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Para que regrese la justicia a Honduras no bastará con dar el tiro de gracia a la bestia que agoniza hoy.

Para que regrese la justicia a Honduras no bastará con dar el tiro de gracia a la bestia que agoniza hoy. | Foto: teleSUR

Publicado 1 febrero 2016
La Corte Suprema de Justicia recibió a partir de junio de 2009 centenares de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, tiene registradas miles de peticiones de protección a las víctimas. Nunca actuó. 

Inicia Febrero y Honduras sigue sin Corte Suprema de Justicia. Esto podría sonar muy alarmante para cualquier país del mundo, pero en el corazón de Centro América significa solo la prolongación de un par de días más, luego de siete años sin justicia.

Como una gigantesca bestia herida, el actual poder judicial en Honduras tarda en morir. La incapacidad del Partido Nacional de lograr los votos necesarios para imponer una lista de magistrados a la medida de los deseos del Presidente Juan Hernández ha permitido que la peor Corte Suprema de Justicia en la historia hondureña no termine de irse, que deambule en un infame limbo esperando el tiro de gracia.

Esta semana se espera sean conocidos los siete magistrados que completarán el número de 15 magistrados que estipula la Constitución. Ya se probó una comisión que propuso una nómina y falló, luego se pasó al voto directo de los legisladores pero apenas ocho candidatos lograron los votos necesarios. Veremos que metodología es puesta a prueba esta semana.

La peor Corte

En siete años la agonizante Corte Suprema de Justicia de Honduras pasó por cuatro gobiernos, avaló un Golpe de Estado y criminalizó a más de 5,000 luchadores sociales la mayoría campesinos y campesinas.

El pleno encabezado por el abogado Jorge Rivera Avilés fue juramentado el 27 de enero del 2009 luego de fuertes negociaciones en las que la participación de la Embajada de los Estados Unidos llegó al punto de reunir a la dirigencia política en las oficinas del Estado Mayor Conjunto del Ejercito la noche de aquel 25 de enero para asegurar, bajo amenaza, que el Poder Judicial fuera nombrado sin atrasos ni sorpresas.

Desde su instalación en el Palacio de Justicia los nuevos magistrados comenzaron con enfrentamientos contra el Presidente José Manuel Zelaya Rosales, quien pretendía realizar una consulta para abrir paso a una posible nueva Constitución de la República.

Según la Corte lo que Zelaya hacia era ilegal y hasta criminal. Violaba la constitución al amenazarla queriendo consultar al pueblo. Para muchos analistas el Golpe de Estado contra Zelaya no se realizó el 28 de Junio del 2009 si no seis meses antes, aquella noche de enero en las oficinas de las Fuerzas Armadas, cuando los Estadounidenses consolidaron un aparato judicial a su servicio.

Zelaya destituyó al Jefe del Ejército Romero Vásquez el 25 de junio del 2009 por desobediencia al no querer desarrollar el proceso de consulta y el día siguiente la Corte Suprema de Justicia lo restituyó, asegurando una de las piezas claves para el asalto a la democracia.

Golpe de Estado

La madrugada del 28 de Junio de 2009 las Fuerzas Armadas asaltaron la casa del Presidente Zelaya, a base de tiros lo secuestraron y sacaron del país. Hasta el día de hoy los militares sostienen que actuaron bajo órdenes de los tribunales. Horas después ese día la diputada Marcia Villeda y el entonces diputado Juan Orlando Hernández presentaban una supuesta carta de renuncia firmada por el Presidente Zelaya. La carta era falsa pero aún no existe ninguna acusación formal por falsificación de identidad o de documentos públicos.

El Poder Judicial acompañó al gobierno de facto impuesto esa mañana, que era encabezado por el entonces Presidente del Congreso Nacional Roberto Michelletti. Los magistrados que ya eran elementos activos del Golpe de Estado comenzaron a convocar obligatoriamente a los empleados del sistema de justicia a sumarse a las movilizaciones de apoyo al golpe militar.

Quienes no asistían se les despedía sin importar si eran incluso jueces. El año pasado los representantes del gobierno perdieron la demanda del caso Lopez Lone y otros contra el Estado de Honduras en la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por la destitución de jueces y magistrados en esos días de 2009. La sentencia dice claramente que la Corte Suprema fue parte del Golpe de Estado y actuó sin objetividad ni imparcialidad.

La Corte Suprema de Justicia recibió a partir de junio de 2009 centenares de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, tiene registradas miles de peticiones de protección a las víctimas. Nunca actuó. Ni contra el cierre ilegal de medios de comunicación, ni contra las detenciones arbitrarias, ni contra los Estados de Sitio, ni contra la tortura ampliamente registrada, ni contra los asesinatos ocurridos durante manifestaciones de ciudadanos y ciudadanas desarmadas, ni contra los sistemáticos asesinatos de más de 200 miembros de la Resistencia Popular en el periodo de 2009 a 2011.

Sin embargo en junio del 2011 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras aseguró que lo ocurrido en 2009 fue un Golpe al Poder Ejecutivo solamente, librando irresponsablemente a un Poder Judicial que aunque bien no había sido asaltado por los militares, carecía de todo tipo de legitimidad y se mantenía en funciones.

Es importante decir que la actual Corte Suprema de Justicia es la única estructura aun en pie de aquella administración que dirigía Manuel Zelaya en 2009 y que se volvió en contra suya y de la mayoría del pueblo hondureño.

Las cabezas golpistas de la Fuerzas Armadas hoy están todas en retiro, el gabinete del Ejecutivo hace mucho dejó sus oficinas, el Congreso Nacional hoy está inundado por nuevas fuerzas políticas y nuevos rostros. Podemos decir que ir a la Corte estos días es la última oportunidad de ver de primera mano a uno de los episodios más nefastos de la cronología política de la región.

Impunidad

El retorno del Presidente Manuel Zelaya al país en mayo del 2011 marcó otro hito para la hoy agonizante Corte. Zelaya había logrado entrar al país en Septiembre del 2009 pero fue forzado por las Fuerzas Armadas a permanecer cuatro meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa recibiendo él y sus acompañantes todo tipo de acciones intimidatorias y privativas. Su retorno en 2011 era en condiciones de libertad luego de los acuerdos de Cartagena con el entonces presidente Porfirio Lobo.

Se había asegurado poner un alto a la persecución contra el gabinete de Zelaya, cosa que no sucedió ya que todos los ministros que se mantuvieron leales al mandatario han sido constantemente acusados en los tribunales a lo largo de estos casi siete años.

A quienes si se les dio todo tipo de absolución fue a los militares. Debido a que los crímenes de lesa humanidad no son prescriptibles la Corte Suprema de Justicia realizó un fino trabajo de tergiversación de cada acusación presentada y registrada. Nunca se permitió que se estipulara la tortura como un hecho, si no que a lo mucho a los elementos policiales y militares señalados se les desarrollaron los casos como de Abuso de Autoridad o de malas actuaciones de los Funcionarios Públicos.

Impunes los militares y sorda la recepción de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, bajo la complicidad de la justicia hondureña se movían fuerzas igual de oscuras y violentas que las que mataron manifestantes a sangre fría. Sin que la población lo supiera el territorio nacional era cubierto por la más espesa sombra de la corrupción.

El gobierno de Lobo producto de elecciones controladas por las Fuerzas Armadas heredó un poder sin contrapesos, en el que se comenzaron a robar los recursos públicos por millares. Al final de esa administración más de 10,000 millones de lempiras habían sido sustraídos (500 millones de dólares). El Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS fue el más golpeado con alrededor del 350 millones de dólares desfalcados.

El único espasmo de acción en el coma que vivía la Corte Suprema se dio en agosto del 2013 cuando el presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández aprobó, violando la soberanía nacional la creación de las Ciudades Modelo. Estas eran concesiones de territorio donde transnacionales podrían tener total potestad jurídica y legal sobre las poblaciones que ahí residirían o trabajasen. Pequeños Estados independientes y corporativos dentro del territorio nacional. La Sala de lo Constitucional salió a decir que la acción del Legislativo violaba la Carta Magna.

La respuesta de Hernández, que ya era el candidato presidencial del oficialista Partido Nacional, fue destituir a la los cuatros magistrados de la Sala que lo enfrentaba. En una descarada violación de la independencia de los poderes los diputados cambiaron a los magistrados. El Presidente del Poder Judicial no mostró siquiera malestar por el Golpe que había recibido desde el Congreso.

Intervención

Con esta acción Hernández hacia alarde de su control en el Poder Legislativo y el Judicial. En septiembre del 2013, un mes después de la destitución de los cuatro magistrados se juramentaba el recién creado Consejo de la Judicatura. El poder Judicial dividía su dirección en dos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia asumía las responsabilidades jurídicas y el Consejo de la Judicatura se encargaría de las acciones administrativas, en otras palabras contrataría jueces y velaría por su comportamiento. Podría despedirlos también.

El domingo 24 de noviembre de ese 2013, 3.2 millones hondureños acudieron a las urnas a votar por la Presidencia de la Republica, Congreso Nacional, Parlamento Centroamericano y Alcaldías. El Tribunal Supremo Electoral declaró como ganador al Presidente del Congreso Nacional, el abogado Juan Orlando Hernández.

En la siguiente semana de la elección el Partido Libertad y Refundación LIBRE, que fue creado por el Frente Nacional de Resistencia Popular y cuya militancia se nutre de los diferentes sectores que enfrentaron al Golpe de Estado del 2009, presentaba pruebas de irregularidades en 3,000 actas electorales.

La candidata Xiomara Castro que representaba a este instituto político llegó a la Corte Suprema de Justicia con pruebas en mano exigiendo la anulación del resultado presentado por el Tribunal de Elecciones. Las pruebas fueron recibidas pero ninguna investigación fue iniciada. Hernández llegaba a la Presidencia con el apoyo del poder Judicial que él mismo había modificado apenas tres meses atrás.

Criminalización

La justicia hondureña presenta actualmente una mora judicial de cinco años, eso quiere decir que un caso en el país tarda ese tiempo en ser atendido. Sin embargo y sin que esto sea contradictorio, más de cinco mil activistas, dirigentes campesinos y defensores de los recursos naturales y de los territorios de los pueblos originarios están actualmente acusados de diversos crímenes y obligados a presentarse constantemente a los tribunales, en muchos casos con detenciones temporales.

Un caso emblemático es el del campesino José Isabel Morales “Chabelo” quien fue liberado en octubre de 2015 luego de siete años de prisión a pesar de que las pruebas de su inocencia eran contundentes.

Durante los dos años que existió esta Corte dentro de la Presidencia de Juan Orlando Hernández, a la impunidad y el encubrimiento se le sumó la persecución criminal como herramienta política. Estudiantes universitarios enviados a los tribunales por exigir el derecho a la educación pública, poblaciones desalojadas violentamente de sus tierras por el ejército y la policía y luego criminalizados, dirigentes políticos, magisteriales y obreros con juicios.

La extorsión utilizando la Corte Suprema contra diputados de la oposición se ha vuelto una constante. Destapados los actos de corrupción en el gobierno de Porfirio Lobo y señalados actuales funcionarios comenzando con el Presidente de la Republica hizo que la maquinaria de la criminalización se enfocara a la prensa que enfrentaba al gobierno y lo acusaba de corrupto.

El caso más ejemplar es el del director de noticias de Radio Globo, David Romero Ellner, quien ha sido la voz más fuerte dando a conocer el desfalco del IHSS. Romero Ellner fue acusado de manera privada por difamación y la Corte Suprema estaba dispuesta a mandarlo a la cárcel por 16 años. Fue la presión popular la que literalmente en julio del 2015 sacó a la fuerza al periodista de los tribunales para evitar su envió a prisión. La presión popular ha sido continua y los magistrados no se han atrevido a retar tan frontalmente a la ciudadanía.

Fue Romero Ellner quien registro el testimonio de los primeros jueces quienes aseguraron que el Consejo de la Judicatura era la herramienta del Presidente Hernández para atrasar la justicia contra sus aliados y criminalizar ágilmente a sus detractores. La denuncia llevó a la destitución del vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, quien era el responsable de dar a conocer los deseos “del hombre” como se conoció se refería al Presidente Hernández en llamadas grabadas con diversos jueces.

Por estas razones y seguramente otras más es que la Corte encabezada por Rivera Avilés se ha ganado el título de la peor Corte en la historia de Honduras. Sin embargo esta semana los y las magistradas seguirán yendo a sus despachos mientras el Congreso Nacional se ponga de acuerdo y juramente al nuevo pleno de magistrados.

A pesar de las presiones por escoger prontamente una nueva Corte, es necesario que los y las legisladores se tomen el tiempo para escoger bien, más que simplemente nuevas caras es imperativo un nuevo Poder Judicial.

Para que regrese la justicia a Honduras no bastará con dar el tiro de gracia a la bestia que agoniza hoy.


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