un programa de “naturalización”, que los obliga a declararse extranjeros en su propia tierra, para después, eventualmente, si tienen éxito, ser reconocidos como dominicanos. Esos 8775 compatriotas son tan sólo una parte de los que sufren igual condición, y que sólo contaron con 180 días de plazo para presentar los papeles que les acrediten, tal vez, con suerte, como lo que son: dominicanos. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con todos los dominicanos y dominicanas para quienes no fueron suficientes los 180 días de plazo o las dificultades tan grandes que no pudieron postular a un proceso como ese? A lo sumo, se les puede conformar con la idea, especulativa, que al reconocerse la nacionalidad de sus padres ellos también podrán inscribir su nacimiento. ¿Cuántos son? ¿De verdad tendrán solución? Nadie sabe.  Nadie responde.

Y, por otro lado, está una inmensa cantidad de personas de las cuales prácticamente no se habla, para la cual sencillamente no hay un solo documento ni discurso, que quiero llamar el “grupo X”: niños y niñas que a lo sumo tienen ocho años, nacidos entre 2007 y 2010, y que mediante acciones anti-constitucionales se les ha vulnerado su derecho a la nacionalidad en su Patria, la dominicana, y para los cuales ninguna ley ni sentencia tiene respuesta, y no pueden ser defendidos ya por ninguna instancia judicial supranacional. Estamos hablando de niños y niñas dejados sin nacionalidad, inscritos en el “Libro de Extranjería”, violando la Constitución pasada y presente y violando la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tal vez, si se quiere, les tocará otra nacionalidad, si tienen suerte y renuncian, o se les obliga a renunciar a la que tienen por derecho. 

El otro asunto planteado por Bernardo Vega, también es de importancia ineludible: La situación de decenas de miles y miles de inmigrantes, principalmente haitianos que –está demostrado en suficientes investigaciones y documentos históricos- llegaron a República Dominicana en condiciones de negocios privados de la tiranía y de los centrales azucareros norteamericanos, luego bajo contratos ilegales para el corte de caña que se hicieron durante los gobiernos dominicanos y haitianos en las décadas setenta y ochenta, posteriormente a través del tráfico de personas hacia el sector agrícola y la construcción, y más recientemente como parte de la descomunal ola migratoria generada con la crisis política-institucional (incluidos golpes de Estado)a partir de 1991 y el terremoto en Haití en 2010, ola migratoria hecha palpable también en países cercanos como Puerto Rico y países tan lejanos como Brasil.

Sobre esa población migrante, repetimos, ningún organismo serio ni gobierno responsable alguno ha cuestionado el derecho y deber del Estado dominicano de tomar medidas que la organicen y regularicen. Lo que pasa es que tanto en el exterior como en el país se sabe que todavía no se ha formulado una Política Migratoria nacional ni se conoce un Protocolo Oficial y público de repatriaciones y deportaciones, como tampoco se ha diseñado, organizado ni institucionalizado una Política Fronteriza inteligente, apegada a estándares internacionales y responsable que garantice la integridad territorial y a la vez enfrente la corrupción, el contrabando y la trata de personas… La gran inquietud crece, aún más, cuando se sabe que de los 288 mil inmigrantes inscritos (de un universo que al año 2015 debe haber alcanzado fácilmente los 700 mil), al día de vencimiento del plazo de inscripción (17 de junio pasado) quienes habían podido cumplir los requisitos no superaban los 5000 postulantes, es decir ni el 2% de los que llenaron su solicitud. ¿Qué pasará con todo el resto? Aún si la cifra de los efectivamente regularizados se multiplica por 10, con suerte se llegará al 20% de los registrados, problema repetimos, que no afecta a los que contaban con documentos de identidad haitianos, más allá de todos aquellos que no pudieron registrarse por tal motivo a lo que el embajador de Haití en RD ha llamado un fracaso de su gobierno. ¿Se ha evaluado la crisis económica, humanitaria y sus efectos en la frontera de esos resultados en el Plan de Regularización? ¿Acaso no se justifica discutir abiertamente sobre alternativas?

Nota 3. Hablando de política: Una nueva estrategia de defensa, para no terminar cayendo en la de siempre.

La defensa de la patria dominicana es siempre un deber, pero su sustancia consiste en la defensa de la dignidad de las personas, y en ello radica también su legitimidad. Los desnacionalizados dominicanos son parte inequívoca del Pueblo mayoritario al que estudia Pedro Mir, así como lo son sus ascendientes inmigrantes llegados y establecidos en República Dominicana… Similares al Pueblo, compartiendo su mismo drama (aunque en otro estatus jurídico) son la inmensa mayoría de los inmigrantes pobres y explotados, víctimas del abuso en su tierra de origen y partícipes aquí de relaciones laborales y de magros derechos básicos, en lucha desesperada por la sobrevivencia. 

La migración masiva de haitianos y haitianas hacia República Dominicana y ahora hacia muchos otros países: combinación terrible de la imposición de políticas coloniales, crisis humanitarias, una élite nacional sin compromiso con su pueblo, y toda una mafia y negocios privados-estatales que la utilizan como mano de obra depauperada. (En la foto, cascos azules arrestan a un ciudadano haitiano en Haití).

En la medida que el Estado dominicano, es decir los poderes públicos, la Constitución y las leyes actúen reconociendo y haciéndose cargo de la crisis que se fue acumulando con responsabilidades propias y estalló con las injustas e inconstitucionales sentencias y resoluciones, así como respetando y garantizando la plena e igual dignidad de las personas, resolviendo los atropellos y el drama al que se han visto expuestos tanto nacionales como inmigrantes… En esa medida podrá contar plenamente con la voluntad mayoritaria de dominicanos y de los ciudadanos conscientes de América Latina y el mundo.

Asimismo, nos viene muy bien, como fundamento de la nueva estrategia, basarnos en el sentido mismo de la soberanía nacional presente en la propia Constitución vigente, según la cual la soberanía del Estado dominicano “reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes” (artículo 2), pero a la vez la soberanía no es su finalidad sino una condición indispensable para cumplir con su función, expresada en el artículo 8: “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas” (nótese el sentido positivo de ambos artículos a la luz de las ideas de Pedro Mir).

Una Política Nacional Fronteriza: necesidad urgente para un verdadero y sano ejercicio de la soberanía nacional. Imagen: Cristian Jiménez
 

Para ello, insistimos, son urgentes algunas medidas no meramente diplomáticas y mucho menos en posición a la defensiva, sino de carácter político y social en lo nacional y en lo internacional, y pasa necesariamente por no ir al terreno de quien quiere hacer daño ni al terreno donde nos destruimos mutuamente, sino establecer nosotros mismos un terreno constructivo, donde podamos tener bases y posiciones sólidas:

1) Abrir a lo interno del país una discusión seria, rigurosa, con datos en la mano, y amplia, democrática y participativa, escuchando con respeto y apertura a quienes han luchado por años, sobre los problemas creados por las sentencias, leyes, resoluciones y políticas de 2005 a 2013, y que no pudieron resolverse ni con la Ley 169-14 ni con el Plan de Regularización, asumiendo así el liderazgo en la defensa y protección de los derechos humanos y la propia Constitución; 2) Asumir el liderazgo ganado ante la crisis del terremoto de Haití y que se ha visto deteriorado con los hechos y fricciones posteriores, y en línea con el discurso del presidente Medina en la ONU  convocar al foro internacional a ayudar a resolver la crisis haitiana con compromisos reales y verificables, haciendo claro la sobreabundancia de promesas incumplidas por las potencias, especialmente Estados Unidos, Francia y Canadá, y el fracaso de la gerencia del proceso en manos de partícipes-gestores del problema y no de la solución, como Bill Clinton; asimismo exigir a los gobiernos latinoamericanos un mayor compromiso y articulación en las acciones de cooperación; 3) Terminar de discutir y diseñar, aún más ampliamente, la Política Nacional de Derechos Humanos, la Política Nacional de Inmigración y la Política Nacional de Fronteras que institucionalice y organice por fin sobre todo estas dos últimas áreas de vital importancia para la soberanía nacional y la integridad territorial, sometidas por décadas a la corrupción y el negociado; 4) Bajar el tono de las confrontaciones tanto en cumbres como en comparecencias en la prensa, especialmente evitando declaraciones y señalamientos que generen malentendidos y conflictividad con quienes legítimamente representan a su país, a organismos multilaterales de los que es parte el Estado Dominicano, y quienes en el país tienen una posición legítima y consistente de defensa de los derechos humanos; y 5) Resolver con la mayor agilidad la reincorporación y rehabilitación de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el Estado dominicano.

Recalcamos: más allá de palabras fuertes de lado y lado, la soberanía nacional no ha sido cuestionada ni puesta en entredicho. Se puede verificar en las fuentes originales. Insistir en esto, como dice Vega, no lleva a nada. No tiene sentido defenderla ante instancias internacionales que –como la ONU, OEA y otros foros multilaterales- no son una amenaza en tanto tienen entre sus obligaciones y facultades asegurarse del cumplimiento de normativas universales, suscritas por los Estados miembros incluyendo el dominicano. En última instancia, que la OEA venga no violenta la soberanía pero tampoco garantiza nada: nuestra Historia y la de América Latina lo dice sumamente claro… nadie va a resolver bien lo que resolvamos por nosotros mismos(as).

Tampoco tiene mucho sentido tiene seguir defendiendo la “soberanía” y convirtiendo en tema de prioridad nacional –por encima del problema interno y externo real- los pensamientos o dichos de funcionarios del gobierno haitiano (con el cual hay que tratar y tratar de bajar el conflicto, que no ha cuestionado los derechos del Estado dominicano y que administra un país invadido y ocupado, asolado por el terremoto y el cólera), la alcaldía de Nueva York (ni siquiera es el embajador de Estados Unidos en el país), Human Right Watch (una ONG) o el New York Times (un periódico). Ninguno de estos  actores la pone realmente en juego. Aunque suene bien figurarlos como una auténtica “conspiración internacional”, seguir en esto es una lucha llena de crispación que da réditos a algunos en el corto plazo pero en cuanto al interés nacional sólo desgasta y afecta al país; es un accionar que agrava la vulnerabilidad de las víctimas reales y no responde a los sufrimientos, graves situaciones y potenciales crisis que, como se ha indicado, siguen pendientes.

Pero, más allá, de seguir con esta estrategia equivocada –como la ha valorado Bernardo Vega- y se erige una defensa pánfila de la “nación” pero desviada y desorientada por el sentido de urgencia que son los foros internacionales, la imagen-país, la reputación de las figuras políticas y el nunca ausente oportunismo de burócratas hipócritas que en todo el mundo medran en busca de causas y conflictos con las cuales lucrar… entonces se entrará en un laberinto, tornándose en una defensa ciega y muda ante la tragedia real y palpable de los seres humanos que reclaman estrictamente los derechos que le asisten y el cumplimiento de la legalidad.

 

Con ello, se estará creando otro problema político más. No resolver y acumular más injusticias, no resolver el problema migratorio ni el de la desnacionalización, y terminar enajenándose las simpatías de los hombres y mujeres que pueden ayudar a evadir el laberinto y, más allá, ser la base de posiciones crecientemente más progresistas y justas. Es el peligro de enajenar del debate al Pueblo real y concreto y terminar alejándose del sentido histórico que en República Dominicana y América Latina ha tenido la genuina defensa patriótica, es decir, popular, humana, liberadora y democrática, escribiendo las más hermosas epopeyas nacionales. Se terminará privando de una verdadera nueva mayoría de voces constructivas, valientes y honestas, para que terminen recobrando la palestra una minoría que –tal y como aquellos a quienes acusa- causan abusos, viven del conflicto y no de las soluciones.

El costo de esto es  perder la atención de los temas pendientes que deberían entrar en una discusión seria, rigurosa y abierta, y volver a dar paso y fortaleza, peligrosamente, a quienes en vez de cómo dijo Juan Bosch usan la “patria” y no le sirven, no la ven como ara sino como pedestal, parafraseando a Martí, y creen en la “nación” sin pueblo, y sólo ven su defensa en arrebatar, privatizar, excluir, oprimir, dominar, denigrar. Esos que han legislado siempre, sentenciando siempre, y en la práctica rebajando derechos y menoscabando dignidades. Duele decirlo: agrediendo a la Patria para luego salir a “defenderla”.

Por encima, desde adentro, en patriotismo constructivo y democrático, rescatemos a Juan Pablo Duarte y su proyecto de Constitución: “la ley es la voluntad general, expresada por la mayoría de los ciudadanos o sus representantes…”, nunca para un poder extranjero ni tampoco para una minoría, pues “la Nación dominicana, siempre será libre e independiente, y no es ni podrá ser jamás parte integrante de ninguna otra nación ni patrimonio de familia ni de persona alguna…”… Rescatemos la idea hermosa que nos legó el prócer, también -¡cómo olvidarlo!- maltratado, violentado y desterrado: “Sed justos lo primero, si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre; y ser unidos, y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos, y la patria será libre y salva“. 

Fuente: http://pensamientoinsurrecto.com/una-politica-buena-en-defensa-de-la-dominicanidad-notas-para-aportar-a-la-reflexion/


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