La Cámara de Diputados de Argentina dio este miércoles 21 de octubre media sanción a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. El oficialismo logró 124 votos a favor y 119 en contra. Seis abstenciones fueron las que permitieron la aprobación.

Quienes no se pronunciaron fueron cinco diputados de Córdoba del bloque Provincias Unidas, entre ellos el exgobernador Juan Schiaretti, que responden al gobernador Martín Llaryora, y el diputado Álvaro González, cercano al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta del PRO.

Para conseguir esos apoyos, el oficialismo tuvo que ceder en un punto sensible. Incorporó al texto la restitución de la Ley de Tierras Rurales (26.737), sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que prohíbe que los extranjeros superen el 15 % de la titularidad de tierras rurales.

También aceptó eliminar el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, la norma con la que Milei había derogado esa ley. Ese capítulo recibió 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones, con el respaldo del peronismo y del resto de la oposición.

«LA LEY DE TIERRAS VUELVE A ESTAR PLENAMENTE VIGENTE. Después de mucho debate logramos una amplísima mayoría para restituir la plena vigencia de la Ley de Tierras N° 26.737 en su totalidad», celebraron desde redes sociales los Diputados de Unión Por la Patria.

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La restitución de la ley y la eliminación del artículo forman parte de un esfuerzo del oficialismo por blindar el DNU 70/2023, que estuvo cerca de ser rechazado la semana pasada. El proyecto deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva, ya que fue modificado respecto del texto que esta había aprobado.

El proyecto, además, endurece los criterios para las expropiaciones y agiliza los desalojos, que pasarían a tramitarse por juicio sumarísimo, más rápido que el sumario vigente, y modifica la ley que regula la titulación de inmuebles ocupados: podrán pedir el título de propiedad quienes los ocupen de forma pacífica y continua durante diez años.

Durante el debate, el diputado oficialista Santiago Santurio defendió el proyecto y sostuvo que respetar la propiedad privada es garantizar que el fruto del trabajo de cada persona no se lo quite “ni un delincuente ni un burócrata de turno”.

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La oposición cuestionó el giro del gobierno y el contenido del texto. El diputado Diego Giuliano, de Unión por la Patria, habló de “una vuelta de campana” y le preguntó al oficialismo “con qué cara” mirará al papa León XIV, que, dijo, “cree en la función social de la vivienda”. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó que el gobierno está “reculando en chancletas”. Y Martín Lousteau, de Provincias Unidas, advirtió que el proyecto “encarece” las expropiaciones y acorta los plazos para responder una demanda de desalojo.

La peronista Paula Penacca anticipó que el oficialismo “mañana” volverá a atacar la soberanía, aunque hoy defienda la Ley de Tierras. Su colega Vanesa Siley propuso que el texto use la palabra “derógase” para dejar sin efecto el artículo 154 del DNU, pero el oficialismo se negó.

La sesión también incluía en su temario la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Educación Financiera.

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