Un juez federal de distrito ordenó restituir de inmediato las credenciales de prensa a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, suspendiendo por 14 días el veto impuesto por el presidente Donald Trump. La resolución emitida por el magistrado Timothy Kelly determinó que la administración privó a los medios de sus pases permanentes sin previa notificación ni la oportunidad formal de presentar apelaciones.

La medida cautelar permitió el regreso de los corresponsales al complejo presidencial tras varios días de bloqueo operativo en los accesos oficiales. Pese a la orden judicial, el personal técnico enfrentó demoras iniciales por parte del Servicio Secreto, las cuales fueron justificadas posteriormente por el Departamento de Justicia debido al tiempo requerido para reactivar las acreditaciones deshabilitadas.

El fallo judicial coincidió con una jornada diplomática clave en Washington marcada por la recepción oficial del líder chino Xi Jinping. El juez Kelly desestimó los argumentos del Ejecutivo sobre supuestos riesgos a la seguridad nacional y señaló que las justificaciones gubernamentales surgieron a posteriori y se enfocaron en cuestionar la veracidad de la cobertura periodística.

La acción legal interpuesta de manera conjunta por los tres medios argumentó que hubo vulneración directa de las garantías del debido proceso y los derechos amparados por la Primera Enmienda. sus abogados defensores celebraron el dictamen al considerarlo una ratificación del Estado de derecho frente a los intentos administrativos de controlar la información pública sobre el ejercicio del poder.

LEA TAMBIÉN:

La Casa Blanca no tiene quien le escriba: medios defienden libertad de prensa tras veto de Trump

En respuesta al veto, las principales cadenas de televisión del país habían suspendido temporalmente las transmisiones rotativas conjuntas en solidaridad con la cadena afectada. Paralelamente, casi medio centenar de organizaciones de noticias presentaron escritos legales ante el tribunal para advertir que la exclusión de periodistas por su línea editorial constituye una discriminación inconstitucional.

La orden de restricción mantendrá su vigencia durante dos semanas mientras el tribunal analiza los alegatos definitivos de las partes. Este procedimiento judicial sentará un precedente sobre los límites del Ejecutivo para restringir el acceso a los recintos oficiales a las organizaciones de comunicación independientes.

EN ESTA NOTA: