El presidente de Francia, Emmanuel Macron, conserva apenas 15 % de opiniones favorables y acumula un rechazo del 82 %, según el más reciente barómetro político. El desgaste del mandatario se mantiene en niveles críticos a meses de la contienda presidencial de 2027.

La desaprobación del Gobierno alcanza cotas históricas, entre las prioridades ciudadanas figuran la pérdida del poder adquisitivo, la defensa del sistema social y el incremento de la deuda pública, sumado a la repulsa por la represión desatada contra las protestas de estudiantes en liceos de todo el país.

El primer ministro Sébastien Lecornu exhibe una recuperación marginal y se ubica en 22 % de respaldo, frente a un 69 % de rechazo. Aun con esa leve mejora, el jefe de Gobierno permanece lejos de los umbrales que sostuvieron a sus antecesores.

El liderazgo de Macron sobrevive con un respaldo casi exclusivo de su propia familia política. Los partidos Renaissance, Modem y Horizons concentran el apoyo residual al oficialismo, mientras las demás fuerzas políticas y sociales expresan un rechazo transversal lo cual hace que la base de sustentación se estreche.

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A meses de las elecciones presidenciales, las figuras de la ultraderecha lideran las preferencias relativas. Jordan Bardella reúne 33 % de satisfacción y Marine Le Pen alcanza 32 %, aunque su desaprobación supera el 50 % del electorado.

Por detrás aparece el ex primer ministro Édouard Philippe, con 20 %, en un escenario fragmentado por la desconfianza hacia la clase política tradicional. El costo de la vida encabeza las inquietudes de los franceses, con un 54 de la erosión del poder adquisitivo dominando el debate público sumado a otros reclamos sociales ante el avance de los recortes en sectores clave para dar paso a un incremento en el gasto militar.

Nueve de cada diez franceses desconfían de la marcha de la economía nacional y el 87 % anticipa un deterioro drástico de su capacidad de compra en el corto plazo, en un escenario donde el optimismo no encuentra lugar.

La preocupación por el futuro del sistema social trepó al 44 %, cuatro puntos por encima de la medición previa. El temor al desempleo creció con fuerza y ya alcanza al 76 % de la población, en un contexto de planes de ajuste fiscal y presupuestario que impulsa el Ejecutivo.

Ese rechazo constituye el telón de fondo del malestar. Las políticas de austeridad y los recortes en los servicios públicos alimentan movilizaciones en distintos puntos del territorio, donde el deterioro de las condiciones de vida se percibe como una amenaza directa.

El resguardo del sistema social se ha convertido en un eje de la disputa política. El incremento de la deuda pública, que el Gobierno esgrime como argumento para contener el gasto, choca con una ciudadanía que prioriza la protección del empleo y de los servicios esenciales.

La crisis de gobernabilidad no se agota en la valoración de los gobernantes. El bloque en el poder carece de alianzas estables y depende de una base parlamentaria estrecha, lo que complica la aprobación de reformas en un clima de rechazo generalizado.

Los efectos recaen sobre los sectores más expuestos. Trabajadores, jubilados y usuarios de los servicios públicos concentran la presión de un modelo de contención presupuestaria que, según las encuestas, carece de respaldo mayoritario.

Con la aprobación presidencial estancada y el oficialismo aislado, la carrera hacia 2027 se abre en un terreno de alta fragmentación. La incógnita inmediata pasa por la capacidad del Ejecutivo para recomponer una base de legitimidad antes de que el calendario electoral imponga sus tiempos.

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