La UE desobedece la Convención de Refugiados de 1951

El pasado octubre, un bote que transportaba a migrantes de Eritrea, Somalia y Ghana, naufragó en la isla italiana de Lampedusa. El accidente le quitó al vida a más de 360 personas. Se reportó que el bote zarpó desde Libia, uno de los principales países de éxodo de personas que migran a Italia.

José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, visitó Lampedusa acompañado por el entonces primer ministro de Italia, Enrico Letta. Barroso prometió 30 millones de euros a Italia para ayudar a los refugiados. Barroso dijo que la tragedia lo "entristeció e impactó" mientras Enrico Letta se disculpó por las deficiencias de Italia en relación a un suceso como este "y que el accidente fue una inmensa tragedia".

Sin embargo, solo ocho días después, 34 migrantes provenientes de Siria y Palestina se ahogaron cerca de Lampedusa. De nuevo, el 30 de junio, los cuerpos inertes de 30 migrantes fueron encontrados en la costa de Sicilia.

Algunas veces las muertes de migrantes que intentan llegar a Europa obtienen los titulares, algunas veces no.

El 16 de abril, el Parlamento Europeo aprobó un proyecto de regulación para Frontex, en aras de coordinar la vigilancia de las fronteras externas de la unión. Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, refuerza y agiliza la cooperación entre las autoridades fronterizas nacionales.

De acuerdo con un comunicado de prensa oficial de la UE, "la nueva regulación se aplicará a las operaciones en el mar coordinadas por Frontex. Sus disposiciones en la intercepción, así como en las situaciones de búsqueda, rescate y desembarque serán completamente vinculantes".

Entre las tareas más importantes de Frontex está la de prevenir la "inmigración ilegal". Aunque Frontex, en sus propias palabras, "promueve, coordina y desarrolla la gestión de la frontera europea en sintonía con la carta de derechos fundamentales de la UE", el actual expediente de la agencia habla por si solo.

Según los ´Archivos Migrantes´, un proyecto de investigación cuyo objetivo es informar al público la cifra de muertes causadas por las políticas de los Estados Miembros de la Unión Europea, más de 23 mil personas han fallecido en el trayecto hacia Europa desde el año 2000.

Entre 1992 y 1995, aproximadamente 400 migrantes perdieron la vida. Frontex se creó en el 2004. Desde entonces, las cifras han ido en aumento. Por ejemplo, entre 2008 y 2011, el número de muertos era de alrededor de seis mil. Es bueno enfatizar que ningún Estado miembro o institución de la UE publica estadísticas sobre estas víctimas.

La problemática posición de la UE hacia la inmigración no es nada nueva. Aquellos no-europeos que huyen de sus países de origen debido a la guerra o persecusión son a menudo no bienvenidos en Europa.

Los Estados miembros de la UE y Frontex están obligadas por la ley nacional, internacional y europea a respetar los derechos humanos cuando tratan con migrantes. La piedra angular del asilo y la ley internacional de refugiados se basa en el principio de no-devolución que establece:"Ningún Estado signatario deberá expulsar o devolver a un refugiado de ninguna manera ni modo a las fronteras o territorios donde su vida o libertad se vean amenazadas por su raza, religión, nacionalidad, afiliación a un grupo social en particular u opinión política".

En el 2012, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Italia por la repatriación de migrantes a Libia. En la histórica decisión de Hirsi, la corte encontró que Italia había violado la prohibición de trato inhumano y degradante, la prohibición de expulsión colectiva y el derecho a la solución eficaz.

En el caso de Hirsi vs. Italia, 11 somalíes y 13 eritreos fueron interceptados en alta mar, cerca de Lampedusa, por autoridades italianas. Fueron deportados a Libia sin otorgarles la oportunidad de presentar su caso y sin ser identificados.

La Corte Europea de Derechos Humanos había argumentado en el fallo Hirsi que cada persona en barco debe tener acceso a intérpretes, asesoría legal y que cada circunstancia individual debe ser abordada. Ante la pregunta del respeto al principio de no-devolución y el procedimiento de asilo justo, la Resolución Mínima de Garantías afirma: "A fin de asegurar efectivamente el principio de no-devolución, la medida de no expulsión será llevada a cabo siempre y cuando no se haya tomado una decisión en la aplicación de asilo".

No obstante, muchos de los Estados miembros de la UE han violado y siguen violando disposiciones cruciales de la ley de derechos humanos europeas. 
Otro caso en 2011, en medio de la guerra civil libia, 72 migrantes de Trípoli perdieron el control de su embarcación luego de quedarse sin combustible. Emitieron señales de socorro cada cuatro horas por diez días contínuos.

La Guardia Costera italiana recibió estas señales de socorro y el bote tuvo varios momentos de contacto con un helicóptero militar, un buque militar y dos embarcaciones pesqueras.

Luego de 15 días, la embarcación arribó de vuelta a la costa libia con 63 muertos. El buque militar violó sus obligaciones de rescatar a personas en peligro. 
Dan Haile Gebre, uno de los sobrevivientes, describió el encuentro con las autoridades italianas de esta manera: "Al principio el barco estaba muy lejos. Quizás a 700 metros. Luego nos hicieron círculos, tres veces, hasta que vinieron muy cerca. Nosotros los mirábamos, ellos nos miraban. Les mostramos los muertos. Bebimos agua del mar para demostrarles que estábamos sedientos. Las personas del barco tomaron fotos, más nada".

De acuerdo a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH, por sus siglas en inglés), considerada la más antigua organización de derechos humanos en el mundo, solo en el 2011, más de dos mil personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo, durante la crisis libia. 
Al mismo tiempo, también durante la guerra civil libia, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Catherine Ashton, condenó a las autoridades libias. Su formulación merece ser citada completa:

"La Unión Europea está extremadamente preocupada por los eventos que se producen en Libia y la altísima cantidad de manifestantes muertos que se han reportado. Nosotros condenamos la represión contra manifestantes pacíficos y deploramos la violencia y la muerte de civiles. 
La UE urge a las autoridades a ejercer la restricción y la calma y a que inmediatamente se abstenga de usar la violencia contra manifestantes pacíficos. La libertad de expresión y el derecho a reunirse, conforme a lo dispuesto en particular por el Convenio Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, son  derechos humanos y libertades fundamentales de cada ser humano que deben ser respetadas y protegidas".

Es interesante que estas preocupaciones sobre derechos humanos y libertades fundamentales no fueron vistas justo un año antes, en el 2010, cuando la UE estaba se mostraba entusiasta en lograr un acuerdo con Muammar Gaddafi.

La cooperación de la UE y Frontex con Libia en el tema de política migratoria y refugiados es dudosa puesto que Libia no es signataria de la convención de refugiados de Naciones Unidas de 1951. La UE es cofundadora de varios acuerdos con Libia sobre control migratorio. La cooperación de la UE y Frontex con un Estado que rechazó organizaciones de derechos humanos independientes y ordenó a la agencia de refugiados de Naciones Unidas, UNHCR, a abandonar el país, habla inmensamente del compromiso de Europa con los derechos humanos.

Aunque Médicos Sin Fronteras (MSF), ha reclamado que las autoridades griegas se adhieran a sus obligaciones, muy poco se ha hecho. MSF enfatiza que "en los lugares de detención, la sobrepoblación, calefacción inadecuada, agua caliente insuficiente , ventilación pobre , falta de acceso al aire libre y una dieta deficiente contribuyen al surgimiento y propagación de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y músculoesqueléticas entre los detenidos.

La detención también es perjudicial a su salud mental: síntomas de ansiedad, depresión y manifestaciones psicosomáticas se observan en muchos, mientras no es raro para migrantes desesperados irse a huelga, autoflagelarse y hasta cometer suicidio. Otros miembros de la UE e instituciones europeas no pueden continuar eludiendo su cuota de responsabilidad".

Muchas organizaciones de derechos humanos han resaltado que el nuevo reglamento de Fortex no satisface los criterios establecidos por la Corte Europea de Derechos Humanos en el fallo de Hirsi de alta mar.

Benjamin Ward, Director Adjunto del Observatorio de Derechos Humanos ha externado su preocupación: "La regulación propuesta calla ante la cuestión de apelar con efecto suspensivo, el acceso a intérpretes y asistencia legal. En la práctica, es dificil ver como esas protecciones podrían ser aplicadas a las personas a menos que hayan sido traídos a territorios de la UE luego de los primeros chequeos a bordo de las embarcaciones". Dicha conducta viola las salvaguardas procesales elaboradas en el caso Hirsi.

Otro problema, según Ward, es que la regulación propuesta continúa permitiendo a Frontex devolver barcos que se encuentren en aguas internacionales en dirección a la UE, sin considerar las necesidades de protección de aquellos a bordo.

Las ilegales y sistemáticas devoluciones no solamente ocurren en alta mar sino también en las fronteras terrestres. En 2012, UNHCR emitió una resolución donde estipula que aquellos que huyen de Siria sean tratados de una manera que respete y garantice los estándares humanitarios mínimos, incluyendo el acceso al territorio,  seguridad y protección de la devolución. A pesar de estos mas bien inequívocos requerimientos de la UNHCR, los refugiados sirios son contínuamente devueltos a las fronteras griegas.

No obstante la vecindad geográfica de la UE y Siria, sin hablar de los vastos recursos de la UE, quizás no resulte sorprendente que, a la luz de tales políticas de la UE-Frontex, sólo tres por ciento de 2,7 millones de personas que huyen de la guerra civil siria han buscado refugio en la UE.

* Airin Bahmani Es un periodista investigador especializado en temas de Medio Oriente, especialmente en políticas locales e internacionales de Irán.