Organizaciones de derechos humanos y agencias palestinas expresaron su preocupación tras la difusión de videos en los que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, irrumpe armado en la celda de un prisionero palestino para amenazarlo directamente de ejecución.

Las imágenes, publicadas por el propio funcionario de extrema derecha en sus redes sociales, lo muestran exigiendo la muerte de Hassan Salameh, quien cumple cadena perpetua desde 1996, mientras se encuentra esposado. El hecho ha sido catalogado por expertos en derecho humanitario como un claro atentado contra las normativas internacionales que protegen a los detenidos en contextos de conflicto.

Ante esta situación, el movimiento Hamas denunció que la amenaza directa de Ben-Gvir contra Hassan Salama «supone nuevos crímenes» perpetrados por el sistema israelí contra los detenidos palestinos, al tiempo que se comprometió a redoblar los esfuerzos para lograr su liberación.

El episodio no es aislado. Durante su visita a las instalaciones penitenciarias, Ben-Gvir alardeó de haber cumplido su promesa de endurecer las condiciones de reclusión para los más de 9.600 palestinos actualmente bajo custodia estatal.

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En paralelo, el ministro compartió registros de un complejo de ejecuciones en fase de construcción, equipado con palcos especiales para familiares, y reiteró su intención de impulsar una ley de pena capital para detenidos catalogados como terroristas.

Críticos y relatores internacionales han señalado que estas acciones forman parte de una campaña de propaganda electoral previa a los comicios legislativos previstos para el 27 de octubre, utilizando el sufrimiento humano como herramienta política.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, calificó los comentarios recientes de Ben-Gvir de atroces, deshumanizantes y peligrosos.

Por su parte, la Comisión de Detenidos y Asuntos de Exdetenidos denunció que el sistema carcelario israelí opera bajo una política sistemática de represalias que incluye inanición, negligencia médica y tortura física.

Ante este panorama, diversas organizaciones humanitarias exigen la intervención urgente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para constatar las condiciones en las cárceles y exigen que la Corte Penal Internacional examine las pruebas documentales de estos abusos.

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