El proyecto de ley titulado Inviolabilidad de la propiedad privada, sufrió sustanciales modificaciones durante el extenso debate para poder alcanzar las adhesiones requeridas. La Libertad Avanza, el partido de MIlei, tuvo que retirar dos de los apartados que mayor controversia habían generado en la sociedad argentina: el referido a la Ley de Tierras Rurales y el correspondiente a la Ley de Manejo del Fuego.

En el caso del texto sobre tierras, el Ejecutivo presentó distintas modificaciones a lo largo de la negociación. En un primer momento, el Gobierno pretendió eliminar por completo el límite del 15% que actualmente restringe la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros.

 Posteriormente, ante la presión popular y de la oposición, propuso elevarlo al 25%, para finalmente descartar todo el capítulo del texto definitivo. De igual forma, en lo que respecta al Manejo del Fuego, las autoridades tuvieron que resignar las modificaciones que buscaban flexibilizar las restricciones de 30 y 60 años impuestas sobre aquellos terrenos que hayan sido afectados por incendios.

Mientras en el recinto parlamentario acuerdos y desacuerdos tensionaban los textos a ser aprobados, la movilización popular, duramente reprimida, fue finalmente la tomada en cuenta para que el gobierno desistiera de avanzar en este momento con los cuestionados capítulos.

Un encuentro de dirigentes y militantes de más de 70 sindicatos, agrupaciones gremiales y movimientos populares también significó la presentación y convocatoria a integrar la Mesa Intersindical y de Movimientos Populares “Papa Francisco”, surgida como iniciativa de un conjunto de comisiones internas, agrupaciones gremiales, sindicatos y movimientos sociales reunidos en la CGT, las 62 Organizaciones Peronistas, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, UTEP, ATE y ATE Capital Federal.

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Tierras quemadas y suelo extranjero

El bloque peronista argumentó que los cambios introducidos en la última versión del proyecto afectaban los artículos 22 bis, 22 ter y 22 de la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente, impulsada en 2020, establecía que el destino de los terrenos incendiados no podía modificarse durante 60 años cuando se trataba de bosques nativos, humedales y otros ecosistemas protegidos, y durante 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas.

La nueva redacción eliminaba esos plazos. “Vacían la normativa, quitan los años de prohibición y la reducen a cuestiones meramente declarativas que, en un sistema desfinanciado, no se van a cumplir”, señalaron desde el despacho del senador Wado de Pedro.

Con respecto al porcentaje de tierras plausibles de estar en manos de extranjeros, en un principio, para evitar una derrota en el Senado, el gobierno ofreció subir del 15% al 25% el límite máximo de tierras que pueden ser propiedad de extranjeros.

En el capítulo, ahora retirado, la iniciativa proponía derogar el corazón de la Ley 26.737 de Tierras Rurales que está vigente en el país desde 2011 y que fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández.

Organizaciones sociales, rurales, ambientales, grupos de científicos y legisladores de oposición– han articulado una serie de argumentos para defender la Ley de Tierras vigente desde 2011 y que pretende modificarse, según el gobierno, para lograr un clima de inversiones que el país necesita.

Ahora que el proyecto ya no incluye la extranjerización de tierras, los movimientos sociales y políticos progresistas, continúan oponiéndose al resto de la ley por sus efectos en expropiaciones, desalojos y las normas que regulan el uso de las tierras quemadas.

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El proyecto de ley, a pesar de haberse retirado los capítulos mas controversiales sobre la extranjerización de la tierra y las quemadas, modifica aspectos centrales en la ejecución de los desalojos, y genera dificultades para la decisión de expropiar.

«Y no del que tengas mas» ( A desalambrar D. Viglietti)

El Observatorio de Tierras publicó un estudio en el que señala que cerca de un 5% del territorio argentino está en manos de propietarios extranjeros. Una de las claves de la discusión no se centraba en la cantidad de tierras, sino en las zonas estratégicas donde estas se encuentran.

El análisis señala que, si bien actualmente son 13 millones de hectáreas las que se encuentran en manos de extranjeros, su distribución no es homogénea. Mientras en algunas partes del país las propiedades extranjeras son escasas, en otras superan los límites de la legislación actual.

Las investigaciones  han detectado que en 36 departamentos (unidades territoriales dentro de las provincias) las tierras compradas por empresas o individuos extranjeros superan el límite de 15% establecido por la ley vigente.

Aquellas zonas que generan especial interés comercial, agrega el informe, contienen recursos estratégicos como agua dulce, minerales, bosques, puertos y pasos fronterizos. Agrega que la venta de tierra a extranjeros en zonas fronterizas podría favorecer las actividades del crimen organizado y poner en riego la soberanía nacional.

El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), analiza el proyecto de ley y concluye que el mismo, de aprobarse, agravará la situación para las mayorías. En función de favorecer desarrollos inmobiliarios se vulnerarán derechos fundamentales y se limitará, al mismo tiempo, la capacidad del Estado para dar respuestas a esos sectores. Es importante abordar las características que debe tener la propiedad de la tierra en la Argentina desde una perspectiva de equidad e igualdad.

Principales corporaciones y propietarios extranjeros

• Grupo Benetton (Italia): Controla alrededor de 900.000 hectáreas (principalmente a través de la Compañía de Tierras Sud Argentino) distribuidas en la región patagónica y la provincia de Buenos Aires.
• Estomonte (Suiza): Posee cerca de 404.000 hectáreas dedicadas a la explotación rural y de recursos.
• Arauco Argentina (Chile): Administra unas 272.000 hectáreas, enfocadas principalmente en la industria forestal y papelera.
• Adecoagro: Grupo con fuerte presencia regional y accionistas internacionales, dedicado a la producción agroindustrial diversificada.
• Otros grupos y inversores internacionales: Existen extensiones significativas en manos de capitales británicos (como los campos asociados a Joe Lewis), estadounidenses, malayos y chinos destinados a la ganadería, la agricultura y el manejo de recursos estratégicos.
• Grupo Cresud, con 883 mil hectáreas es la única empresa argentina en el ranking, que tiene como accionista mayoritario a Eduardo Elsztain, el mayor empresario inmobiliario del país y aliado de la Casa Rosada. La empresa de Elsztain está asociada con fondos de inversión como BlackRock —uno de los principales tenedores de deuda argentina— e ingresa a la lista por controlar tierras en Brasil, a través de Brasil Agro.

¿Quiénes son los dueños «gringos» de la tierra? 

Los propietarios extranjeros y nacionales de tierras en Argentina, son respaldados por los capitulo del proyectos de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en tanto acelera la ejecución de desalojos, y genera miles de dificultades para procesos de expropiación, entre otras medidas.

Una publicación del Instituto Argentino Para el Desarrollo Económico , basado en El informe “Los señores de la tierra”, publicado por la organización FIAN Internacional y Focus on the Global South, identifica a los diez terratenientes transnacionales con mayor posesión de tierras, que controlan, en total, una extensión equivalente a Paraguay o Japón, en Argentina.

El dato central del informe de FIAN es un número: 40.445.718 hectáreas, equivalente a la superficie de Paraguay, Japón o Zimbabue, es lo que tienen bajo control los diez principales terrateniente trasnacionales.

• Blue Carbon, firma financiera centrada en créditos de carbono. Superficie: 24,5 millones de hectáreas. Origen: Emiratos Árabes Unidos. Controla tierras en: Zimbabue, Liberia, Kenia, Tanzania, Zambia, Papúa Nueva Guinea, Dominica, Bahamas, Unión de las Comoras, Santa Lucía. 
• Macquarie Group, empresa de gestión de activos. Superficie: 4,7 millones de hectáreas. Origen: Australia. Controla tierras en: Australia y Brasil 
• Olam Group, empresa agroindustrial. Superficie: 2,36 millones de hectáreas. Origen: Singapur. Controla tierras en: Gabón, República del Congo, Estados Unidos, Australia, Indonesia, República Democrática Popular Lao. 
• Manulife, empresa de gestión de activos. Superficie: 2,35 millones de hectáreas. Origen: Canadá. Controla tierras en: Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Australia, Aotearoa/Nueva Zelanda. 
• Arauco, empresa forestal.  Superficie: 1,71 millones de hectáreas. Origen: Chile. Controla tierras en: Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. 
• Shell, empresa de combustibles y energía. Superficie: 1,3 millones de hectáreas. Origen: Reino Unido. Controla tierras en: Brasil. 
• TIAA/Nuveen, empresa fondo de pensiones y gestora de activos. Superficie: 1,2 millones de hectáreas. Origen: Estados Unidos. Controla tierras en: Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá, Chile, Uruguay, Polonia, Rumanía, Australia, Aotearoa/Nueva Zelanda. 
• Edizione S.r.l. / Benetton Group, empresa agropecuaria y forestal. Superficie: 924.000 hectáreas.Origen: Italia. Controla tierras en: Argentina. 
• Cresud / Brasil Agro, empresa agroindustrial e inmobiliaria. Superficie: 883.000 hectáreas. Origen: Argentina. Controla tierras en: Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.  
• Wilmar International, empresa agroindustrial. Superficie: 497.101. Origen: Singapur. Controla tierras en: Malasia, Indonesia, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Liberia, Uganda, Sri Lanka 

Se trata de  corporaciones agroindustriales, forestales o energéticas —que controla la gestión de esas tierras— o de entidades financieras, como fondos de pensiones y gestoras de activos. El análisis se concentra en la explotación de tipo agrícola y aclara: “Si se incorporan otros sectores —como la vivienda, la minería o el agua—, la superficie total bajo control de estas entidades es, sin duda, aún mayor”.

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