La Organización de Cooperación Islámica (OCI) convocó este jueves una reunión de emergencia en Yedda, Arabia Saudita, para discutir las graves repercusiones de las medidas israelíes que buscan la anexión de partes de la Cisjordania ocupada.

El Comité Ejecutivo de la OCI reunió a ministros de Relaciones Exteriores, embajadores y representantes permanentes de los Estados miembros. El encuentro tuvo lugar en la sede de su Secretaría General, con el objetivo de coordinar una posición islámica unificada frente a las acciones israelíes.


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El ministro de Asuntos Exteriores de Gambia, Sering Modou Njie, quien presidió la sesión, afirmó que las recientes medidas israelíes en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén, constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Indicó que estas acciones socavan las perspectivas de una solución de dos Estados.

Njie declaró que las decisiones israelíes de expandir la actividad de asentamientos en Cisjordania, así como en Jerusalén, buscan imponer una nueva realidad ilegal bajo la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 y una violación de la Resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual afirma la ilegalidad de los asentamientos israelíes. Estas políticas alteran el carácter legal, demográfico y geográfico del territorio ocupado.

El ministro gambiano reiteró la centralidad de la causa palestina para el mundo islámico. Instó a traducir las posiciones políticas en acciones diplomáticas coordinadas y apoyo tangible a la resistencia palestina.

Por su parte, Samir Bakr Diab, Secretario General Adjunto para Asuntos de Palestina y Jerusalén de la OCI, advirtió que las políticas israelíes buscan profundizar el control, expandir los asentamientos y proceder con la anexión. También alertó sobre la alteración del estatus legal y político del territorio palestino ocupado.

Diab enfatizó que Israel, como potencia ocupante, carece de soberanía sobre el territorio palestino, el cual incluye la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, con sus lugares sagrados islámicos y cristianos. La presencia continua de Israel en el territorio ocupado es ilegal y debe terminar. Esta exigencia se basa en el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, incluyendo la Resolución 2334 y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, añadió.

El Secretario General Adjunto también citó informes que indican el fallecimiento de más de 600 palestinos y 1.600 heridos desde el acuerdo de alto el fuego del 11 de octubre de 2025. Instó a una rápida implementación de la segunda fase del plan de paz bajo la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU. Este plan incluye un alto el fuego sostenible, la apertura de los cruces, la entrega de ayuda humanitaria y la retirada total de Israel.

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Asimismo, propone el lanzamiento de esfuerzos de reconstrucción. Diab rechazó el desplazamiento y afirmó la unidad del territorio palestino.

Finalmente, la ministra palestina de Asuntos Exteriores y Expatriados, Varsen Aghabekian, llamó a acciones prácticas y colectivas. Su objetivo es detener las políticas coloniales de Israel, exigir rendición de cuentas a los responsables y garantizar el respeto del derecho internacional.

Aghabekian subrayó que la fase actual es peligrosa debido a la escalada israelí y a las medidas que buscan profundizar una realidad ilegal. Estas incluyen la expansión de asentamientos, políticas de anexión, procesos de registro de tierras que designan grandes áreas como «tierras estatales» y el incremento de la violencia de los colonos bajo la protección de las fuerzas israelíes.

La ministra palestina advirtió que estas acciones son parte de un plan expansionista de larga data. Su finalidad es fragmentar la geografía palestina, socavar la solución de dos Estados e imponer cambios unilaterales sobre el terreno.

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