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Especialistas presumen que Morales limitará los beneficios de los programas sociales dirigidos a las personas en pobreza extrema.

Especialistas presumen que Morales limitará los beneficios de los programas sociales dirigidos a las personas en pobreza extrema. | Foto: Reuters

Publicado 22 enero 2016
Mientras Guatemala estrena nuevo presidente, el país aún lucha para resurgir de las cenizas de su pasado antidemocrático.

Jimmy Morales, un excomediante atraído por la política y al que se le llama el Donald Trump de Guatemala, comenzó su periodo presidencial el jueves. Al mismo tiempo, el presidente y vicepresidente, que habían sido previamente elegidos y que están acusados de corrupción, presenciarán desde las rejas el ascenso del comediante.

Para impulsarse hasta la presidencia, Morales usó hábilmente el escándalo de corrupción en los impuestos y aduanas conocido como La Línea, además de la indignación pública que esto causó. La Línea involucró a los principales partidos políticos y más de un centenar de funcionarios públicos y empresarios que desfalcaron más de 120 millones de dólares.

“El descrédito de la política tradicional le fue útil, una vez más, y él la capitalizó de manera muy inteligente”, señaló Jo-Marie Burt, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad George Mason e investigadora en la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).

El eslogan de la campaña de Morales fue “ni corrupto ni ladrón” y pudo haber incluido “ni político”. Su experiencia en política es nula y, además, nunca ha tenido un cargo público; sin embargo, ese fue uno de sus puntos más resaltantes y le permitió venderse exitosamente como alguien ajeno a la política, en un país donde el descontento hacia los políticos de oficio crece cada vez más. La plataforma anticorrupción de Morales hizo eco en los votantes que obviaron el hecho de que su plan de campaña no presentaba muchas palabras ni propuestas políticas concretas pues el programa apenas tenía seis páginas de extensión. Sin embargo, aplastó a la ex primera dama, Sandra Torres, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado octubre con el 68 por ciento del electorado.

En abril, cuando se develó la red de corrupción que se creía era liderada por Pérez Molina y la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, luego de casi un año de investigaciones, miles de guatemaltecos de todos los estratos sociales tomaron las calles para desahogar su ira. Esto no tenía precedentes en un país que resurgía de las sombras luego de 36 largos años de guerra civil y el genocidio del gobierno que dejó más de 250 000 guatemaltecos, mayas principalmente, muertos y desaparecidos.

El conflicto oficialmente finalizó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, aún continúa la sistemática violencia y represión estatal, aunque en menor escala. En gran parte, esto se ha debido a la impunidad institucionalizada y el fracaso en la condena a los criminales de guerra, algunos de los cuales todavía mantienen cargos de alto nivel en las instituciones del Estado. De hecho, el ex presidente Pérez Molina fue general durante la guerra en los años 80; él lideraba un batallón en Ixil, al oeste del país, donde hubo más actos de violencia. Por lo tanto, no es una sorpresa que durante su presidencia, que comenzó en 2012, se incrementó significativamente la violencia contra los defensores de los derechos humanos.

En septiembre, durante el pináculo de las protestas y luego del arresto de Pérez Molina, conversamos con Victoria Sanford, profesora de Antropología y directora del Centro para los Derechos Humanos y Estudios de la Paz en Lehman College, de la Universidad de la ciudad de Nueva York y autora de Buried Secrets: Truth and Human Rights in Guatemala. Ella expresó que lo más importante de estas protestas era que los guatemaltecos habían sido capaces de “superar la cultura de miedo y terror, legado de los regímenes militares apoyados por Estados Unidos”.

Sanford comparaba la explosión de las enormes protestas y la caída de Pérez Molina a la “primavera democrática” guatemalteca de 1944; en ese entonces, un levantamiento popular derrocó al dictador apoyado por Estados Unidos y dio paso a una década de democracia que la CIA se encargo de terminar, prematuramente, con un golpe en 1954.

“Significa que Guatemala está en el camino democrático y muchos lugares podrían aprender de ellos”, señaló Sanford al referirse al movimiento de protesta del año pasado. “Fue un derrocamiento pacífico de lo que en realidad era un gobierno militar”.

Burt (WOLA) compartió la misma opinión cuando conversamos con ella telefónicamente; llamó a Guatemala una “sociedad traumatizada” debido al sangriento conflicto interno.

“Veo una ruptura con el pasado”, expresó Burt. “Veremos si pueden mantener el empuje”.

Pero el pasado aún acecha a pesar de que una gran mayoría de los guatemaltecos quiere olvidarse de él. Aunque el presidente Morales se considera que no es un político de oficio, su partido Frente de Convergencia Nacional fue fundado por ex miembros militares vinculados a abusos a los derechos humanos durante la guerra civil. De hecho, la semana pasada, la fiscal general, Thelma Aldana, anunció que busca el arresto de Edgar Justino Ovalle Maldonado, uno de los fundadores del partido de Morales y entre los principales asesores del presidente. No obstante, se lo impide la inmunidad legislativa de la que goza Ovalle, aunque ella ya solicitó a la Suprema Corte que se le revocara.

Asimismo, Ovalle Maldonado es egresado de la Escuela de las Américas, al igual que 12 de los 18 exoficiales arrestados la semana pasada cuando la fiscal general anunció la intención de apresar al asesor del presidente. La Escuela de las Américas cambió su nombre en 2001 a Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad y es un instituto del ejército estadounidense que está ubicado en Fort Benning, Georgia. Dicha institución posee un largo historial en el entrenamiento de soldados latinoamericanos en contrainsurgencia, ejecuciones y tortura.

“Algunos de estos arrestos que ocurrieron la pasada semana son un duro golpe a sus aliados políticos”, señaló Burt. “Pienso que es una especie de terremoto dentro del círculo de confianza de Jimmy Morales”.

Kelsey Alford-Jones, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, declaró que los arrestos “serán una prueba para la estrategia de justicia de Morales en relación con las violaciones de los derechos humanos en el pasado”.

“Si los ciudadanos sienten que existen problemas similares en el nuevo gobierno, no tardarán en tomar las calles de nuevo”, afirmó Alford-Jones.

Es muy difícil predecir lo que la presidencia de Morales va a aportar a Guatemala; él aún debe nombrar un gabinete y elegir la representación de su partido al congreso, además que se resiste a revelar un plan concreto de políticas y prioridades. No obstante, si Morales no actúa en áreas como la pobreza, la justicia transicional y la corrupción, la ira del pueblo podría explotar nuevamente.

Una de las cosas que expresó Sanford antes de que el triunfo de Morales se convirtiera en la culminación exitosa de las protestas de 2015 fue: “Quien se convierta en presidente no tendrá el mismo poder que otros presidentes tuvieron en el pasado”. Si esto es cierto, podría ser una de las facetas más promisorias del gobierno de Morales porque tendría el espectro de la fiscalización pública sobre él. Y si Guatemala pretende seguir aplicando medidas duras a la corrupción y la impunidad y lograr avances democráticos, en gran parte dependerá de la capacidad de la sociedad civil de movilizarse con éxito para presionar a la élite política que duda o no desea emprender concesiones y reformas importantes.


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