Gobierno mexicano descarta trasfondo político en detención de exgobernador por caso Ayotzinapa
El trabajo de inteligencia telefónica permitió reactivar la búsqueda de la verdad y la justicia para las familias de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La profundización en el análisis de evidencia telefónica y territorial fue clave para fundamentar las nuevas órdenes de aprehensión dictadas por la Fiscalía General, explicó Sheinbaum. Foto: EFE.
7 de agosto de 2026 Hora: 18:17
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la detención del exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no responde a intereses políticos, sino a un riguroso trabajo de inteligencia judicial. La mandataria precisó que la Fiscalía General de la República profundizó en el análisis científico de las sábanas de llamadas telefónicas y grabaciones registradas durante la noche de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El proceso de revisión de pruebas abarcó el cruce detallado de contactos y la trayectoria de los autobuses donde viajaban los jóvenes en septiembre de 2014. Las autoridades federales señalan que la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas de investigación permitió obtener testimonios inéditos y abrir líneas de indagación sobre funcionarios que no habían sido señalados de forma previa en el expediente.
Sheinbaum ratificó el compromiso absoluto del Ejecutivo con la transparencia operativa y anunció una próxima reunión de trabajo con las madres y padres de los 43 desaparecidos. Enfatizó que la actuación gubernamental busca desmantelar definitivamente las falsas versiones oficiales construidas en administraciones pasadas para encubrir a las cadenas de mando responsables de los hechos.
En el marco de las investigaciones, la Fiscalía mantendrá bajo resguardo determinados avances técnicos para garantizar la efectividad de las órdenes de aprehensión en curso. La Subsecretaría de Derechos Humanos y la comisión especializada continuarán articulando esfuerzos para esclarecer el paradero de los estudiantes y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
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Organizaciones populares y movimientos de derechos humanos del país valoraron de forma positiva los avances en la investigación y demandaron el castigo integral a la estructura política que protegió la impunidad.
Las fuerzas comunitarias ratificaron su acompañamiento a la lucha de las familias guerrerenses y exigieron que se profundicen las acciones judiciales contra los mandos militares e institucionales involucrados.
El Gobierno de México reafirmó que la prioridad central de la gestión pública es la localización de los estudiantes y la plena restitución de la verdad histórica objetiva. La Administración federal mantendrá informada a la opinión pública internacional sobre el desarrollo de las diligencias a medida que los requerimientos legales del caso lo permitan.
Autor: teleSUR - alr - DE
Fuente: Agencias
