Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina rodearon este lunes 06 de julio el Centro Atómico de Bariloche, en la provincia de Río Negro, para exigir la reincorporación de 62 científicos, investigadores y empleados despedidos. 

La movilización denunció el desmantelamiento del sistema nuclear argentino ejecutado por el Gobierno de Javier Milei. La protesta en la sede de la Avenida Bustillo recibió el respaldo de gremios, organizaciones sociales, centros de estudiantes y asociaciones científicas.

En solidaridad con las familias afectadas, se realizó una olla popular en las inmediaciones del edificio como espacio de encuentro y resistencia comunitaria.

De los 62 despidos totales, 20 correspondieron a la planta de Bariloche, enmarcados en un recorte masivo en la última semana de junio semana pasada incluyó la represión de la Gendarmería Nacional en la sede de la CNEA del barrio porteño de Núñez. 

Las fuerzas de seguridad arremetieron contra la protesta pacífica. Ante estos hechos, los trabajadores se declararon en estado de alerta y profundizaron sus medidas de fuerza.

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Los sindicatos advirtieron que los 62 despidos actuales responden al vencimiento escalonado de contratos y estiman que la cifra final de cesanteados podría ascender a 170 personas. 

Desde la asunción de la actual Administración, la CNEA perdió cerca de 500 trabajadores por despidos y migración hacia el sector privado, motivada por los bajos salarios. Los gremios señalaron que el Poder Ejecutivo redujo en un 45,4 % el presupuesto destinado a este organismo clave de la ciencia argentina.

A través de un comunicado oficial, los manifestantes afirmaron que mantendrán el plan de lucha en defensa del sistema científico-tecnológico nacional y continuarán visibilizando el impacto negativo de estas medidas sobre el patrimonio estratégico de la nación.

La realidad cotidiana de la clase obrera sigue marcada por incrementos desmedidos en alimentos, alquileres, combustibles y medicamentos, sumados al encarecimiento de servicios públicos esenciales como gas, electricidad, agua y telecomunicaciones. Para agravar la crisis, el Ejecutivo ya anunció que en julio se aplicarán nuevas alzas sobre todas estas tarifas reguladas, intensificando la ola de protestas.

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