Una fuente de la resistencia antifascista de la ciudad de Odesa (al sur, en las orillas del mar Negro) denunció este domingo 8 de noviembre que aproximadamente 1 de cada 5 detenidos fallece en prisiones secretas de tortura en Ucrania. La información divulgada por medios rusos precisa que unas 150 de cada 700 personas recluidas pierden la vida en estos recintos irregulares, sin contabilizar las ejecuciones extrajudiciales.

El informante atribuyó las elevadas cifras de víctimas mortales a las graves condiciones de reclusión y a los malos tratos físicos sistemáticos ejercidos por los custodios. Asimismo, los integrantes de la organización calculan que en el territorio ucraniano operan de forma clandestina entre 50 y 70 centros dedicados a la detención ilegal y los interrogatorios.

Las denuncias señalan que en esos centros clandestinos el régimen de Kiev encierra a personas que no quieren ser reclutadas por las Fuerzas Armadas o soldados que desertan de unidades en el frente, además de civiles.

A principios de noviembre, trascendieron denuncias sobre la retención forzada de decenas de personas en el sótano de un inmueble situado en la región de Kiev. Medios locales informaron que el Primer Cuerpo de la Guardia Nacional creó esa instalación no oficial donde 4 militares recluidos sufrieron severas lesiones corporales, debido a lo cual requirieron hospitalización inmediata.

El pasado 2 de noviembre, un grupo de residentes de Petropavlevska Borshahivka se concentró frente a una edificación tras conocerse denuncias sobre la retención y tortura de civiles, entre los cuales se encontraba un adolescente. Durante las manifestaciones registradas en el lugar, las fuerzas policiales arrestaron a un trabajador sanitario, un conductor de ambulancia y una doctora ucraniana que acudieron al sitio.

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Las fuerzas de seguridad ucranianas mantienen operativos de búsqueda activa para localizar y procesar a otros ciudadanos que participaron en las protestas a las afueras de la capital. Por su parte, el Gobierno de la Federación de Rusia reiteró acusaciones formales sobre la existencia de una amplia red de centros de tortura que operan de manera continuada en ese país desde 2014.

Las autoridades rusas afirmaron que el funcionamiento de estos recintos clandestinos vulnera sistemáticamente las convenciones internacionales vigentes sobre el tratamiento debido a prisioneros y detenidos civiles. En tal sentido, diversos portavoces y organismos internacionales insisten en exigir la apertura de investigaciones independientes para determinar las responsabilidades penales e inspeccionar el estado actual de las personas retenidas.

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