Diversas organizaciones de la sociedad civil argentina rechazaron la propuesta del presidente Javier Milei presentadas durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde promovió un esquema de desregulación masiva, exenciones impositivas y responsabilidad restringida para las multinacionales del sector de la inteligencia artificial (IA).

A través de un pronunciamiento conjunto, agrupaciones sociales y ambientales alertaron que la pretensión del Ejecutivo de posicionar al país sudamericano como el entorno legal y fiscal más permisivo para este rubro fomenta la desprotección jurídica frente a posibles vulneraciones de derechos y afectaciones socioambientales.

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— teleSUR TV (@teleSURtv) September 22, 2026

El mandatario argentino defendió ante el foro internacional un marco normativo exento de controles preventivos que otorgue «responsabilidad limitada» a firmas dedicadas al desarrollo de agentes autónomos de IA.

Oscar Soria, cofundador del laboratorio de ideas The Common Initiative, denunció las implicaciones de esta política en el comunicado difundido por la coalición ciudadana: “Milei quiere venderle al mundo una supuesta libertad tecnológica que, en la práctica, puede convertirse en una cueva jurídica para esconder responsabilidades».

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Esta estrategia oficial se vincula directamente con la reforma a la Ley de Sociedades Comerciales promovida en el Congreso argentino. Dicho proyecto introduce una inédita figura legal que faculta la creación de sociedades automatizadas operables sin necesidad de contar con personal o recursos humanos directos.

Soria remarcó los riesgos éticos de desligar jurídicamente a las corporaciones de las consecuencias del despliegue tecnológico: “no existe innovación genuina cuando se construyen escudos de impunidad para que nadie responda por las decisiones tomadas por sistemas automatizados”.

Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de la Asociación Civil Generas, enfatizó la urgencia de establecer un proceso participativo e independiente para regular las tecnologías emergentes en el territorio nacional. “Argentina se merece un debate abierto, exhaustivo y abarcativo sobre la IA y una gobernanza propia. No podemos importar modelos que convirtan la tecnología en un escudo de impunidad”, expresó la especialista.

Las plataformas firmantes alertaron sobre los incentivos tributarios y los esquemas de flexibilización ambiental impulsados por el Gobierno para atraer megainversiones transnacionales, señalando que la infraestructura requerida por los centros de datos impacta directamente sobre el uso del suelo, las fuentes hídricas y el suministro eléctrico.

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En este sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, criticó la transferencia del modelo extractivista tradicional al ecosistema digital, caracterizado por beneficiar a conglomerados corporativos con «acceso privilegiado al agua y la energía y un Estado cada vez más limitado para proteger los bienes comunes».

La coalición ciudadana reiteró su compromiso de mantener el seguimiento legislativo sobre estos proyectos normativos para evitar que el país sea transformado en un enclave desregulado a expensas de la protección social y ambiental.

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