Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aprehendieron a las 9:46 hora local en la caseta de Tepotzotlán, Estado de México, al exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien asumía el cargo gubernamental entre abril de 2011 y octubre de 2014.

El exmandatario fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, quedando a disposición del juzgado segundo de distrito en materia penal por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

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La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, precisó en un mensaje a la nación que el operativo responde a las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, afirmando que «lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal».

La acusación formal establece que Aguirre Rivero ordenó de manera directa la sustracción y destrucción de las grabaciones registradas por las cámaras de seguridad números 12 y 15 ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Dichos dispositivos captaron el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que se trasladaba un grupo de normalistas, fue interceptado por elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula en coordinación con efectivos estatales.

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Según informes institucionales, tras obligar a los estudiantes a descender de la unidad, las fuerzas del orden los entregaron a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, impidiendo desde entonces la ubicación del paradero del grupo de jóvenes desaparecidos.

El desmantelamiento de la versión oficial sobre presuntas fallas técnicas del sistema de vigilancia se sustentó en los testimonios recabados por la representación social durante el año 2026.

En enero, una persona colaboradora rompió su silencio argumentando amenazas previas, confirmando la existencia de las videograbaciones y señalando a la persona que las sustrajo para entregarlas personalmente al exgobernador.

Posteriormente, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido ratificó los hechos al declarar que Aguirre Rivero ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gabinete «desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala».

Esta acción judicial contra el exjefe del Ejecutivo guerrerense se suma al proceso penal abierto contra Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, quien fue detenida en mayo de 2025 y a quien se le concedió medida cautelar de prisión domiciliaria en abril de 2026 debido a su avanzada edad.

El ingreso de Aguirre Rivero al penal de máxima seguridad marca una etapa determinante en la búsqueda de rendición de cuentas sobre la actuación de las altas autoridades estatales en el crimen de Estado cometido contra los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

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