Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de Perú para el periodo 2026-2031 en una ceremonia realizada en el Congreso, frente a un crucifijo y con la mano apoyada sobre una Biblia.

«Juro ante ustedes, por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República», dijo la lideresa de Fuerza Popular (derecha), que alcanzó el poder tras perder tres balotajes seguidos. En la misma fórmula prometió defender «la tierra, la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la independencia de los poderes del Estado».

Ya con la banda presidencial en el pecho, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) anunció que su gestión se concentrará en dos emergencias nacionales, el fenómeno El Niño y la seguridad pública, además de una reforma carcelaria «profunda».

La aritmética incómoda de una victoria

Ese doble frente de emergencia arranca con un respaldo escaso. De los 27 millones de peruanos habilitados para sufragar, 2.8 millones la eligieron en primera vuelta, cerca de una décima parte del padrón.

En el balotaje reunió 9.2 millones de votos, un tercio del electorado. La ventaja sobre el candidato de Juntos por el Perú (izquierda), Roberto Sánchez, quedó en 49.641 papeletas, menos del 0,3 por ciento de los sufragios emitidos. Los comicios fueron señalados por diversas irregularidades y falta de transparencia.

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Detrás de esas cifras corre la crisis de representatividad que Perú arrastra desde hace años, con un sufragio que opera como castigo al adversario o como elección del mal menor. El primer examen de la nueva mandataria llegará desde el Parlamento que la respalda.

Mano dura frente al Congreso que la respaldó

La promesa de orden que sostuvo durante la campaña choca con la herencia legislativa de su propia bancada. El Congreso saliente, dominado por Fuerza Popular y sus aliados, aprobó normas que aflojaron la persecución del delito.

Una redefinió el delito de organización criminal con la exigencia de estructuras más sofisticadas, lo que deja bandas enteras fuera del alcance de las herramientas judiciales complejas. Otra obliga a la Fiscalía a esperar al investigado y a su abogado antes de allanar un inmueble. Una tercera recortó los plazos de prescripción penal para delitos graves, con riesgo de impunidad en causas de corrupción y lavado de activos.

La segunda emergencia tampoco le resulta cómoda. El Niño castigará la costa norte entre fines de este año y comienzos del próximo, bastión fujimorista donde su respaldo se medirá con las inundaciones. Más al sur pesan las muertes de civiles durante las protestas contra Dina Boluarte, cuyo ascenso fue leído en la región andina como una maniobra del fujimorismo desde el Parlamento.

Ilo, la Andina y un gesto desde Caracas

Con ese mapa interno a cuestas, el discurso de investidura buscó afuera un margen de maniobra. Fujimori prometió priorizar la integración regional, impulsar la Alianza del Pacífico, reactivar la Comunidad Andina y ampliar la cooperación con Asia-Pacífico y Medio Oriente.

Las primeras respuestas llegaron el mismo martes. El Gobierno venezolano reafirmó su voluntad de fortalecer la cooperación y el diálogo con Perú, y en Lima la mandataria acordó con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, impulsar el puerto de Ilo sobre el Pacífico y reactivar la integración ferroviaria y caminera entre ambos países.

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Esa agenda de largo aliento exige una estabilidad que Perú no exhibe desde hace una década. Fujimori sucede a José Balcázar, en el cargo desde febrero, quien reemplazó a José Jerí tras cuatro meses y una semana de mandato. Ambos llegaron por sucesión constitucional como presidentes del Congreso.

Antes de ellos gobernó Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo, el último jefe de Estado electo en las urnas y destituido por un presunto intento de golpe. La décima gobernante en diez años asume por un quinquenio con un tercio del electorado detrás.

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