El limbo de la paz colombiana

A punto de cumplirse los 180 días para la dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-Ep), como marcan los acuerdos firmados en diciembre del 2016 en La Habana y Cartagena, el proceso de paz colombiano se encuentra estancado por los incumplimientos del gobierno de Juan Manuel Santos y las trabas que la oposición política impone en la agenda pacificadora junto con el aval de la Corte Constitucional de esta nación sudamericana.
Una palpable inquietud cubre las zonas veredales donde los casi siete mil guerrilleros de las Farc-Ep se han concentrado, para comenzar el camino a su reinserción en la vida civil. La presencia de paramilitares, que ocuparon las regiones abandonadas por la guerrilla más antigua del Continente americano, con asesinatos de familiares de combatientes e incluso de farianos liberados en el marco de los acuerdos, ha llevado a reforzar las guardias de los campamentos pero también la exigencia del Secretariado Nacional de las Farc-Ep para que el Estado asuma la responsabilidad de acabar con las amenazas y ataques de estas fuerzas de ultraderecha contra las unidades guerrilleras y la población civil.

Por otro lado, Timoleón Giménez alias Timochenko", ha enviado una misiva al presidente Santos recordándole que hasta ahora sólo se han registrado avances en el camino a la paz en las acciones que las Farc-Ep llevan a cabo dentro de los compromisos rubricados en la Mesa de Conversaciones de La Habana y que el Poder Ejecutivo colombiano no cumplió aún con el 80% del mismo.

Luego de enumerar el armamento hasta ahora entregado a los funcionarios de las Naciones Unidas (ONU), "Timochenko" certifica que la misión de la ONU pudo comprobar la presencia paramilitar en todos los ríos de la frontera con Ecuador. Con el nombre de "Nuevas guerrillas Unidas del Pacífico", demuestran un crecimiento repentino de estas bandas armadas que están integradas por jóvenes uniformados, cuya edad no supera los 20 años, portando fusiles nuevos. Sin embargo, a la preocupación por esta aparición el Comandante del Estado Mayor de las Farc-Ep le reclama a Santos por el reciente fallo de la Corte Constitucional que anula el mecanismo legal conocido como fast track (o vía rápida), "que abre la puerta a la modificación por parte del Congreso del Acuerdo Final" y anula la "atribución constitucional del Presidente de la República para concertar acuerdos de paz".

En reuniones que se llevan a cabo en las Zonas de Transición con líderes campesinos y de las Juntas Vecinales locales, la guerrilla ha recogido además la preocupación de los civiles por la demora en la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos ilícitos. Sobre todo esto último, ya que el Estado colombiano continúa con la fumigación de las plantaciones de coca a través de una empresa privada de origen estadounidense que no respeta ni siquiera los sembradíos dedicados al sustento alimenticio de los campesinos.

Cuando se acerca el 53° aniversario de la fundación de las Farc-Ep en Marquetalia, conmemoración que sus miembros esperaban fuese el último alzados en armas, la paz colombiana se encuentra en un peligroso limbo donde una de las partes asegura ir cumpliendo cada paso de lo acordado mientras la ausencia estatal es palpable día a día y el rol de observador de la ONU ha quedado relegado al de mero receptor de armas, sin exigir al Palacio de Nariño que respete lo que se ha obligado por puño y letra de Juan Manuel Santos.

Por Diego Manuel Vidal