El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, reafirmó “la determinación soberana” de su país para “emprender acciones judiciales internacionales” contra Israel por las agresiones en su territorio, las cuales han asesinado a más de 4.300 personas y provocado más de un millón de desplazados. Durante una serie de reuniones diplomáticas celebradas en Beirut, la autoridad fundamentó esta postura en un informe documentado sobre las violaciones cometidas por las fuerzas israelíes en el sur del país. 

El dirigente libanés enfatizó que el recurso a los tribunales internacionales “constituye una prerrogativa irrenunciable para exigir responsabilidades y reparaciones por los daños infligidos”. De acuerdo con balances oficiales, la ofensiva bélica israelí ha causado además la destrucción masiva de la infraestructura del sur libanés. 

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Por otro lado, en el ámbito diplomático, Berri señaló al Gobierno estadounidense como el actor con mayor capacidad para ejercer presión efectiva sobre Tel Aviv y con ello, frenar la agresión. El titular del Parlamento sostuvo que el principal obstáculo para concretar el cese de las hostilidades radica en el reiterado incumplimiento israelí de los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz firmados bajo mediación internacional. 

Asimismo, las autoridades de Beirut alertaron sobre las consecuencias de una eventual retirada de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Berri calificó de “un grave error” cualquier intento de desmantelar la misión multilateral, advirtiendo que la Unifil representa un elemento clave para la supervisión de la seguridad y el respeto a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) en la zona fronteriza. 

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Frente a la escalada en la región, la contraparte israelí justifica sus incursiones terrestres y bombardeos bajo la premisa de neutralizar las capacidades militares de las milicias de la resistencia libanesa (Hezbolá) en la frontera. Sin embargo, la representación libanesa sostiene que la continuidad de la agresión militar amenaza directamente la estabilidad de las instituciones estatales y perpetúa la crisis humanitaria en el territorio nacional. 

La escalada del conflicto en el sur del Líbano evidencia el deterioro de los mecanismos multilaterales de arbitraje en el Medio Oriente. La recurrente transgresión de la Línea Azul de separación y el cuestionamiento a la presencia de los cascos azules tensionan la capacidad de las Naciones Unidas para garantizar el cese de las hostilidades en la frontera.

Por consiguiente, el uso de la vía judicial internacional por parte de Beirut busca sentar precedentes de responsabilidad penal y económica por la destrucción de infraestructura civil. De esta manera, el Estado libanés intenta articular una ofensiva legal que complemente la presión diplomática global, orientada a detener el despliegue militar israelí y preservar la soberanía en la región.

Por lo tanto, la permanencia del mandato multilateral de la Unifil se consolida como la principal garantía para la protección de las comunidades fronterizas y la estabilidad del Líbano. En última instancia, la adhesión estricta a los dictámenes del Consejo de Seguridad definirá la posibilidad de restaurar la paz en el Cercano Oriente y evitar un colapso generalizado en la región.

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