El Gobierno del presidente Donald Trump fue criticado este lunes por defensores de los derechos de los votantes y opositores políticos después de que la administración pidiera a la Corte Suprema su aprobación para implementar restricciones al voto por correo con vistas a las elecciones de medio mandato en noviembre.

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La Administración solicitó el permiso del máximo tribunal, que había sido suspendido previamente debido a un fallo judicial, para imponer controles restrictivos sobre individuos que voten por correo en más de 20 estados.

“Llamemos a las cosas por su nombre: se trata de un ataque al derecho constitucional de los estadounidenses a votar”, manifestó Maura Healey, gobernadora de Massachusetts y parte de la demanda contra la orden ejecutiva, en un mensaje publicado en X.

Asimismo, la demócrata afirmó que el voto por correo es efectivo y que en su estado las elecciones son seguras y accesibles: “haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que sigan siéndolo”.

Por otra parte, la orden ejecutiva establece que el Servicio Postal solo reparta las boletas para el voto por correo a los votantes que se encuentren en la lista de electores elegibles creada por los estados, basándose en datos suministrados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En abril de este año, la Administración Trump emitió una orden que fue considerada inconstitucional y en la que se argumentaba que su verdadero objetivo era eliminar el voto. Poco después, casi dos docenas de estados y el Distrito de Columbia presentaron demandas contra ella.

De igual manera, Trump optó por apelar al Tribunal Supremo después de que un tribunal federal de apelaciones impidió partes fundamentales de la orden.

Por su parte, el senador demócrata Rubén Gallego, de Arizona, manifestó en un mensaje de X que el presidente se percató de que sus políticas estaban haciendo que perdiera votantes y, en vez de tratar de solucionar los problemas que les preocupan a estos últimos, “intenta manipular las elecciones”.

El legislador subrayó que cerca del 80 por ciento de los ciudadanos arizonenses votan por correo, un sistema que ha demostrado ser seguro y eficaz.

Los congresistas demócratas Suzan DelBene y Stephen Lynch, representantes por Washington y Massachusetts respectivamente, consideraron la orden emitida por Trump como «inconstitucional».

Beatriz López, portavoz de Voto Latino, afirmó que la puesta en marcha de la orden supondría un duro golpe para los votantes hispanos. “Aquí no se trata de la integridad electoral. Se trata de poder. Cada vez que el electorado latino ha crecido lo suficiente como para no poder ser ignorado, hemos sido testigos de intentos por dificultar el voto de nuestra comunidad”, enfatizó.

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