El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el pasado jueves, las afirmaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por su siglas en inglés) que sugieren la existencia de una práctica «generalizada y sistemática» de desapariciones en el país latinoamericano.

La cancillería, que preside Juan Ramón de la Fuente, declaró que, si bien México es un país abierto al escrutinio internacional, las afirmaciones del Comité «carecen de sustento y no son admisibles». La dependencia federal enfatizó que la desaparición de personas es un delito grave que se combate con una política de Estado basada en la prevención, investigación y sanción.

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«En México se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas», destacaron en un comunicado.

COMUNICADO. "La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada".https://t.co/0NaH0o6mZY pic.twitter.com/cnl6YNMSWH

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 24, 2025

Adicionalmente, reconocieron la existencia de casi 134.000 personas desaparecidas, pero enfatizaron que este fenómeno «está principalmente vinculado con la delincuencia organizada», por lo que corresponde al Gobierno implementar la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad.

Esta postura se refuerza con el reciente informe de Gobierno presentado ante el Senado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó los «resultados tangibles» del primer año de la Administración de Claudia Sheinbaum, en la lucha contra el crimen.

El informe detalló una reducción del 32 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos y una disminución del 46 por ciento en el total de delitos respecto a 2018, marcando el nivel más bajo en la última década, cifras que fueron posibles gracias a los programas de prevención social y al fortalecimiento de la Guardia Nacional.

El titular de Seguridad también reportó la detención de más de 35.000 personas vinculadas a delitos de alto impacto, la incautación de más de 18.000 armas de fuego y 288 toneladas de sustancias ilícitas, incluyendo millones de pastillas de fentanilo.

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En este contexto de avances en el combate al crimen organizado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que la cooperación es el principio fundamental que debe regir la relación con los órganos de tratados, pidiendo que el informe detallado presentado sea analizado con objetividad antes de emitir juicios, y reiterando el compromiso del Estado con la verdad y la justicia.

En tanto, manifestaron que «la Cancillería, junto con otras dependencias del Gobierno Federal, ha sostenido un diálogo permanente con el CED, en relación al procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, anunciado en abril pasado. Al respecto, sostiene que dicho mecanismo debe sustentarse en los criterios objetivos que rigen la Convención».

El artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas (perteneciente al comité), expone que “si el CED recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio (…) podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General”.

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