El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el pasado viernes 25 de septiembre una Medida Provisional que prohíbe de forma inmediata el funcionamiento y la publicidad de las casas de apuestas en línea en todo el país.

En vísperas de la jornada electoral del 4 de octubre, el mandatario brasilero dio un golpe definitivo al capital especulativo financiero. Calificada por el Ejecutivo como «un cáncer que destruye la economía de las familias trabajadoras», la norma prioriza la salud pública y el resguardo de la renta popular por encima de los intereses de las corporaciones transnacionales del juego.

La norma establece un estricto calendario de cierre de plataformas y devolución obligatoria de fondos a los usuarios. El 5 de octubre a las 23:59 horas vence el plazo para el retiro voluntario de fondos por parte de los usuarios y para la remoción de piezas publicitarias o patrocinios.

El 6 de octubre se bloqueará total y se desconectarán los sitios web y aplicaciones de apuestas. Del 7 al 14 de octubre se llevará a cabo el proceso de devolución de saldos restantes, y a partir del 14 de octubre los recursos que no puedan ser devueltos directamente pasarán a la custodia de la Caixa Econômica Federal para su gestión.

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La dirigencia de la élite deportiva empresarial, encabezada por clubes como Flamengo, ha reaccionado en defensa de sus acuerdos comerciales con firmas de apuestas.

Ante la presión corporativa, el mandatario brasileño ratificó que el deporte popular no depende del capital financiero, reafirmando que la protección de la clase obrera ante el endeudamiento y la ludopatía es un deber irrenunciable del Estado.

La Medida Provisional prohíbe de forma inmediata la captura de nuevos depósitos en plataformas físicas y digitales, afectando tanto autorizaciones federales como estatales.

El Ejecutivo determinó que, al tratarse de un acto por razón de interés público, las empresas operadoras no recibirán compensación alguna por lucro cesante, inversiones o devolución de las 85 concesiones otorgadas, las cuales representaron R$ 2.550 millones recaudados en cánones.

Acompañando la Medida Provisional, el Gobierno enviará al Congreso Nacional un Proyecto de Ley para crear cinco delitos específicos vinculados a las apuestas con cuotas fijas.

Las penas van desde 4 a 6 años de prisión por explotación no autorizada de apuestas, y de 2 a 4 años de prisión más multa por promoción y captación de apostadores, uso no autorizado de datos personales para atracción de clientes, facilitación financiera o intermediación de pagos y suministro de aplicaciones de internet para apuestas.

El proyecto incluye agravantes cuando se empleen datos de menores, información de salud o historial de adicciones. La supervisión estará a cargo de un Comité Institucional coordinado por la Casa Civil, en conjunto con los Ministerios de Hacienda y Justicia, con facultades para ejecutar bloqueos de dominio, congelamiento de cuentas e interrupción de pasarelas de pago.

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