El Tribunal Constitucional de Perú (TC) declaró este jueves como inconstitucional la norma que criminalizaba el apoyo a las protestas sociales y su financiamiento y liberará de cargos a los ciudadanos investigados bajo el decreto, promulgado durante el gobierno de Dina Boluarte.

«La tipificación de conductas de colaboración (…) resulta inconstitucional por vulnerar el principio de legalidad y tipicidad, en la medida en que criminaliza actos preparatorios, de apoyo logístico o de solidaridad que forman parte del libre ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica», resalta la sentencia.

El organismo aclaró que el edurecimiento de penas para los delitos de disturbio y entorpecimiento de servicios públicos es constitucional, precisó que la protesta pacífica está plenamente protegida por la Constitución, pero las acciones que involucren violencia, destrucción de infraestructura o agresiones no forman parte de este derecho.

«El derecho a la protesta ampara únicamente las manifestaciones pacíficas y sin armas. Los actos que involucran violencia, destrucción de infraestructura pública o privada y la afectación grave de derechos de terceros no se encuentran protegidos por la Constitución», destacó el documento.

El Tribunal dejó sin efecto los articulos 283-A y 315-B del Código Penal,que establecían castigos por los «actos de colaboración» el aporte de dinero, víveres, movilidad o insumos para marchas.

La anulación de estos artículos beneficia a quienes fueron investigados en el pasado, dejando archivados y sin efecto los procesos o denuncias abiertas bajo esta norma.

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Colectivos sociales en Perú exigen la derogación del Decreto Legislativo 1589

Detenidos durante protestas contra Dina Boluarte

Tras el golpe parlamentario contra el expresidente Pedro Castillo, miles de peruanos se movilizaron en defensa de la democracia y contra la asunción de Dina Boluarte como mandataria de facto.

Organizaciones nacionales e internacionales documentaron el asesinato de civiles por las FF.AA. y la Policía durante esas protestas, en las que también se exigió la liberación de Castillo, la dimisión del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución, defensora de los derechos del pueblo y no de las élites beneficiadas por las 
 políticas neoliberales y el fujimorismo.

Al menos 49 asesinatos y multiples detenciones ocurrieron en medio de la represión a la ola de protestas en Perú, cuando ciudadanos exigían la detención y encarcelamiento de la exmandataria peruana Dina Boluarte.

#ANÁLISIS | El politólogo Rey Chávez aborda las protestas del 28 de enero en #Perú. Organizaciones sociales, sindicatos y pueblos indígenas exigen justicia y denuncian los crímenes del Gobierno de Dina Boluarte. pic.twitter.com/c2Jl6Papqg

— teleSUR TV (@teleSURtv) January 29, 2026

Derrogación del decreto 1589

El pasado 12 de febrero diversos colectivos sociales y defensores de derechos humanos cuestionaron la  constitucionalidad y exigen la derogación del Decreto  Legislativo 1589, calificándolo como una medida que criminaliza la protesta social en Perú.

La norma, promulgada en 2023 bajo la gestión de la presidenta Dina Boluarte, establece penas de hasta 15 años de cárcel para delitos vinculados a movilizaciones. 

Según los especialistas, esta normativa representaba un grave retroceso en el reconocimiento de libertades fundamentales como la expresión, la reunión pacífica y la opinión colectiva, contraviniendo marcos normativos internacionales.

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