La jueza federal de distrito Sharon Gleason rechazó este domingo una demanda del Departamento de Justicia (DOJ, inglés) de EE.UU. que pretendía separar papeletas electorales y retrasar la certificación de la elección al Senado en Alaska, donde la demócrata rival Mary Peltola lidera las encuestas frente al actual senador republicano Dan Sullivan.

En la decisión, otro revés para los repetidos intentos de Trump para interferir por vía judicial en las elecciones intermedias de 2026, la magistrada falló que el Gobierno federal no tiene legitimación para exigir esas acciones y señaló que la intervención solicitada por el DOJ vulneraría el derecho constitucional al voto secreto de los ciudadanos.

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«Estados Unidos no presenta ningún plan viable sobre cómo propone separar las papeletas emitidas a favor de Daniel J. Sullivan el día de las elecciones y luego llevar a cabo una ‘investigación’ no especificada, ordenada por un tribunal, de esas papeletas de una manera que preserve el secreto del voto», concluyó Gleason.

La jueza añadió que los tribunales no deben alterar las normativas electorales con tan poca antelación a la jornada de las votaciones.

La Administración impulsaba la demanda y dedicó varios fiscales a investigar si el equipo de Peltola ayudó a reclutar a un profesor jubilado, Daniel J. Sullivan Jr., para presentarse, generar confusión en las listas (por similitud en el nombre) y afectar al republicano titular, el senador Dan S. Sullivan.

Peltola y el comité de campaña demócrata han negado cualquier implicación por reclutar al segundo Sullivan. El profesor jubilado negó haberse coordinado con la campaña de la contendiente para presentar su propia candidatura.

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Un portavoz del Departamento de Justicia reaccionó este domingo al fallo de la jueza federal Gleason y declaró que el Gobierno de Trump apelará la decisión.

Es el más reciente traspié judicial para la Administración republicana, que acumula varios fallos adversos en sus intentos por intervenir también en el proceso electoral en California.

En el último de esos fallos, un tribunal federal de apelaciones rechazó el viernes la exigencia del Departamento de Justicia para que las autoridades electorales de California separaran las papeletas de 20.000 personas que, según el Gobierno, podrían no ser ciudadanas estadounidenses.

El DOJ también había enviado misivas a funcionarios electorales en los 50 estados de la Unión, amenazándoles con investigaciones y posibles penas de cárcel si no cumplían con las directrices federales relativas a la conservación de registros y boletas. La misiva estaba relacionada con las exigencias de la Administración a estados como California y Washington de apartar y dejar de procesar decenas de miles de boletas por correo, alegando que pertenecían a inmigrantes indocumentados o personas sin la ciudadanía legal para votar.

Esta semana, en respuesta esas presiones, la jueza federal Trina Thompson, del Distrito Norte de California, prohibió formalmente al DOJ amenazar o coaccionar a funcionarios electorales estatales y locales.

Thompson dijo que el Ejecutivo pretendía alterar un proceso en curso fundamentándose en acusaciones de fraude «masivo» que carecían de evidencia probada.

Señaló la ausencia de competencia federal, pues la gestión, conteo y certificación de los votos corresponden a las autoridades locales y estatales, y prohibió expresamente cualquier acción federal para intimidar o presionar a funcionarios electorales.

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