El Gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para acelerar los procesos judiciales de desalojo de viviendas. Sin embargo, las estadísticas oficiales contradicen el discurso del Ejecutivo sobre supuestas usurpaciones, demostrando que dos de cada tres causas iniciadas corresponden a familias inquilinas con contratos formales que cayeron en mora tras la desregulación del mercado inmobiliario.

La situación económica empuja a una masa creciente de trabajadores a destinar más del 50 por ciento de sus ingresos mensuales exclusivamente al pago del canon de arrendamiento. Un estudio realizado por instituciones académicas y organizaciones sociales reveló que el 57 por ciento de los hogares inquilinos del Área Metropolitana de Buenos Aires supera este umbral crítico de gasto en vivienda, superando ampliamente los límites de sostenibilidad recomendados internacionalmente.

Frente al incremento desmedido de los alquileres y las expensas, las familias han debido recurrir de forma sistemática al endeudamiento para evitar quedar en la calle. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el 45 por ciento de las viviendas bajo arrendamiento acumula deudas, mientras que el 77 por ciento de las personas que solicitaron préstamos formales durante el último año utilizó dichos fondos para cubrir las mensualidades del hogar.

Esta dinámica de endeudamiento para sostener la vivienda es catalogada por economistas como una forma de mora invisible que oculta la fragilidad del sector social. En provincias como Córdoba y Santa Fe se registran aumentos constantes en los reclamos por impagos de servicios y alquileres, donde los trabajadores recurren al crédito con tarjeta para postergar la pérdida formal de sus contratos particulares.

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Pese a que el proyecto legislativo oficialista continúa bajo debate en la Cámara de Diputados, los mecanismos de desalojo acelerado ya operan en la práctica judicial de la capital. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación de procedimientos sumarísimos para expulsar inquilinos pasó de representar apenas el dos por ciento en 2024 a concentrar el 58 por ciento del total de casos registrados en 2026.

La derogación del marco regulatorio anterior a finales de 2023 dejó a los arrendatarios sin topes de actualización frente a los índices de inflación general. De aprobarse la iniciativa del Ejecutivo, los plazos de defensa para las familias vulnerables se reducirán drásticamente, incrementando el riesgo de desahucio masivo para quienes no logren afrontar los costos exigidos por los propietarios.

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