Una marcha con licencia para matar

El sábado 2 de abril se cumplió la marcha convocada por la derecha colombiana contra el actual gobierno; uno de los puntos de la protesta es el proceso de paz que se adelanta con las fuerzas insurgentes del país; incluyen otras consignas contra la corrupción, la carestía, la desnutrición, que  se tornan inconsecuentes si se  considera la trayectoria de los convocantes, quienes realmente utilizan muy bien el momento económico, político y social para aparecer
como conscientes luchadores por la moral, la ética, la justicia, la constitución y contra la miseria; elementos que se usan como una cortina de humo para ocultar su compromiso con las causas que precisamente generaron y así entorpecer el avance de la justicia, que los está llamando a cuentas para que respondan por sus actos delictivos, los mismos que contradictoriamente dicen repudiar en sus discursos.
 
No se sabe de la objetividad de la conciencia ni del poder económico de los sectores que los acompañaron, pero es un respaldo que la ultraderecha interpreta como una extensión de la licencia para matar; renovando de esta forma sus votos de compromiso con la muerte. Son innumerables las pruebas y testimonios que tiene la fiscalía contra quienes sembraron el terror en el país -con mayor crudeza en los últimos 30 años- cuando decidieron hacer justicia por sus propias manos, actuando en la ilegalidad desde lo oficial e institucional, desdibujando el carácter moral, ético, social y humano del contrato social cobijado en una constitución republicana que debe estar orientada a proteger a sus ciudadanos por su sola nacionalidad y esencia humana. Situación de anormalidad, inmoralidad e ilegalidad que quieren mantener en la nación, bloqueando cualquier avance civilizatorio basado en la reconciliación y en el respeto por la vida.
 
No es casual que coincidan en el tiempo, un paro armado criminal y el frente político en marcha callejera. ¡Nunca más volverán a doblegar al país ni al pueblo colombiano!.
 
Es bueno analizar que es lo que provoca la protesta de los sectores retardatarios en el país. De acuerdo con los informes desde la oficina del alto comisionado para la paz, el proceso establece en sus puntos básicos que hay que terminar el conflicto; que las víctimas están en el centro de la discusión; que las conversaciones se desarrollan sobre puntos concretos, pero no solucionan todos los problemas del país; que se han logrado avances históricos; que las conversaciones son del dominio público; que se ha garantizado la participación de los colombianos; que habrá dejación de armas y reincorporación a la vida civil, pero no se limita a eso; que la paz es de todos y con todos; que se abrirán nuevos espacios para la convivencia y la reconciliación. Y sobre todo que no habrá impunidad. Es precisamente este último punto el que moviliza a los llamados a responder ante la ley, la historia, la sociedad y la ciudadanía. Los demás discursos de  carácter reivindicatorio no son más que envolturas políticas que chocan con la historia y la realidad actual del país.
 
El proceso de paz no transcurre según como ellos le informan fraudulentamente al país, ni será como ellos quieren. Se espera una respuesta clara de la institucionalidad estatal que respalde los acuerdos y abra a la sociedad a opciones más civilizadas y más humanas; pues, en Colombia no queremos saber de un muerto más, según lo sella el punto 6 de las conversaciones, referido a  “implementación, verificación y refrendación”.