Familiares de las víctimas de los Gobiernos de Alberto Fujimori y Dina Boluarte, junto con diversas organizaciones sociales, políticas y culturales, realizaron una manifestación simbólica de lavado de banderas frente al Palacio de Justicia en Lima.

Esta práctica consiste en sumergir y restregar con agua y jabón el símbolo patrio en espacios públicos, una acción creada para representar de forma pedagógica la exigencia de transparencia y la limpieza de la corrupción, la impunidad y el abuso de poder institucional.

Esta jornada de protesta repudió la instalación del nuevo Ejecutivo encabezado por Keiko Fujimori, señalando que el retorno del fujimorismo evoca los crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de los años noventa.

La toma de posesión se desarrolló en medio de denuncias de fraude formuladas por el excandidato Roberto Sánchez tras un cuestionado proceso electoral resuelto por un estrecho margen de apenas 40.000 votos.

Pese al rechazo popular en las calles y la profunda desconfianza hacia la bancada fujimorista por la aprobación de leyes contrarias al interés de las mayorías, Fujimori asumió el cargo en el Congreso antes de recibir en el Palacio de Gobierno a las delegaciones internacionales.

En ese sentido el movimiento antifujimorista y agrupaciones de derechos humanos reafirmaron su rechazo activo ante la investidura presidencial de Keiko Fujimori de este 28 de julio, la cual se concreta tras una contienda electoral que reivindicó la gestión del expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción.

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Las organizaciones sociales consideran ilegítima la asunción y advierten sobre el riesgo de un período signado por el autoritarismo, la impunidad y el retroceso en la búsqueda de justicia para los crímenes de Estado.

En el marco de la toma de posesión, colectivos civiles y la asociación de víctimas de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 convocaron las movilizaciones en las calles para hacer frente a la instauración del nuevo Gobierno.

Representantes de los afectados señalaron la incoherencia de los llamados a la reconciliación del fujimorismo, al tiempo que denunciaron las iniciativas legislativas impulsadas para conceder amnistías a militares y policías implicados en graves violaciones a los derechos humanos.

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En paralelo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú emitió un pronunciamiento este 28 de julio en el que rechazó la llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia, señalando que su gestión no representa una nueva etapa política sino la consolidación de un proyecto autoritario que socava las instituciones, restringido el espacio cívico y promovido la impunidad en el país.

El organismo social enfatizó que la memoria histórica constituye un límite infranqueable ante el autoritarismo y que no se aceptará el olvido como sustituto de la verdad. El colectivo denunció la persistente criminalización de la protesta, el uso desproporcionado de la fuerza pública y el abandono estatal que vulnera a las poblaciones vulnerables, ejemplificado en las agresiones sexuales sufridas por cientos de niñas awajún.

Ante este panorama, la CNDDHH hizo un llamado urgente a la ciudadanía, organizaciones sociales y pueblos indígenas a mantener la unidad, la organización y la movilización en las calles para exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

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